La reina Isabel II firmó la mañana de este martes el texto, presentado en julio de 2017 por el gobierno conservador de Theresa May y adoptado la semana pasada por el parlamento británico.
El «consentimiento real» es la última etapa del procedimiento legislativo en Reino Unido.
Esta ley, engranaje fundamental de la puesta en marcha del Brexit, debe permitir al Reino Unido seguir funcionando con normalidad una vez abandone el bloque europeo. Concretamente, pondrá fin a la supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional e integrará en la legislación británica las leyes comunitarias que Londres desee conservar.
También confirma que la fecha oficial de la salida de la Unión Europea será el 29 de marzo de 2019.
El texto recorrió un tortuoso recorrido en el parlamento británico desde que empezó a examinarse, en septiembre, y el gobierno sufrió varios desaires, dejando en evidencia las persistentes divisiones sobre las orientaciones que darle al Brexit.
Fue la semana pasada, al hacer Theresa May una concesión de último minuto sobre el papel del parlamento en el proceso del Brexit, cuando la primera ministra consiguió meter en vereda a los diputados conservadores eurófilos, que reclamaban que la última palabra sobre el acuerdo final con Bruselas pase por el parlamento.
Los defensores acérrimos del Brexit celebraron la adopción de la ley como una garantía de que Reino Unido saldrá efectivamente de la UE, a pesar de la incertidumbre en torno a las negociaciones con Bruselas.
Las posibilidades de que se revierta la decisión de los británicos de abandonar la UE «ahora son nulas», consideró el ministro de Comercio Internacional, el euroescéptico, Liam Fox, para quien la adopción de la ley lanzó «irrevocablemente» la puesta en marcha del Brexit.
Para el influyente diputado conservador Jacob Rees-Mogg, partidario de un Brexit sin concesiones, el fin de este turbulento procedimiento legislativo significa que Theresa May podrá continuar las negociaciones con Bruselas en una posición «mucho más fuerte».