«¡Basta de impunidad!», escribió Padrino en Twitter, un día después de que Estados Unidos bloqueara los activos del gobierno de Venezuela en ese país.
«Quienes comenzaron con el ‘juego’ de pedir sanciones para la nación (…) con bastardos fines políticos, deben ser castigados por la ley».
La Fuerza Armada, principal sostén del mandatario socialista, «exige justicia», remarcó el ministro, sin acusar expresamente a nadie.
El gobierno catalogó de «terrorismo económico» la sanción estadounidense, la última de una descarga de medidas punitivas contra Maduro, que incluye un embargo petrolero.
El bloqueo de Washington, que encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro y en apoyo al opositor Juan Guaidó, presidente del Parlamento reconocido como presidente interino por unos 59 países, contempla además sanciones a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con el gobierno socialista al que tacha de ilegítimo porque provino de unas elecciones organizadas en 2018 al margen de la Constitución Nacional, y fueron convocadas por una Asamblea Constituyente usada por Maduro para gobernar por decreto y poderes soberanos.
El gobierno ha insistido en que esta medida fue un fracasado intento por dañar el diálogo que con la mediación de Noruega mantenían delegados de Maduro y Guaidó, reconocido por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos y quien respalda las sanciones.
Dos meses han pasado desde que el gobierno de Maduro expulsó a la oficina de ONU-DDHH. Entonces, el chavismo consideró a sus representantes "un bufete particular de golpistas y terroristas". Ahora les "reabre" las puertas y dice colaborará a pesar de las diferencias
Las imágenes muestran a un hombre acostado boca arriba en la acera frente al Tribunal Penal de Manhattan mientras la parte inferior de su cuerpo está en llamas. Luego, otro hombre lo rocía con un extintor que parece apagar el fuego
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
