El Instituto Nacional de Tierras (INTI) , conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), realizó el domingo 21 de mayo una visita sorpresa a siete unidades productivas, ubicadas en la zona sur y norte de la entidad tachirense. La inspección se llevó a cabo luego del anuncio del gobernador del Táchira de expropiar tierras y maquinarias a ganaderos que se hayan sumado a la protesta nacional.
Al menos cinco ganaderos de la zona de La Tendida, fueron señalados por el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, de estar colaborando con el cierre de vías y hechos de violencia. La expropiación de sus tierras y el decomiso de maquinarias y equipos serán parte de las consecuencias que pagarán quienes se prestan a apoyar “bandas de terroristas”, dijo el mandatario regional.
El gobierno negó este lunes que haya expropiado la planta de ensamblaje de General Motors Venezolana en el estado Caracabobo, explicando que lo ocurrido es el dictamen del juicio por un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios, por lo que llamó a los propietarios a “dar la cara”.
El gobierno negó este lunes que haya expropiado la planta de ensamblaje de General Motors Venezolana en el estado Carabobo, explicando que lo ocurrido es el dictamen del juicio por un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios, por lo que llamó a los propietarios a "dar la cara".
Una larga lista de manejos irregulares crece desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de Abastos Bicentenario el 17 de febrero de 2016. Despidos masivos, incumplimiento de la contratación colectiva, corrupción y amedrentamiento al personal son solo algunos de los episodios denunciados por los trabajadores.
La minera canadiense Crystallex solicitó este lunes una medida cautelar a un tribunal estadounidense contra Pdvsa, a la que acusó de transferir ilegalmente activos desde una filial estadounidense para evitar pagar una compensación en una disputa, según Reuters.
Una larga lista de manejos irregulares crece desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de Abastos Bicentenario el 17 de febrero de 2016. Despidos masivos, incumplimiento de la contratación colectiva, corrupción y amedrentamiento al personal son solo algunos de los episodios denunciados por los trabajadores.
A través de una carta enviada al Consejo de Panaderos del Táchira (Consepan), el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, ofreció comprar los establecimientos "que estén presentando dificultades para sostenerse económicamente por altos costos, sueldos y salarios o deficiencia de materia prima" e integrarlos a la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
Una corte de Estados Unidos confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) para que Venezuela indemnice con 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex por la expropiación en 2008 de la mina "Las Cristinas".
A una semana de que varias panaderías ubicadas en el centro de Caracas fueran intervenidas por el Superintendente Nacional de Precios Justos, William Contreras, con el apoyo de los integrantes de diferentes colectivos para que se elaboraran las populares canillas, El Estímulo recorrió la zona para conocer el ambiente.
En la Gaceta Oficial de fecha 23 de febrero de 2017 se publica el Decreto Presidencial N° 2.732 por medio del cual se ordena la expropiación de activos de la empresa Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China, Civetchi, C.A.
De acuerdo con una resolución conjunta de los ministerios de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y de Economía y Finanzas, será la Corporación Socialista del Sector Automotor el ente que asuma la operación del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (CivetchI), expropiada el 23 de febrero.
Por estos días las crónicas económicas de este siglo 21 - que son también las de finales de un ciclo histórico- le traen a uno el recuerdo del pan recién horneado por la mañana.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera que las acciones adelantadas por el Gobierno en contra de las panaderías del país forman parte de un "atropello" para desconocer que las políticas económicas actuales son erradas y que las mismas son las que generan la crisis por la que atraviesa Venezuela.
Una deuda cercana a los 270 millones de dólares, una junta interventora que terminó cometiendo los delitos que impulsaron su constitución, y un Estado cuasi quebrado que sigue sumando fracasos, forman parte de la historia de una ensambladora con muchos interesados y pocos dolientes. Del complejo caso de la automotriz Civetchi seguramente serán muchas las interrogantes que nunca serán respondidas. Pero lo que sí queda claro es que el gobierno de Nicolás Maduro sumó a su lista de fracasos una empresa mixta que nunca existió, y cuyo futuro es tan incierto como la mayoría de las cientos de compañías que tomadas por el Estado, que han quedado en intentos fallidos.
La empresa, propiedad en un 51% del Estado, había sido intervenida en 2015 y detenido el presidente de la junta ad hoc tras denuncias de irregularidades. La expropiación de todos sus bienes fue publicada en la Gaceta Oficial y pasarán al plan de “Reimpulso automotriz para el sector público y del pueblo”.
La empresa, propiedad en un 51% del Estado, había sido intervenida en 2015 y detenido el presidente de la junta ad hoc tras denuncias de irregularidades. La expropiación de todos sus bienes fue publicada en la Gaceta Oficial y pasarán al plan de "Reimpulso automotriz para el sector público y del pueblo".
Tenaris SA informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), emitió un laudo a su favor, según el cual Venezuela deberá pagar a la compañía y a su subsidiaria Talta Lda, 161,6 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones.
Luego de casi 6 años los propietarios del conglomerado agrícola, Agroinsumos Iberoamericanos S. L. acudieron al Ciadi para solicitar un arbitraje internacional y reclamar indeminización por la expropiación de sus empresas en Venezuela ocurrida en octubre de 2010.
Representantes de las empresas Friosa, C.A. y Transporte Dole, C.A. introdujeron en el tribunal del Banco Mundial una solicitud de arbitraje, buscando ser compensados por la ocupación de ambas compañías en 2010, por orden del presidente Hugo Chávez.