Economía

Qué hay que cambiar para dolarizar la economía venezolana

El debate acerca de la dolarización de la economía venezolana ha sido estimulado recientemente por la propuesta del economista Francisco Rodríguez. El ahora flamante asesor del candidato presidencial Henry Falcón ha vuelto a colocar esta salida entre las opciones de política monetaria y cambiaria, como un dilema entre flexibilidad versus credibilidad.

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dolar lupa
Por Natan Lederman, Profesor de Economía Política en la UNIMET, consultor

La dolarización es presentada como alternativa para enfrentar la hiperinflación que avanza cada día. Este mecanismo -aplicado con éxito en otros países- supone un medio para eludir los efectos de la persistente devaluación, y como un recurso extremo para frenar la monetización del déficit fiscal.
Inclusive es postulado como solución para reducir la magnitud de este agujero entre los ingresos y gastos fiscales, y eventualmente mejorar el poder de compra del salario. Más aún, serviría para lograr un ajuste expansivo de la economía, sin incurrir en mayores sacrificios para la sufrida sociedad venezolana.
Todo esto se lograría mediante la adopción en Venezuela del dólar estadounidense como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor relativamente estable.
En el marco de esta importante y necesaria discusión se han mencionado las ventajas y desventajas de este régimen cambiario. También su oportunidad, considerando las características estructurales y coyunturales de la economía venezolana. Además se han comparado las circunstancias que motivaron a algunos países a favorecer esta modalidad en el pasado, así como su funcionalidad a lo largo del tiempo.
Sin embargo, esto no agota el repertorio de problemas que supone la adopción de un sistema semejante.
Cualquier intento por implementar oficialmente la dolarización en un país pasa por evaluar sus fundamentos institucionales, así como los aspectos operacionales que implica adoptar de manera unilateral del dólar como moneda oficial para sustituir la moneda local de uso corriente, y suavizar su ajuste como nuevo signo monetario.
Esta discusión ha ido perdiendo actualidad en América Latina, a medida que la inflación ha desaparecido como problema en la región (con la excepción de Venezuela y Argentina) por lo que no han surgido recientemente argumentos inéditos a favor o en contra que arrojen nueva luz en este debate entre académicos y expertos.
En la nación austral por cierto la experiencia con regímenes de conversión extrema dejó un amargo recuerdo.
En esta esquina…
Entre los argumentos contrarios se suelen señalar la pedida del señoreaje, la ausencia de un prestamista de última instancia, la restricción que significa poder asistir a los bancos con dificultades financieras y la limitación para hacer uso del tipo de cambio como mecanismo de absorción de los choques externos.
Como ventajas se citan la convergencia de la inflación doméstica con el promedio mundial y la eliminación del riesgo cambiario que contribuye a su vez la reducción de la tasa de interés y la inflación.
Este escenario estimula la inversión y porque en definitiva se acaba con el problema del llamado “pecado original”, que ocurre cuando un país está incapacitado para pedir prestado en su moneda local, debido a las dificultades para pagar, causadas a su vez por la depreciación de la moneda.
Este debate aparentemente inconcluso para algunos, se torna aún más complejo cuando se consideran las precondiciones que se requieren para asumir la dolarización como régimen monetario y cambiario. Entonces el sendero en este controversial asunto se bifurca de nuevo.
Camino empedrado
Son tres los principales tipos de arreglos institucionales a considerar en esta discusión: primero, es necesario contar con un sistema financiero robusto y de fuertes normas; con instituciones micro y macro prudenciales que permitan minimizar la probabilidad de una crisis bancaria y conjurar sus eventuales efectos sobre la economía real, en caso de que se produzca.
Esto es esencial porque en un régimen dolarizado no hay un prestamista de última instancia.
En segundo lugar es fundamental contar desde el inicio con unas finanzas públicas lo suficientemente robustas, capaces de asegurar su sostenibilidad en el tiempo y de transmitir de esta manera las señales correctas a los agentes económicos.
En tercer término es necesario contar con un mercado de trabajo lo suficientemente flexible, para facilitar los ajustes macroeconómicos frente a eventuales choques externos.
Las reformas institucionales necesarias para asegurar cada uno de estos aspectos requieren de un fuerte respaldo político.
Se necesita apoyo legislativo para modificar la ley del Banco Central, del conjunto del sistema financiero y en general del sistema de pagos del país. También es vital ese respaldo para una eventual reforma constitucional, lo que torna aún más complicado el asunto.
Si bien es cierto que el mantenimiento de un banco central no es esencial en una economía dolarizada, en algunos casos esta institución pasa a desempeñar el rol principal de ente supervisor y regulador del sistema financiero, ocupándose de la materia prudencial, además de manejar las reservas internacionales del país, la provisión y centralización de los sistemas de pago, compensación y liquidación, entre otras materias.
Cómo se opera
Entre los aspectos operacionales, la dolarización requiere en primer término de una clara definición de la tasa a la cual se aspira convertir la moneda local a la nueva moneda de curso legal.
Una manera de hacerlo consiste en establecer una relación directa entre el total de pasivos del Banco Central y las reservas internacionales del país. Se trata de un proceso no exento de posibles errores, o en donde las condiciones particulares del país imponen algunas restricciones. Por ese no se asegura que la convergencia de la inflación del país al promedio mundial se alcance de manera relativamente rápida.
Un ejemplo recurrente es el de Ecuador, que demoró casi cuatro años para alcanzar este objetivo.
Las autoridades ecuatorianas para establecieron una relación de conversión de 25.000 sucres por dólar. Para fijar esa tasa se consideró el tipo de cambio real sostenible en aquel momento, dadas las restricciones económicas, políticas y sociales que enfrentaba el país.
Se asumió entonces que en el largo plazo, de manera endógena y con variables políticas, se lograría converger a un tipo de cambio real de equilibrio.
Esto indica que el problema subyacente de productividad y competitividad de la economía sigue siendo preminente, no importa si se trata de un régimen de flotación o dolarizado.
También deja abierta la discusión acerca de si la reducción de la inflación durante los años inmediatos a la dolarización se hubiera podido alcanzar de igual forma con una política monetaria y un régimen cambiario alternativo.
El segundo aspecto operacional de importancia se refiere a la conversión de las tasas de interés.
En una economía dolarizada cabría esperar que las tasas de interés tiendan a bajar rápidamente hasta el nivel de convergencia de las tasas de interés internacionales. Pero esto no siempre ha ocurrido.
Puede pasar que las tasas de interés continúen reflejando el riesgo país, o que sencillamente la ausencia de un prestamista de última instancia provoque que la banca incremente su rendimiento, como resultado de un elevado riesgo de liquidez y de moratoria o no pago.
En este contexto se ve racionada la oferta de crédito al sector privado, lo que limita los incentivos para la inversión productiva.
En estos casos, se hace necesaria la intervención del gobierno para evitar la “asimetría de poder” en la negociación entre las partes. El Estado introduce la llamada “regla de desagio”, mediante la cual se prohíbe la indización unilateral de la deuda por medio del pago de intereses.
En general, no existe una norma estándar para resolver este tipo de situaciones. Ese es uno de los retos de la dolarización, ya que definir la tasa de interés de referencia se vuelve un asunto crítico para el funcionamiento del sistema financiero y de la economía en su conjunto.
Por último, la dolarización no necesariamente supone la desaparición de las medidas regulatorias sobre las tasas de interés, tal como ocurre hoy día en el Ecuador. Allí el Banco Central establece topes a las tasas de interés para el crédito para algunos tipos y segmentos del mercado. Algo similar ocurre respecto al empleo del encaje bancario como recurso para determinar los excedentes de liquidez y a la vez como respaldo al sistema de pagos del país.
En las economías dolarizadas, en ausencia de un prestamista de última instancia, resulta indispensable contar con un mecanismo de liquidez prudencial. Este instrumento permite enfrentar problemas puntuales de solvencia en la banca, o eventuales crisis del sistema financiero, mediante el uso de excedentes de las reservas internacionales.
Esto se logra, por ejemplo, mediante la creación de algún fondo de contingencia con recursos procedentes de préstamos internacionales.
Finalmente, hay que consideraciones reformas complementarias indispensables para fortalecer la sostenibilidad y credibilidad del proceso de dolarización.
El paso a una economía plenamente dolarizada, de manera oficial y unilateral, involucra una combinación de reformas estructurales fundamentales, sin las cuales el proceso resultaría incompleto.
Esto nos lleva a la discusión acerca de la secuencia de las reformas y si algunas de estas deberían preceder a la propia dolarización, también a considerar las restricciones que pudieran frenar el proceso y limitar su éxito.
En el Fisco
En el ámbito fiscal, como no existe un banco central capaz de suministrar crédito al gobierno, es necesario fortalecer una base impositiva lo suficientemente sólida, que asegure una fuente estable de financiamiento del gasto público y que además ayude a mantener a raya el déficit fiscal.
Igualmente, como en el caso de Venezuela los ingresos del gobierno dependen básicamente de la exportación de un commoditie (producto básico cuyo precio fluctúa), es más necesario que nunca contar con un fondo de estabilización apropiado, que actúe como mecanismo amortiguador, contra-cíclico.
También se requiere de un manejo prudente del endeudamiento público, reducirlo a niveles sostenibles, para preservar el acceso del país a los mercados de capitales. Esto es de primera importancia en una economía dolarizada.
El segundo bloque de reformas corresponde al sistema financiero.
Como se señaló anteriormente, a falta de un prestamista de última instancia que asegure la salud y estabilidad del sistema, se hace necesario fortalecer a la banca frente a los riesgos de crédito, de mercado y operacionales. Por esto es necesario –entre otras transformaciones- modificar los requisitos mínimos de capital, fortalecer la supervisión bancaria, incorporar mecanismos de aseguramiento de depósitos, e inclusive considerar la eventualidad de abrirse a la banca internacional.
Un tercer grupo de reformas institucionales tiene que ver con el comercio internacional, la inversión extranjera y los controles de capital.
Una economía dolarizada pasa a depender inevitablemente de los flujos de sus exportaciones de bienes y servicios y de capital, por lo que es fundamental estimular la inversión extranjera directa y la estabilización de los flujos de capitales.
Por otra parte, a corto plazo, la reducción de las tarifas puede contribuir a favorecer la convergencia con la inflación internacional.
Una economía más abierta e integrada posibilita estimular el crecimiento, a través de la diversificación de las exportaciones. Esto reduce la vulnerabilidad propia de los volátiles precios de sus productos tradicionales de exportación, como el petróleo, en el caso de Venezuela.
La cuarta categoría de reformas corresponde al mercado de trabajo.
En una economía dolarizada, la ausencia de amortiguadores ante choques externos hace que la economía se ajuste de manera inevitable, a través del nivel de actividad. Por eso se torna necesario flexibilizar el funcionamiento del mercado laboral, evitando las cláusulas de indización en los contratos laborales y facilitando la movilidad laboral.
Muchos estudios indican que la eliminación de las rigideces nominales, así como la disminución de los costos de los despidos, no son una garantía en sí misma de que la flexibilización del mercado de trabajo se traduzca forzosamente en ganancias de productividad y de competitividad internacional.
Por lo tanto, es necesario complementar estas reformas con acciones que permitan vincular de manera estrecha y balanceada las políticas de desarrollo productivo, salariales, de formación de recursos humanos y de inversión en innovación y en capital por trabajador. Todo esto con el fin de crear empleos de calidad y convertir este esfuerzo en un pilar de la productividad, del desarrollo productivo y el talento humano, contribuyendo al crecimiento inclusivo y sostenible.
Es cierto que la dolarización a una tasa que permita mantener el bolívar más cercano a un tipo de cambio real de equilibrio debería contribuir a mejorar el poder adquisitivo del salario y por lo tanto tendría un efecto expansivo en la economía, como resultado de un aumento del consumo interno.
Sin embargo, queda claro que este resultado luce insuficiente si no viene acompañado de las reformas mencionadas. Igualmente, mientras persistan los altos niveles de informalidad y desempleo en la economía venezolana, tan solo un porcentaje reducido de la fuerza de trabajo terminaría beneficiándose de un incremento del poder adquisitivo del salario que esté asociado a la dolarización de la economía.
En definitiva, cualquiera sea la política monetaria y el régimen cambiario que se adopte en una economía, no hay manera de que se logren sus propósitos sin otorgar y asegurarle a las instituciones la primacía que les corresponde y les sirve de sustento.
Es que la calidad de las instituciones afecta la credibilidad en la política económica. Si bien es cierto que las instituciones débiles son una falla de gobierno, esto no significa que la dolarización sea su sustituto perfecto.
El argumento esencial para adoptar la dolarización radica en la debilidad de las instituciones, pero no hay manera de que el nuevo régimen funcione sin los arreglos institucionales correspondientes.
En consecuencia, si el problema esencial es institucional, y si en definitiva ninguna política económica opera en un vacío institucional, es necesario comenzar por valorizar el rol de las instituciones, como elemento clave para la selección de la política monetaria y el régimen cambiario que resulte más favorable a los intereses de la inmensa mayoría de los venezolanos en las actuales circunstancias.]]>

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