La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a una prueba de fuego ante el regreso del líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como jefe de Estado por más de medio centenar de naciones.
«Sin duda hay preocupación, yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el gobierno (de Maduro) ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó», dijo el comisionado Francisco José Eguiguren, relator de Venezuela en el organismo interamericano.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha prohibido salir del país a Guaidó, quien se trasladó a Colombia el 22 de febrero con motivo al concierto Venezuela Aid Live y el ingreso de la ayuda humanitaria prevista para el 23 de febrero.
Ese fin de semana Maduro cerró las fronteras con Colombia y Brasil. Las ayudas no entraron al territorio venezolano y Guaidó sigue en Colombia y tiene previsto regresar esta semana.
En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría un paso siguiente en la represión política y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo.
No obstante, el diplomático consideró que todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una declaración política.
Eguiguren afirmó que el arresto de Guaidó sería una opción políticamente más grave para Maduro, pero advirtió de que el Estado venezolano también estaría violando los derechos del líder opositor si no le deja regresar a su nación.
«Se supone que todo nacional tiene el derecho de ingresar a su país cuando lo desee sin necesidad de ningún tipo de autorización. Ósea sería un acto manifiestamente arbitrario, violatorio de su derecho a la libertad de circulación, de tránsito y de residencia», argumentó.
La CIDH, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió el 25 de enero al Estado venezolano que proteja la vida de Guaidó y su familia y le concedió medidas cautelares, un instrumento que sirve para proteger a sus solicitantes ante el riesgo de que sufran un daño irreparable.
Al otorgarle esa protección, la CIDH afirmó que los derechos a la vida e integridad de Guaidó se encuentran en una situación de riesgo que podría verse exacerbada por la agudización de la crisis política en el Estado de Venezuela.
Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional y por la oposición.
El 23 de enero Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro.
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