Maduro entrega negocio petrolero a español imputado por blanqueo de capitales

Hace apenas un mes, y en plena crisis venezolana, el presidente Nicolás Maduro accedió a la petición hecha por el empresario español y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para constituir una sociedad mixta que explote parte de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Así consta en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fechada el pasado 10 de julio, a la que tuvo acceso el diario español. En ella, el Máximo Tribunal declara «procedente la autorización y aprobación» de la empresa Petrosur, conformada entre una filial de Pdvsa y una sociedad que responde al nombre de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, cuyo representante es José Ramón Blanco Balín.
El TSJ autorizó la creación de esta nueva sociedad para la «producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado en el área denominada Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chavez Frías».
Según consta en la sentencia, Petrosur tendrá como accionistas a la sociedad que representa el empresario español y a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Pdvsa. El cometido del consorcio será la explotación de un bloque de uno de los yacimientos petrolíferos más extensos del mundo.
En la citada sentencia, el Máximo Tribunal señala a Blanco Balín como la persona que consigna la petición al gobierno de Maduro en representación de la empresa extranjera, refiriéndose a él como «el consejero delegado ciudadano José Ramón Blanco de Inversiones Petroleras Iberoamericanas», sin anteponer la expresión «Stichting Administratiekantoor», que es la empresa que presentó la petición junto con Pdvsa el pasado mes de marzo.
Según el Registro Mercantil español, el imputado en el caso Gürtel por un presunto delito de blanqueo de capitales y considerado el gestor del dinero de Francisco Correa, es socio de una empresa española bautizada con el nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, junto al que fuera presidente de Repsol en la época en que Blanco fue número dos de esta compañía y hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina.
El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción de España y denunciada por la Fiscalía de ese país en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
Varios miembros de la familia Cortina tienen negocios con ciudadanos venezolanos afincados en España. Es el caso de Alberto con Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, apodo con el que se conoce a los miembros de un grupo de jóvenes empresarios venezolanos que hizo fortuna en el país bolivariano entre los años 2009 y 2011.
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