El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la criptomoneda venezolana el petro y creó la Superintendencia de la Criptomoneda y el Observatorio Nacional de Blockchain. El gobierno dijo además que estará respaldado por 58.000 millones de dólares en reservas naturales.
Torino Capital resalta en su informe semanal que estas decisiones han llevado a los analistas a debatir si se trata simplemente de otra política inadecuada, un plan elaborado para restablecer la flexibilidad de la economía o simplemente una cortina de humo para desviar la atención de otros debates relevantes.
“No pareciera, sin embargo, que el gobierno quiere vender su actual producción de petróleo a través de este mecanismo, sino emitir una nueva moneda respaldada en el stock de las reservas petroleras del país, es decir, en el petróleo que aún no ha sido producido”, interpreta la firma.
La superintendencia estará dirigida por Carlos Vargas, actualmente delegado de la Asamblea Nacional Constituyente. En entrevistas ofrecidas a medios locales, explicó que quien adquiera la criptomoneda estará comprando una determinada cantidad de crudo. También dijo que el petro podrá ser adquirido en bolívares y en cualquier otra divisa, y que la ANC deberá aprobar una ley que autorice la creación de casas de cambio de monedas digitales, dado que otras criptomonedas, como el bitcoin y el onix, también serán legalizadas.
Torino recuerda que el uso del petróleo como soporte para la emisión de criptomonedas no es algo nuevo. Una compañía española, R Fintech PLC, creó el bilur, una criptomoneda respaldada en petróleo el cual equivale a una tonelada de petróleo (TEP), lo que se traduce en 6,4 barriles de petróleo. Su valor es determinado por el precio del crudo Brent del día, publicado por Standard and Poor’s Platts.
“Los bilurs son creados con esta fórmula cuando un contrato de compra de crudo es firmado por la compañía, lo que significa que no existe minería de datos, como en el tradicional mecanismo del bitcoin, para emitir la moneda. Sin embargo, sí usa la tecnología del blockchain”, detalla la firma.
También existen monedas respaldadas en oro, como OneGram.
El banco de inversión resalta que una moneda digital respaldada en un commodity obtiene su valor del derecho que le otorga a los compradores sobre el recurso que la respalda, similar a un título de propiedad.
“Cabe preguntarse si Venezuela efectivamente busca entregar títulos de propiedad de las reservas petroleras para obtener financiamiento. Si este fuese el caso, entonces la iniciativa implicaría la privatización de las reservas de oro del país. Esta decisión sería extremadamente controversial, y su legalidad y constitucionalidad sería severamente cuestionada”, detalla.
Destaca igualmente que tanto el presidente Maduro como el superintendente Vargas han señalado que el petro permitiría evadir los efectos de las sanciones financieras. Sin embargo, según el banco, es probable que la criptomoneda sea considerada como una emisión de un nuevo compromiso por parte del gobierno venezolano y que las instituciones y personas estadounidenses no puedan realizar transacciones a través de ella.
Incluso -señala- si estos problemas son resueltos, todavía queda pendiente el problema de la credibilidad. “Es probable que los actores económicos tengan, en el mejor de los casos, una confianza limitada en el compromiso del gobierno de honrar la garantía implícita en el respaldo petrolero de la moneda”.
Dado el pobre desempeño del gobierno en materia de provisión de data económica confiable, los potenciales tenedores de esta moneda probablemente sospecharán que sus posiciones serán rápidamente infladas por el gobierno con el paso del tiempo, señala el reporte.
No obstante, el banco indica que, si el gobierno efectivamente permite que los petros puedan ser cambiados por bolívares a una tasa determinada por el mercado, y también por dólares y otras monedas en plataformas de intercambio internacional, la criptomoneda podría abrir un espacio para la creación de un mercado cambiario legal, similar al llamado sistema permuta que funcionó entre 2003 y 2010.
“Es posible que, incluso si el petro es incapaz de funcionar como la fuente de financiamiento externo que el gobierno pretende, pueda todavía servir como un vehículo de intermediación para transacciones cambiarias domésticas, y, por lo tanto, de una vía para la legalización del mercado paralelo”, concluye.