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La oposición prefiere, al menos por el momento, no pedir la aplicación del artículo 20, que recoge la medida más dura de la Carta Democrática: la suspensión del Estado del organismo, algo que solo se hizo en el golpe de Estado de Honduras en 2009.
La oposición venezolana confía en que «la visión diferente» de Luis Almagro sobre el papel del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) les ayude a conseguir que los Estados miembros se pronuncien en el organismo por primera vez sobre la «crisis política y social» del país.
«En muchísimos años no se había comprendido cuál era el verdadero objetivo del secretario general de la OEA, que no está para proteger a los Gobiernos sino a los pueblos, ahora con Almagro hay una visión diferente y eso es muy importante», afirmó este jueves la diputada Delsa Solórzano en una conferencia en el centro de estudios Diálogo Interamericano.
La legisladora forma parte de la delegación de seis parlamentarios opositores venezolanos de visita desde este miércoles en Washington para reunirse hoy con Almagro en la sede de la OEA y pedir que el organismo aborde la situación que vive el país.
«No vamos a pedir la sanción de la Carta Democrática, eso no nos corresponde a nosotros, sino que eso lo deben determinar los Estados miembros. Nosotros venimos a exponer la situación y a explorar los mecanismos de la OEA», explicó la diputada.
La oposición venezolana busca que la OEA debata y apruebe en un Consejo Permanente, donde cada embajador de cada uno de los 34 países miembros tiene un voto, una resolución en la que se afirme que en el país no hay división de poderes, que denuncie que hay 115 presos políticos y que apoye la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del presidente.
Esa resolución sería la base también para «disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación», es decir, explorar la vía de las gestiones diplomáticas que recoge, en esos términos, el artículo 18 de la Carta Democrática.
Sin embargo, ese artículo explicita que se necesita el consentimiento previo del Gobierno del país en cuestión para efectuar esas labores diplomáticas, algo a lo que el Ejecutivo venezolano se opone rotundamente por considerar que no existe ninguna ruptura o afectación del orden democrático.
La oposición prefiere, al menos por el momento, no pedir la aplicación del artículo 20, que recoge la medida más dura de la Carta Democrática: la suspensión del Estado del organismo, algo que solo se hizo en el golpe de Estado de Honduras en 2009.
Los diputados opositores prefieren las medidas diplomáticas a la suspensión porque no quieren «aislar más» al país, como dijo este miércoles Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, que encabeza la delegación.
Aunque Almagro no ha dudado en mostrarse abiertamente crítico con el Gobierno venezolano, la realidad es que como secretario general tiene una capacidad muy limitada para conseguir que el Consejo Permanente aborde el tema venezolano.
Tendría que ser otro Estado miembro el que lo pidiera, algo muy poco probable según todas las fuentes diplomáticas consultadas por Efe.
Además, la misión de Venezuela ante la OEA ya ha advertido de que, de invocar Almagro la Carta Democrática, se «prefiguraría un supuesto de hecho para solicitar su destitución», al considerar que no existe el requisito de que haya «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden democrático».
Esa condición, recogida en el artículo 20 de la Carta, autoriza al secretario general o a un Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente ante dicha alteración.
Cualquier intento de abordar el tema planteado por la oposición venezolana en la OEA, por parte de Almagro o de un Estado miembro, contaría con toda seguridad con un rechazo frontal de la misión de Venezuela, que podría movilizar apoyos (sobre todo entre los países del Caribe y de la Alianza Bolivariana) para bloquear esos esfuerzos.]]>
