Con el viaje de Hugo Chávez a Bagdad, en abierto desafío a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario venezolano comenzó a promover su denominada "agenda antiimperialista", acercándose a un antiguo aliado de Estados Unidos: Saddam Hussein. El encuentro entre ambos líderes se produjo en medio de la diatriba global por la presunta posesión de armas químicas por parte de Irak
Se ha podido establecer a través de documentos descalificados que la administración del presidente Ronald Reagan y su enviado especial para el Medio Oriente, Donald Rumsfeld, hicieron poco para evitar que Irak desarrollara armas de destrucción masiva en la década de los ochenta, aunque sabían que Saddam Hussein estaba usando armas químicas «casi a diario» contra Irán.
En diciembre de 1983, Donald Rumsfeld se entrevistaba con Saddam Hussein con la misión concreta de allanar el camino para una pronta reanudación de relaciones entre Washington y Bagdad. Estas se habían ido deteriorando desde la Guerra de los Seis Días con Israel, en 1967. Rumsfeld calificó la reunión como un «hito positivo en el desarrollo de las relaciones” entre ambos países.
Se había concluido que en años posteriores, los gobiernos de Reagan y de George Bush (padre) autorizaron la venta a Irak de precursores de armas químicas y biológicas, incluyendo ántrax y peste bubónica, así como armas convencionales, como bombas de racimo.
Para los expertos en política exterior, Rumsfeld sabía que Saddam era “un matón asesino” que apoyaba a los terroristas y trataba de construir un arma nuclear. En ese momento, la preocupación de Estados Unidos era Irán, no Irak. La administración Reagan temió que los revolucionarios iraníes que derrocaron al Sha y tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses durante 444 días (1979-81) en la embajada en Teherán, invadieran el Medio Oriente y campos petroleros vitales.
Con base en la premisa de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, el gobierno de Reagan buscaba apoyar a Irak en la guerra contra Irán (1980-1988). La reunión entre Rumsfeld y Saddam fue la consecuencia. Estados Unidos decidió respaldar a los ejércitos de Saddam con inteligencia militar, económica, ayuda y suministros encubiertos de municiones, hasta que Irán finalmente capitulara.
Donald Rumsfeld también entregaría un comunicado a Hussein elaborado por funcionarios de la administración Reagan. El escrito establecía que si Irak llegaba a ser derrotado por Irán sería considerado «contrario a los intereses de Estados Unidos». Se indicaba que la visita de Rumsfeld representaba uno de los lados de la política exterior de doble filo estadounidense en la región. Estados Unidos había permitido que Israel vendiera armas de fabricación norteamericana a Irán para usarlas contra Irak. En este momento, Washington había comenzado también a proporcionar armas a Irak, clandestinamente.
Luego de su reunión con el presidente iraquí, Rumsfeld dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Tariq Aziz. Estaban de acuerdo en que «Estados Unidos e Irak comparten muchos intereses comunes». Rumsfeld menciona brevemente las preocupaciones de Estados Unidos sobre las armas químicas de Irak, y explica que los esfuerzos de su país para ayudar a esanación “están inhibidos por ciertas cosas que nos lo hicieron difícil…».
Con el ataque químico contra los insurgentes kurdos, acaecido entre el 16 y el 19 de marzo de 1988, las fuerzas iraquíes masacraron a gran parte de la población en la localidad kurdo-iraquí de Halabja. La acción formó parte de la Operación al-Anfal en el norte de Irak, en el contexto de la guerra con Irán. Según análisis de la época, el hecho no pareció haber afectado la colaboración entre las presidencias de Reagan–Bush y el régimen de Saddam Hussein. Se señala que la inteligencia militar de Estados Unidos amplió sus contribuciones a Irak tras este ataque con gas.
El gobierno iraquí comunicó al secretario general de la ONU que no autorizaría la entrada al país de una misión de ese organismo para investigar el posible uso de armas químicas contra la población kurda
En septiembre de 1988, el Congreso estadounidense había aprobado la imposición de sanciones a Irak por el uso comprobado de armas tóxicas contra las minorías separatistas en el Kurdistán. Con una votación de 388 a favor y 16 en contra, se aprobó un proyecto de ley que prohibía al Gobierno de EE UU la venta de armas o equipos de alta tecnología al régimen de Bagdad. Autorizaba al presidente Reagan a imponer sanciones adicionales, a menos que las autoridades iraquíes se comprometieran a evitar en el futuro el uso de bombas químicas.
Irak había negado sistemáticamente haber usado armas químicas contra las minorías kurdas. Sin embargo, una comisión especial del Senado estadounidense calificó los ataques iraquíes como un verdadero «genocidio». El secretario de Estado, George Shultz, aseguró en ese momento que Washington tenía plena evidencia del uso de armas químicas por el ejército de Irak contra los kurdos.
A finales de julio de 1990, se celebró en Bagdad una reunión entre la embajadora de Estados Unidos en Irak, April Glaspie, y Saddam Hussein. En la cita, Glaspie expresó: “Tengo instrucciones directas del presidente para intentar mejorar las relaciones entre nuestros países. No tenemos intención de participar en los conflictos árabes, como el de Kuwait. La cuestión de Kuwait no tiene nada que ver con Estados Unidos”. Una semana después, el 2 de agosto, el ejército iraquí invadió el emirato, al considerar que se había dado luz verde para la invasión, o bien, que esta sería tolerada.
Todo el apoyo de los Estados Unidos a Hussein terminó intempestivamente. La invasión puso en poder de Saddam Hussein el control de 20% de las reservas mundiales de petróleo para la época.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 686, fijó las condiciones del alto el fuego definitivo, el 3 de abril de 1991. El ejército de Saddam Hussein fue expulsado de Kuwait por la Operación Tormenta del Desierto. Se establecía una fuerza de observación en la zona desmilitarizada en la frontera entre Irak y Kuwait, y se exigía proporcionar información tanto del armamento como de los materiales químicos y biológicos que pudiera haber tanto en Kuwait como en Irak.
La Resolución 687 establecía “la destrucción, remoción o neutralización, bajo supervisión internacional”, de todas las armas químicas y biológicas iraquíes. También, de las instalaciones de investigación, desarrollo y fabricación y de los misiles balísticos con un alcance superior a 150 kilómetros. Se fijó un plazo de 15 días a Hussein para que presentara un informe sobre su armamento y se creó la Unscom, la Comisión Especial para el Desarme de Irak.
La construcción de una “contraagenda” a las directrices geopolíticas norteamericanas, bajo el justificativo de promover la “multipolaridad mundial”, emprendida por la revolución bolivariana, se inició a raíz de la visita dispensada por Hugo Chávez al presidente Saddam Hussein el 10 agosto del año 2000. Esta se produjo en la coyuntura de una gira del mandatario venezolano por los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el objetivo de invitarlos a la II Cumbre del bloque de naciones exportadoras de crudo, que se celebró en septiembre de 2000 en Caracas.
Para eludir el embargo aéreo impuesto por la ONU, Chávez hizo el recorrido por tierra desde la frontera con Irán hasta Bagdad, tras haber visitado la nación persa.
The Asociated Press reseñó el encuentro. Chávez cruzó por tierra la frontera de Irán en al-Mundhariya, 200 kilómetros al este de Bagdad. De ese modo, respetó la prohibición de la ONU sobre vuelos desde y hacia Irak. Había volado desde la capital iraní a la ciudad fronteriza de Kermanshah. Luego saltó aún más cerca de la frontera en helicóptero antes de subirse a una limusina. El vicepresidente Taha Yassin Ramadan, acompañado por ministros del gabinete y altos miembros del gobernante partido Baath, recibió a Chávez en al-Mundhariya. Saddam envió su helicóptero presidencial a Chávez y lo esperó en el Aeropuerto Internacional Saddam, en Bagdad, para la bienvenida oficial.
El periplo de Chávez fue objeto de duras críticas por el Departamento de Estado. En respuesta, Chávez dijo: «Yo puedo ir al infierno a hablar con el diablo, si así lo deseo». El portavoz Richard Boucher advirtió de medidas punitivas si se concretaba la visita, afirmando: “Creemos que es una distinción bastante dudosa ser el primer jefe de Estado elegido democráticamente en ir a reunirse con el dictador de Irak». El canciller José Vicente Rangel desestimó ese cuestionamiento, aseverando que: “es extraño que un país tan pragmático como Estados Unidos, que no tiene problemas en la reconciliación con China y Vietnam, reaccione de este modo».
Chávez aseveró luego: «Hablamos ampliamente sobre como incrementar el rol de la OPEP (…). Tenemos que trabajar juntos para estabilizar los precios del crudo». El presidente venezolano se convertía, efectivamente, en el primer jefe de Estado democráticamente elegido en visitar Irak desde 1990. Calificó de críticas «deplorables» de EE UU al viaje. La visita de Chávez se producía apenas una semana después del décimo aniversario de la invasión iraquí a Kuwait.
La acusación formulada por la administración de George W. Bush (hijo) de que el gobierno iraquí poseía armas de “destrucción masiva”, hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU promulgara la Resolución 1141, en noviembre de 2002. Esta ordenaba inspecciones para verificar esta situación. Al no permitir el gobierno iraquí tal supervisión, particularmente en los “palacios presidenciales”, la negativa se tomó por excusa para iniciar la Segunda Guerra del Golfo en 2003. La acción bélica no contó con la aprobación del Consejo de seguridad. No obstante, Irak fue invadido por una coalición prooccidental, que llevó a cabo la denominada “Operación Libertad Iraquí”.
La revista Newsweek reveló que la administración Bush había tomado inexorablemente la decisión de invadir a Irak y derrocar al régimen de Saddam Hussein. El problema era como “vender” o “justificar” la guerra, para evitar que la acción militar fuera impopular. El paso inicial fue convencer a la mayoría de los estadounidenses de que Saddam representaba un peligro “claro e inminente”. Por tanto, debía ser derrocado mediante la fuerza.
Bush expresó en varias oportunidades que “año tras año, Saddam Hussein ha gastado enormes sumas y tomado grandes riesgos para construir armas de exterminio masivo”. El vicepresidente Dick Cheney y el Departamento de Defensa impulsaron la idea de que Saddam tenía arsenales de armas prohibidas y vínculos con los terroristas, particularmente con Al Qaeda. Se alertó de que dichas armas podían ser utilizadas en contra de ciudades norteamericanas.
Cheney –vicepresidente–, Rumsfield –secretario de Defensa– y el presidente George W. Bush insistieron en el tema. Bush señalo que Saddam podría “tener una bomba nuclear en menos de un año”. El director de la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), George Tenet, advertía en un informe confidencial de que las justificaciones de la acción militar a Irak sobre la base de que Saddam poseía un arsenal de exterminio masivo presentaban dificultades, toda vez que “las pruebas eran débiles, esquemáticas, especulativas, no corroboradas o simplemente inverosímiles”.
La perplejidad posterior provino del hecho de que las fuerzas de ocupación estadounidenses no encontraran “ninguna” de las armas de exterminio masivo que justificaron la acción militar. La conclusión de la revista Newsweek resultó contundente: “El mensaje era claro. Las armas de exterminio masivo de Saddam hacían que la guerra fuera inevitable. Entonces, ¿dónde están?».
Saddam Hussein seria capturado por las tropas occidentales en diciembre de 2003. Fue puesto a la orden del recién creado Alto Tribunal Penal Iraquí, encargado de juzgar a los acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones a la ley iraquí. Se le condenó a la horca en 2006.
El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, calificó la ejecución como un asunto interno. Aseveró que Hussein tuvo un juicio justo y que su muerte favoreció la unidad del país. Bush reiteraría en varias ocasiones “su firme decisión” de promover la democracia y la libertad en el mundo y continuar su implacable lucha contra el terrorismo.
Hugo Chávez se referiría a esta situación en los siguientes términos: «Somos respetuosos de la vida y nos oponemos a la pena de muerte por un asunto de principios (…). Pero si de condena se tratara, al primero que habría que condenar con la más grande pena, por genocidio, es al presidente de Estados Unidos», coincidiendo con la declaración del vicepresidente José Vicente Rangel: «¿Cuándo se instalará un tribunal que juzgue a George W. Bush?».
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