El sábado pasado, el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que quiere hacerse con el control de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán.
Dichos ingresos consisten en determinados impuestos (gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión) y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de 25% de los ingresos del ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont.
Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras.
De esta manera, el ejecutivo catalán perderá todo margen de maniobra financiera, dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos.
A mitad de septiembre, el gobierno español decidió cortocircuitar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas de organización del referendo ilegal del 1° de octubre, por ejemplo, la compra de urnas.
De manera ordinaria, el Estado español recauda la mayor parte de los impuestos (salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen autonomía fiscal), y luego reparte el dinero entre las distintas regiones. Éstas, a su vez, pagan las nóminas de los funcionarios, los servicios sociales y educativos, etc.
Desde el 15 de septiembre Madrid ya no deposita ese dinero en las cuentas de la Generalitat, sino que paga directamente las facturas de los servicios públicos esenciales de Cataluña (hospitales, escuelas, policía, etc).
El gobierno de Rajoy tomó esta medida drástica después de que los separatistas se negaran a someterse a un control semanal de sus cuentas, que se les había impuesto desde el mes de julio.
Justo después de aquella medida tomada el mes pasado, los bancos recibieron la orden de controlar estrictamente todos los movimientos de las cuentas y tarjetas bancarias del gobierno catalán.
A finales de septiembre incluso hubo dudas sobre el pago de las nóminas de 170.000 funcionarios del gobierno catalán, ya que la Generalitat se estaba negando a facilitar a Madrid los datos completos de sus empleados.
Finalmente se encontró un acuerdo in extremis y los salarios fueron pagados sin retraso.
Una vez aprobadas las medidas en el Senado, el gobierno central dispondrá de un acceso directo a los datos del personal de la administración catalana, incluyendo los días de baja, quiénes son interinos, las cuentas bancarias, etc.
En paralelo, el gobierno central dejará de abonar las nóminas de los dirigentes separatistas, en particular el presidente regional Carles Puigdemont y todo su gabinete, cuyo cese se ha pedido al Senado como parte de las medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución.
«Dejará de cobrar», resumió este lunes la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
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