La cita entre el presidente guatemalteco, Jimmy Morales y su par estadounidense, Donald Trump, en la que supuestamente firmarían un acuerdo para que Guatemala acogiera migrantes, fue suspendida este domingo por el gobierno centroamericano, que negó intenciones de avanzar en un convenio de ese tipo.
Cercado por distintos sectores que se opusieron a la posibilidad de que Guatemala se convirtiera en un «tercer país seguro», e interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, Morales canceló la reunión prevista para el lunes en Washington.
«Debido a las especulaciones y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte», indica un comunicado del gobierno guatemalteco difundido este domingo.
Bajo ese concepto, la nación centroamericana debería tramitar los pedidos de asilo de todos los migrantes que pasan por su territorio en su marcha hacia el norte, un flujo que se ha incrementado notablemente desde el año pasado.
La sola posibilidad ha despertado indignación, a menos de un mes de que el país elija al sucesor de Morales en un balotaje o segunda vuelta electoral.
Pese a que funcionarios del propio gobierno habían reconocido negociaciones con Estados Unidos, la nota oficial niega que eso pudiera ocurrir: «En ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro», indica, sobre un tema hasta el momento tratado con gran hermetismo por el gobierno.
El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, quien interpuso uno de los amparos legales ante la máxima corte del país, aseguró este domingo que la suspensión de la reunión confirma que el presidente iba a firmar el convenio con Estados Unidos, algo que no había sido confirmado.
«Ante la reprogramación del viaje de @jimmymoralesgt, queda en evidencia su propósito de suscribir el acuerdo de Tercer País Seguro, una acción ilegal y perversa», afirmó Rodas en Twitter.
Para el analista político, Luis Linares, «ya había algo concreto para firmar, pero la presión por la reacción ciudadana fue fundamental para que esta aberración no se diera», señaló a la AFP.
La autoridades guatemaltecas indican que el país continuará con la discusión de los asuntos bilaterales con Estados Unidos, incluida la migración.
«Los gobierno de Guatemala y Estados Unidos coordinan e implementan esfuerzos conjuntos para enfrentar las amenazas transnacionales, acciones que se traducen en la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular», enumera el comunicado.
En marzo, la administración de Trump suspendió la ayuda a los países del «Triángulo del Norte» de Guatemala, El Salvador y Honduras, después de que el presidente Trump dijera que no estaban haciendo nada para detener el flujo migrantes a los Estados Unidos
La supuesta firma del acuerdo para declarar a Guatemala como tercer país cercó a Morales, un excomediante de la televisión de baja popularidad entre los guatemaltecos, que finaliza su mandato en enero.
En detalle, tres amparos contra la medida fueron presentados en la Corte de Constitucionalidad que este domingo se reunió para analizar el tema.
Los opositores argumentan que la pobreza -que alcanza al 59% de los 17,7 millones de habitantes- empuja a los propios guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.
Entre los que se han sumado a las críticas están los dos candidatos presidenciales al balotaje del próximo 11 agosto, la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei.
Ambos coinciden en que declarar a este país centroamericano como tercer país seguro provocaría una crisis humanitaria, dado que no reúne las condiciones de infraestructura ni económicas para atender a los migrantes.
Torres además anunció que busca una reunión con el embajador de Estados Unidos en el país, Luis Arreaga, y que pedirá a los diputados de su partido que citen al Congreso a la embajadora Sandra Jovel para que ahonde sobre el tema.
En tanto el excanciller, Edgar Gutiérrez, afirmó en declaraciones al diario El Periódico que un acuerdo de este tipo convertiría a Guatemala «en el campo de concentración más grande que ha existido en la historia».
«Son 360.00 migrantes que pasan por acá al año, sin redadas», estimó en alusión a los operativos que este domingo lanzó el gobierno estadounidense contra migrantes indocumentados.
Con redadas, calculó el exfuncionario, ese número puede duplicar. «En 10 años, tendríamos 7 millones de migrantes acá, eso es absurdo. Ni Estados Unidos tiene capacidad de sobrellevar este problema. Vamos a convertir a este país en una cárcel», lamentó.
La Conferencia Episcopal de Guatemala expresó el sábado por la noche su «preocupación ante las consecuencias de dicho acuerdo que vendría a agudizar más la difícil situación de los migrantes en nuestro país, personas que buscan en el Norte las oportunidades que aquí les son negadas».
«No podremos absorber a la población migrante que venga de otros países y con los que nos obligaríamos a mantener y a proveer de seguridad, atención en salud, albergues adecuados, y eventualmente fuentes de trabajo», agregó
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