Pavorosa deuda externa de Venezuela cae en manos de Guaidó y FMI

La oficina del Procurador Especial de la República, bajo responsabilidad del abogado José Ignácio Hernández , difundió los lineamientos en un documento a través de la página oficial de la Asamblea Nacional (Parlamento) en Internet.

Hernández es el único representante legal del Estado venezolano reconocido por el gobierno y el sistema judicial de Estados Unidos y de otros países aliados.

Tiene la responsabilidad de buscar salidas legales a la deuda pública externa de Venezuela, acaso hoy  por hoy el mayor problema de esta arruinada economía que encadena cinco años seguidos en profunda depresión económica.

Bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro, sancionado por EEUU y Europa por sus atentados a la democracia y a los derechos humanos, el país tiene cerradas todas las fuentes financieras internacionales, al tiempo que enfrenta una drástica caída del ingreso petrolero por la quiebra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuya producción  se ha desplomado más de dos tercios en menos de cinco años, hasta 741.000 bpd en mayo, según cifras de la Opep .

Los compromisos consolidados de deuda pública de Venezuela llegan a 153.500 millones de dólares, según los datos que maneja la Oficina del Procurador Hernández, y estimados a 2018.

La cifra incluye 44.700 millones de dólares del gobierno central, $55.500 millones de Pdvsa en bonos de deuda y créditos bilaterales, multilaterales y comerciales; también $10.600 millones por las expropiaciones y confiscaciones de empresas  y $23.600 millones de deuda comercial con empresas privadas.

El saldo consolidado -que no está en el documento hecho público- difiere levemente de otras fuentes consultadas por El Estímulo.

“El presente memorando describe las políticas que guiarán al Gobierno Interino y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el Presidente Juan Guaidó (en adelante las “Autoridades”) ante la inminente renegociación de las reclamaciones privadas denominadas en moneda extranjera en contra de la República y del sector público venezolano”, dice por su parte el documento.

Los lineamientos fueron preparados por una comisión designada por Hernández e integrada por  los reconocidos economistas Ricardo Hausmann y Alejandro Grisanti y con la asesoría del experto estadounidense Lee Buchheit,  asesor estratégico de las Autoridades en materia de deuda pública.

“La renegociación de esta deuda pública externa no podrá comenzar hasta tanto cese la usurpación del régimen de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas en contra de ese régimen por los Estados Unidos de Norteamérica y otros estados se hayan levantado”, aclaran.

“En consecuencia, una vez tales acontecimientos hayan ocurrido, la política de las Autoridades será proceder de una manera ordenada y consensuada a la renegociación de las reclamaciones privadas heredadas tan pronto sea posible, de acuerdo con la Ley especial que será dictada por la Asamblea Nacional”, agrega.

Desde hace algunos meses en los círculos financieros internacionales se sabía que muchos grupos de acreedores, incluyendo compradores de bonos hoy en mora, emitidos por Venezuela y por Pdvsa, estaban asesorándose con especialistas para emprender acciones legales contra el estado Venezolano.

Esas acciones pueden eventualmente  incluir confiscaciones de activos venezolanos en el extranjero, como garantía de pagos pendientes.

“Solo con los bonistas existen atrasos por 12.000 millones de dólares”, dijo una fuente de alto nivel vinculada con el caso.

“Todos los bonos, menos el PDVSA 2020 están en default” (impago), agregó.

Pero hasta ahora los acreedores se han abstenido de demandar al Estado venezolano para reclamar esos pagos de capital e intereses.

En bonos de deuda el gobierno central debe 36.100 millones de dólares y Pdvsa otros $34.600 millones.

Los números que manejan los negociadores provienen de Banco Central de Venezuela, Pdvsa, Ministerio de Finanzas y de la firma privada venezolana Ecoanalítica.

Uno de los principales temores de especialistas  ha sido el que algunos tenedores –especialmente los fondos buitre- rechazaran acuerdos de renegociación de deuda que implicaran una quita (reducción) de los montos de capital, al estilo de lo que hizo Argentina.

Un rechazo como ése implicaría demandas y riesgos de confiscación de activos del país.

“No hay ningún  incentivo para demandar”, señala una fuente.

“Con las sanciones no van a poder ejecutar activos, no pueden negociar con Maduro, tiene altos costos procesales…y además les estamos diciendo que  no van a recibir un porcentaje mayor por haber demandado”, agregó.

“Las  Autoridades anticipan que la renegociación de las reclamaciones en contra del Estado venezolano será integral, incluyendo todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera promovidas en contra del sector público venezolano”, dice el documento.

Destaca que un número significativo de reclamaciones pendientes en contra del sector público venezolano no provienen de instrumentos de deuda que sirven de prueba de las obligaciones contraídas.

Es el caso por ejemplo de reclamos  de facturas impagas a suplidores de Pdvsa y otras empresas del Estado y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro.

“Las Autoridades desean aprovechar esta oportunidad para resolver el mayor número posible de reclamaciones privadas pendientes en contra del sector público venezolano”.

Para conciliar todas estas cuentas y sus verdaderos valores, las  Autoridades proponen designar un agente de reconciliación de deudas para recopilar una lista completa e inventariar las reclamaciones pendientes heredadas, así como determinar los montos a ser renegociados.

Estiman que en muchos casos el proceso de reconciliación de esta deuda será directo y sencillo, como en el caso de los bonos o préstamos, cuyo monto final corresponderá al capital impago más los intereses acumulados, de acuerdo a los contratos de emisión.

Pero, se prevé que algunas reclamaciones denominadas en moneda extranjera requerirán una investigación más detallada.

Tal es el caso de reclamaciones cuyos valores nominales fueron inflados con la expectativa de un gran descuento en el mercado de reventa de papeles por parte del tenedor; deuda con montos significativos de descuento, reclamaciones cuyos montos requerirán discusiones entre las Autoridades y el reclamante (como las reclamaciones sometidas a arbitrajes pendientes de fallo.

En cortes internacionales y en el tribunal  de arbitraje del Banco Mundial hay varios procesos  en contra de Venezuela por confiscación de activos ordenadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Las Autoridades se reservan el derecho de ejercer todas las acciones y potenciales defensas legales en relación con cualquier reclamación dudosa”, advierte.

“Una vez que el monto de una reclamación haya sido reconciliado y aceptado para ser renegociado, dicha reclamación será elegible en los mismos términos que todas las demás reclamaciones privadas reconciliadas para poder participar en la renegociación”.

“No se dará un trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen (por ejemplo, si la misma se origina en un instrumento de deuda, una factura impaga, una expropiación, etc.), a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público (la República, PDVSA o cualquier otro ente del sector público)”.

“Se podrá otorgar un tratamiento diferenciado en la reestructuración a aquellas reclamaciones que mantienen preferencia legítima por tener una garantía sobre una propiedad del Estado venezolano o sobre una entidad del sector público”.

Eso fue lo que se hizo con el bono 2020, que fue reconocido y pagado por el Parlamento y Guaidó porque no hacerlo implicaba la pérdida de Citgo, la filial de Pdvsa empeñada por Maduro como garantía de este bono.

El documento advierte que “una vez producida la transición”, las Autoridades se proponen solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales para  atender la grave crisis humanitaria en Venezuela, así como para desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país.

“Las Autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo”.

Ese programa debe incluir una proyección sobre los fondos que serán requeridos para pagar el servicio de esa deuda en años venideros.

“La discusión detallada sobre los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones denominadas en moneda extranjera deberá esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país”, aclara.

Las Autoridades del interinato de Guiadó  comenzarán discusiones con los representantes de varios grupos de reclamantes sobre los términos financieros para una renegociación de sus reclamaciones, como a la naturaleza de los nuevos instrumentos de deuda que serán emitidos.

(Esto significa que se prevé la emisión de deuda nueva, con respaldo multilateral, para pagar deuda vieja, vencida).

“Será política de las Autoridades garantizar que los acuerdos sobre la conciliación, tanto de las reclamaciones heredadas de la deuda comercial y financiera como de las deudas bilaterales, sean coherentes con el programa de recuperación económico que apoya el FMI y los otros promotores del sector oficial”.

En mayo pasado un documento de análisis y propuestas, de los autores Richard J. Cooper, del bufete newyorkino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, y de Mark A. Walker, de Guggenheim Securities, LLC concluía que el proceso de renegociación y reestructuración de la deuda venezolana va a ser extremadamente complejo y que prácticamente la totalidad de $155.000 millones está en default.

Los expertos recomiendan además que el gobierno de Guaidó y la Asamblea apelen al capítulo 15 de  la Ley de Bancarrota de Estados Unidos para renegociar las deudas de Pdvsa, lo cual “proporciona un elegante y valioso marco para la resolución de los pasivos externos” de la endeudada petrolera.

Esto significa que bajo esa ley, los activos de Pdvsa pueden ser protegidos y amparados en caso de demandas de embargo, lo cual “será un factor crítico para disuadir a los acreedores de la República de tratar de resistir y obtener un trato preferencial para sí mismos”, durante las negociaciones.

Para la reestructuración se la deuda de la República recomiendan el diseño  de una combinación  de las técnicas -consentimientos de salida, opciones de estructuración e incentivos positivos y negativos.

La monumental deuda externa venezolana, en defalult  supone un desafía también para los mercados financieros internacionales, por el alto grado de exposición de fondos y bancos estadounidenses a estos papeles, según analistas.