La primera acción juzgada por la Segunda Sala de la corte era una apelación contra una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que en tercera instancia negó a mediados del año pasado la libertad del exmandatario, en prisión desde abril de 2018 por corrupción.
Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa de Lula.
Aún así, los jueces todavía deben decidir sobre otro «habeas corpus» presentado por la defensa del exmandatario, en el que se solicita revisar el proceso bajo la sospecha de que el entonces juez Sergio Moro, a cargo del caso y hoy ministro de Justicia, había tenido un comportamiento «parcial» y ajeno al Estado de Derecho.
Este segundo recurso comenzó a ser juzgado a fines del año pasado pero la sesión fue suspendida porque el juez Gilmar Mendes, uno de los miembros de la Segunda Sala, solicitó más tiempo para analizar el caso.
Para ese momento, ya se habían pronunciado por negar el «habeas corpus» los jueces Carmen Lucia Antunes y Edson Fachin, pero al ser retomada la audiencia este martes, Mendes fue favorable al recurso y aún deben votar los magistrados Ricardo Lewandowski y Celso de Melo, quienes podrían inclinar la balanza en favor de Lula.
Las dudas sobre la forma en que se realizó el juicio contra Lula, a cargo de Moro, aumentaron en las últimas semanas, cuando fueron difundidos mensajes que el exmagistrado intercambió durante el proceso con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.
La Segunda Sala, sin embargo, juzga un recurso que acusa a Moro de parcial y dice que esa tesis se demostró el año pasado, con el nombramiento del exjuez como ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y principal antagonista político de Lula.
Los mensajes que complican el caso fueron intercambiados en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram y pueden sugerir que Moro dirigió de alguna manera las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Moro ha negado con vehemencia la «autenticidad» de esos mensajes, que fueron obtenidos por el portal The Intercept con un «hacker» anónimo, y ha afirmado que su actuación como juez estuvo fuera de toda sospecha.