Una de las estrategias del Gobierno, desde la época de Hugo Chávez, ha sido el ataque sistemático a la propiedad privada para la construcción de un modelo económico socialista. Pese a la propaganda, los resultados de las empresas intervenidas y expropiadas son realmente negativos. El Grupo San Simón es uno de los ejemplos más recientes de la ineficiente gestión pública
El tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar casi 100 millones de dólares a la empresa ganadera británica Vestey Group por la nacionalización de un grupo de hatos en 2005, informa Reuters.
La minera canadiense Crystallex dijo el martes que el tribunal arbitral del Banco Mundial decidió que Venezuela debe pagarle 1.386 millones de dólares en compensación por la expropiación de un yacimiento de oro.
El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, anunció este martes que en los próximos días podría comenzar un proceso de expropiación de galpones que estén sin uso, para convertirlos en centros de acopio de las empresas productivas que piensan activar con el plan de producción de alimentos del gobierno.
El gobierno firmó un memorando de entendimiento con la empresa canadiense Gold Reserve para la explotación de dos minas de oro. En 2014, la compañía había ganado una millonaria demanda ante el Ciadi por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas, durante el gobierno de Hugo Chávez.
El presidente del gremio, Manuel Felipe Larrazábal, respondió a declaraciones de diversos voceros del gobierno sobre intervenir la red de distribución de alimentos por tratarse de la causa de la escasez.
El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, designó a Faiez Kassen Castillo como presidente de la Junta Interventora de la estatal CVA Azúcar, S.A.
El fabricante de productos metalúrgicos, Tenaris, informó que, por decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Venezuela debe pagar una compensación de $172,8 millones por la expropiación de sus activos en el país.
El general Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras, aseveró que el próximo viernes 5 de febrero sostendrá una reunión con los representantes de Agroisleña, expropiada por el gobierno en 2010 y convertida en Agropatria.
El Ministerio Público concluyó el pasado 15 de diciembre que la empresa no había cometido delito alguno, por lo que solicitó el sobreseimiento de la causa.
Agroisleña, empresa de suministro de materiales agrícolas expropiada en 2010 y renombrada Agropatria, está en franco deterioro tras su paso a manos del Estado y existe una imperante necesidad de reactivar la producción nacional. Los expertos en la materia se debaten entre reconstruirla o empezar desde cero.
El ministro de Economía Productiva, Luis Salas, dijo este viernes a Reuters que el gobierno no descarta incluir al aumento de la gasolina entre las medidas económicas a tomar próximamente, pero aclaró que todavía no hay una decisión al respecto.
El terreno de 70.000 metros cuadrados en Antímano es solicitado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para construir edificios de Misión Vivienda. La propiedad podría estar valorada cerca de los Bs 8 mil millones, tomando como referencia el valor por metro cuadrado de galpones similares en La Yaguara, ofertados en páginas de clasificados.
Victor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas, consideró un error económico y político la medida de confiscación de los centros de distribución de Alimentos Polar, Cargill, Coca Cola, Pepsi Cola y Nestlé en La Yaguara.
Desde altas horas de la noche, los trabajadores de Empresas Polar protestan la medida de expropiación de los galpones de la empresa en La Yaguara, que pone en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo.
Un tribunal, acompañado de efectivos de la Guardia Nacional, se presentó en las instalaciones de Pepsi Cola, ubicada en La Yaguara (al oeste de Caracas), para proceder a desalojar y expropiar galpones y terrenos de esta y otras empresas por orden del gobierno de Nicolás Maduro, confirmaron fuentes del sector privado.
Una junta administradora Ad-Hoc, al frente de la cual está el ministro de Agricultura y Tierras Yván Gil, ejercerá la administración, posesión y uso de los bienes, inmuebles y bienhechurías pertenecientes al Grupo Agroisleña, sucesora del Grupo Enrique Fraga Alfonso.
Una junta administradora Ad-Hoc, al frente de la cual está el ministro de Agricultura y Tierras Yván Gil, ejercerá la administración, posesión y uso de los bienes, inmuebles y bienhechurías pertenecientes al Grupo Agroisleña, sucesora del Grupo Enrique Fraga Alfonso.
