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Nicaragua entierra a víctimas de matanza en protestas

Nicaragua, sacudida por violentos choques en las protestas que ya dejan más de un centenar de muertos, ve alejarse la posibilidad de un diálogo mientras entierra este viernes a los 16 muertos de los últimos dos días.

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FOTOGRAFÍA: AFP

Los enfrentamientos del miércoles y jueves también dejaron 88 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que afirma que estos incidentes entre opositores, policías y grupos afines al gobierno fueron unos de los más violentos que se vivieron desde que el 18 de abril comenzaron las manifestaciones antigubernamentales.

«Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque» que responden al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, denunció el Cenidh.

«Solo balazos se oían, fue un ambiente de terror, era como que estábamos en guerra», recuerda aterrada los enfrentamientos Julieth Hernández, habitante de Managua.

Decenas de miles de nicaragüenses que participaron en la noche del miércoles en marchas en varias ciudades en apoyo a las madres que han perdido a sus hijos en las protestas, fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de disolverlos a balazos en tierra.

La matanza motivó una enérgica respuesta internacional.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un video divulgado el jueves «los asesinatos» y llamó al gobierno de Ortega a «detener la violencia de estos factores represivos».

Washington, en tanto, exigió «una investigación inmediata, por parte de un grupo interdisciplinario independiente de expertos, para investigar las muertes y la violencia en Nicaragua».

Por su parte, la Fundación Arias para la Paz, del expresidente costarricense Oscar Arias, llamó a la comunidad internacional a bloquear la transferencia de armas y municiones al gobierno de Ortega.

«No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos», señaló en tanto un comunicado del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Diálogo lejano

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció el jueves que no reanudará el diálogo con el que se busca una salida a la crisis mientras «el pueblo siga siendo reprimido y asesinado» en las calles.

«Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer (miércoles) por grupos armados afines al gobierno contra la población civil», repudió el CEN, que condenó «enérgicamente todos estos hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica».

Las negociaciones, que se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal en un clima de tensión, fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones y la democratización del país, el gobierno, que exigía el fin de las protestas, denunció una conspiración para «un golpe de Estado».

En medio de los cuestionamientos por la represión a los manifestantes, Ortega responsabilizó a grupos de oposición con «agendas políticas específicas» que buscan «aterrorizar» a la población.

También denunció la existencia de «una conspiración» que pretende destruir la seguridad y la vida en el país.
Durante los incidentes también resultaron quemadas instalaciones de la emisora oficialista Radio Ya y una cooperativa de crédito rural. La fachada del estadio nacional de béisbol, en tanto, quedó destruida.

También fueron atacados el canal opositor 100% Noticias y las plantas de transmisión de la también opositora radio Darío, en la ciudad de León, denunciaron sus propietarios.

Ortega rechazó los llamados de sus adversarios a dejar el poder, declarando el miércoles durante una marcha oficialista que «Nicaragua no es propiedad privada de nadie».

«Aquí nos quedamos todos», espetó Ortega el miércoles al rechazar el llamado de empresarios, estudiantes y sociedad civil para que deje el poder.

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