Presidente dominicano cuestiona leyes sobre penalización del aborto

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, vetó hoy la recién aprobada reforma del Código Penal, por los artículos relacionados con el aborto, el cual es sancionado en el país caribeño. En una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Medina ofrece sus consideraciones sobre la penalización del aborto. 

Entre los artículos cuestionados está el 107, referente a la interrupción del embarazo. Sobre este, el mandatario opina que «no satisface las exigencias que se derivan del principio de legalidad».

Señaló que «la complejidad específica de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la obligación de brindar asistencia médica en el caso de estos eventos excepcionales».

En la misiva, Medina dijo que «los derechos fundamentales que argüimos como sustento de la presente observación no sólo son parte de nuestra Carta Sustantiva sino que, de manera específica, son también inherentes a toda mujer en virtud de compromisos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los órganos competentes de la República Dominicana».

Medina citó la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará)».

La República Dominicana, precisó el gobernante, se encuentra dentro de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, «fenómeno en el que juegan un rol preponderante las prácticas inseguras de interrupción del embarazo».

«Somos, además, uno de los países de América Latina con mayor cifra de embarazos en niñas y adolescentes; embarazos que no solo son de alto riesgo para la salud de la madre, sino que esconden a menudo situaciones de abuso y violación».

«Todo lo anterior nos plantea como sociedad un problema de salud pública de primer orden, que por demás afecta de manera desproporcionada a las mujeres de escasos recursos».

Amnistía Internacional (AI) advirtió la semana pasada que si Medina promulga el nuevo Código Penal, que mantiene la plena penalización del aborto, se estaría violando los derechos de las mujeres y las niñas.

La organización recordó en un comunicado difundido en Santo Domingo que, en junio de 2013, la Cámara baja dominicana aprobó un proyecto de reforma del Código Penal, que introdujo una excepción a la prohibición total del país sobre el aborto.

Sin embargo, sostuvo que tras las presiones de la Iglesia católica, el Senado eliminó esta disposición, y el pasado 18 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la versión de la Cámara alta. La versión aprobada en el Congreso Nacional mantiene las sanciones penales de dos a tres años de prisión en contra de todas las mujeres que se provocan un aborto y en contra de todos los que cooperan con la interrupción de su embarazo