«Este gobierno debe ahora proceder a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la viabilidad de nuestros activos, incluso si reconocemos valor y apreciamos el apoyo brindado a este país por la República Bolivariana de Venezuela», señaló este jueves Andrew Wheatley, ministro de Ciencia, Tecnología y Energía de Jamaica.
La preocupación de las autoridades de Jamaica está relacionada con la orden ejecutiva firmada por Trump en agosto pasado que impone sanciones económicas y financieras a Caracas que prohíben las negociaciones en deuda nueva y capital del gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal Pdvsa.
La orden ejecutiva firmada por Trump supone un golpe directo de EEUU al sistema financiero venezolano, después de haber aprobado medidas contra dirigentes chavistas en respuesta a la crisis que se vive en el país desde hace meses.
El Gobierno venezolano respondió diciendo que los más afectados por la medida son los inversionistas estadounidenses que tienen bonos de la deuda pública venezolana, ya que más del 62% de los tenedores de bonos son del país norteamericano.
Petrojam es una filial de Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ), compañía estatal que tiene el derecho exclusivo de explorar en busca de petróleo, desarrollar los recursos de Jamaica y a desarrollar todas las etapas de la industria petrolera nacional.
El gobierno de Jamaica tiene una participación mayoritaria en Petrojam de 51% de las acciones de la empresa estatal, que Kingston ve puede verse afectada por la orden ejecutiva 13.808firmada por el presidente de los Estados Unidos.
La orden ejecutiva prohíbe a ciudadanos estadounidenses y sus empresas a involucrarse en transacciones que involucren negociaciones en deuda nueva y capital del Gobierno venezolano y su compañía Pdvsa.
En una declaración ante la Cámara de Diputados, Wheatley dijo a sus colegas parlamentarios que el sector bancario de Jamaica «adoptó una interpretación extremadamente conservadora de las disposiciones de la orden ejecutiva» de Trump.
Dos semanas después de que Trump emitiera la orden ejecutiva, Petrojam comenzó a recibir consultas sobre su relación con Pdvsa, particularmente en relación con la política de dividendos, la estructura de gobierno y las autoridades de control de la compañía.
El titular de la cartera divulgó que desde que se emitió la orden ejecutiva, los pagos a y desde Petrojam se vieron afectados por retrasos desmesurados en el tiempo.
El ministro de Energía dijo que las demoras en los pagos han causado un cierto malestar en Petrojam y sus proveedores.
Jamaica y Venezuela firmaron acuerdos en 2006 y 2017 para la modernización de la refinería de Petrojam.
Wheatley dijo que el ministro de Asuntos Exteriores de Jamaica se reunió con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos en septiembre para solicitar su intervención en el asunto con el objetivo de que Petrojam no saliera perjudicada por las diferencias entre Washington y Caracas.
Señaló también sobre la cuestión de los suministros de petróleo que Jamaica obtiene de Venezuela que desde hace más de un año solo se han recibido cantidades mínimas de crudo del país sudamericano en virtud del acuerdo PetroCaribe.
La orden ejecutiva afecta a las negociaciones hechas en EEUU o por ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
Prohíbe las negociaciones de nueva deuda de PDVSA con un vencimiento mayor a 90 días y la deuda nueva del Gobierno de Venezuela con un vencimiento mayor a 30 días, o nuevo capital.