Durante más de un año, un bufete estadounidense contratado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) ocultó el desembolso de más de $22,8 millones, provenientes de la liquidación de Lehman Brothers, que debían ser transferidos a la institución venezolana.
La olla se destapó cuando cambiaron de abogados. En febrero de 2016, tras haber contratado a la firma Homer Boner Jacobs, basada en Miami, Fogade se percató de que sus anteriores asesores legales, el bufete Díaz, Reus y Targ, habían pretendido estafar a la institución venezolana por más de $22,8 millones.
La historia se detalla en el texto de una demanda a la que tuvo acceso El Estímulo, introducida por Fogade en la Corte de Distrito de Florida en contra de Díaz, Reus y Targ a principios de abril de 2016, debido a que la firma todavía retiene casi $7 millones alegando que este monto corresponde a la tarifa por sus servicios.
El bufete había representado al organismo en múltiples asuntos en el exterior. Entre ellos, actuar como agente de recepción en nombre de Fogade de los fondos provenientes de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo.
La cantidad en cuestión era de $22.849.868,48, más tres títulos valores, que estaban depositados en la entidad financiera estadounidense y que pertenecían al Banco Canarias y su filial Credican. A principios de noviembre de 2009, tras la quiebra de Lehman Brothers, la empresa demandó la recuperación de los fondos, petición que fue aprobada en marzo de 2010 por los administradores.
No obstante, para ese entonces, Banco Canarias ya había sido intervenido por el gobierno debido al incumplimiento de una serie de normativas. Fogade, como administrador de la entidad, debía encargarse de rescatar estos activos.
Es entonces cuando entra en juego Díaz, Reus y Targ. En marzo de 2014, la firma introdujo una notificación de comparecencia en nombre de Banco Canarias, Credican y Fogade, y en octubre de ese año fue designada como receptora de los fondos, que debían ser depositados en un fideicomiso a nombre del organismo venezolano.
Un mes después, el dinero empezó a llegar. Según el documento de la demanda, se hicieron tres transferencias: la primera, en noviembre de 2014, por $15,2 millones; la segunda, el 2 de abril de 2015, por $1,1 millones; y la tercera y última por $6,4 millones, en octubre de 2015. También fueron transferidos 3 títulos de deuda, dos de Lehman Brothers y uno de Pdvsa con vencimiento en 2017.
Fogade alega que Díaz, Reus y Targ nunca informó sobre la recepción de los fondos.
No fue sino hasta febrero de este año cuando, bajo la nueva asesoría legal de Homer Boner Jacobs, Fogade pidió a Díaz, Reus y Targ suspender cualquier actividad relacionada con casos de bancarrota en nombre de la institución, entregar registros de todos los fondos recibidos por concepto de la quiebra de Lehman Brothers y suministrar copias de los archivos y comunicaciones relacionadas con la representación de Fogade en estos casos.
Poco después, reclamó la transferencia de los fondos depositados a sus nuevos abogados.
Entonces, inició la disputa.
– La demanda –
Tras un mes de exigencias, Fogade logró hacer contacto con el director socio de la firma, Michael Díaz. El documento obtenido por El Estímulo detalla que Díaz informó que los fondos recibidos a nombre de Fogade estaban resguardados en un fideicomiso dispuesto para ello.
Además, alegó que su firma retendría 30% de los fondos (casi $7 millones) por concepto de tarifas.
“La información y documentación provista por el abogado de Díaz, Reus y Targ en la misma fecha, sin embargo, contradicen los argumentos del Sr. Díaz”, asevera el texto.
Explica que, primero, los ingresos obtenidos por la quiebra de Lehman Brothers no estaban depositados en una cuenta separada sino en el fideicomiso general de la firma, mezclado con los fondos de otros clientes. Segundo, el saldo de la cuenta para el momento en que los registros fueron suministrados era aproximadamente $400.000 inferior al monto total que debió recibir la firma en nombre de Fogade, lo cual, para los abogados, evidencia que estos recursos fueron utilizados por Díaz, Reus y Targ.
Para justificar el cobro de 30% de la compensación pagada por Lehman Brothers, la firma entregó una carta con fecha del 3 de febrero de 2014, presuntamente firmada por el asesor jurídico de Fogade, Héctor Villalobos Espina, autorizando la operación.
Según la demanda, la carta es inválida porque Villalobos Espina “carecía de autoridad para designar abogados o negociar tarifas legales en nombre de Fogade”.
El Estímulo trató de contactar a Villalobos por distintos medios para obtener su versión de los hechos, pero no fue posible. En la sede de Fogade, ubicada en el centro de Caracas, los empleados informan que no trabaja allí desde hace tres años.
“Independientemente, una tarifa aproximada de $6,9 millones por el trabajo de Díaz, Reus y Targ en el caso –la redacción de una única moción de sustitución de asesoría legal con la corte de bancarrota y un informe de réplica de cinco páginas- es irracional y excesiva”, indica la demanda.
En marzo, Díaz, Reus y Targ transfirió aproximadamente $15,9 millones a los nuevos abogados, 70% del monto ingresado por la quiebra de Lehman Brothers. No obstante, continuó reteniendo el 30% restante. Fogade pidió que esta cantidad fuera depositada en un fideicomiso hasta que solucionara la disputa de la tarifa, pero, hasta la fecha en la que fue introducida la demanda, eso no había ocurrido.
Díaz, Reus y Targ tampoco había suministrado evidencia que demostrara que había notificado a Fogade sobre la recepción de los fondos, ni había entregado la contabilidad total del dinero recibido en nombre de la institución por casos de bancarrota.
En consecuencia, el organismo venezolano acusa al bufete de los cargos de incumplimiento de deber fiduciario, conversión ilegal de propiedad y enriquecimiento ilícito.
– Irregularidades y prontuario –
Los nuevos abogados de Fogade no son los únicos que observan las irregularidades en la contraprestación pretendida por Díaz, Reus y Targ.
Una fuente judicial en Miami, con conocimiento del caso, explicó a El Estímulo que las tarifas por contingencia, como la que el bufete intenta cobrar a Fogade, se acuerdan previo a la resolución del caso. Pero cuando Díaz, Reus y Targ fue contratado para representar al organismo en el caso de Lehman Brothers ya la compensación había sido aceptada y fijada por la corte de bancarrota y los administradores de la entidad.
Incluso así, en este tipo de casos, la tarifa rara vez supera los cientos de miles de dólares, añadió.
El Estímulo también tuvo acceso a otras dos demandas en las que Díaz, Reus y Targ resultan involucrados en operaciones engañosas.
Una filial del bufete, DTR Global, LLC, fue presuntamente utilizada para transferir la propiedad de un inmueble en Florida que fue adquirido de forma fraudulenta, indica una de las demandas introducida en mayo en una corte de Miami.
La segunda data de 2013. El demandante, Canon Latinoamerica, acusó a la firma de negligencia y mala praxis, reclamando resarcir un monto de $3 millones en daños.
Para los consumidores de energía, la situación sería más cómoda en 2022 respecto a este 2021 de fuertes alzas cuando el mercado estuvo bajo presión una producción aún limitada frente a las necesidades de la recuperación económica mundial. En próximos meses países de la OPEP y fuera de ella van aumentar su producción con fuerza.
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Rusia, líder de los aliados, intentará acelerar el ritmo de producción, como lo viene haciendo desde principios de año. Pero se enfrentará a Arabia Saudita, un peso pesado de la OPEP, partidario de la cautela que apoyará su posición en el resurgimiento de los contagios por covid-19 en Asia. Ambas potencias petroleras tiene capacidad para producir niveles similares de petróleo, en torno a 10 millones de barriles por día.
