Cada vez peor lucen las relaciones entre los peruanos y los migrantes venezolanos. Xenofobia, violencia, acusaciones de lado y lado y dos asesinatos muestran la faceta más preocupante de esta convivencia forzada
Los recientes incidentes violentos protagonizados por un grupo de peruanos y venezolanos, que han incluido el asesinato de ciudadanos de ambos países, han despertado la preocupación entre ambas comunidades en Perú, así como llamados a la mesura y a enfrentar estos hechos desde el aspecto policial.
El último suceso se produjo durante la noche de este sábado en Lima, cuando un trabajador venezolano de una empresa de reparto a domicilio fue amenazado con un arma de fuego por un hombre en aparente estado de ebriedad.
Medios locales informaron que el hecho sucedió en el distrito residencial limeño de San Isidro y que el hombre, un peruano que luego fue detenido, llegó a realizar disparos al aire.
En medio de la gran presencia de migrantes venezolanos en Perú, donde se calcula que suman unos 1,2 millones, se han presentado numerosas denuncias por delitos cometidos por ciudadanos de ese país, así como también protestas y actos xenofóbicos de parte de grupos de peruanos.
La situación se agravó en las últimas semanas, cuando en redes sociales se difundió el video del asesinato de un comerciante venezolano por un delincuente peruano en la ciudad norteña de Trujillo, y el posterior asesinato en Lima de un joven peruano por sicarios venezolanos, que fue grabado con un celular.
Desde ese momento, delincuentes de ambas nacionalidades publicaron videos y mensajes en redes sociales con amenazas mutuas, que se radicalizaron con la difusión de otro video en el que se ve cómo un joven peruano fue lanzado desde un puente en Colombia, presuntamente por venezolanos.
Ante esto, este sábado decenas de personas se reunieron en la céntrica plaza San Martín de Lima en respuesta a una convocatoria hecha por redes sociales con tintes xenofóbicos para exigir al gobierno del presidente Francisco Sagasti la expulsión de los venezolanos ilegales y con antecedentes delictivos del país.
Los asistentes, que acudieron para protestar por el asesinato del peruano Silvano Cantaro en Colombia, marcharon luego hacia las sedes de canales de televisión y llegaron al frontis de la embajada de Venezuela en Lima.
El Gobierno de Venezuela denunció este domingo que durante esa protesta los manifestantes atacaron con piedras su sede diplomática, que actualmente cumple funciones consulares, ya que el Ejecutivo peruano no reconoce al régimen de Nicolás Maduro.
Dirigentes de los venezolanos organizados en Perú han hecho llamados a la mesura y pedido que este tema sea tratado desde el punto de vista policial, ya que la mayoría de peruanos y venezolanos conviven con tranquilidad en el país.
El representante en Perú del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Carlos Scull, afirmó esta semana que le ha pedido a las autoridades peruanas que investiguen esta situación y a los venezolanos que traten «de buscar esa integración, pero siempre pidiendo justicia» para todos.
Por su parte, el representante de la organización Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, pidió justicia y «calma» por estos últimos incidentes, entre ellos el del repartidor amenazado este sábado, al que acompañó en su denuncia junto a Scull.
«Pedimos justicia y pedimos calma. Pedimos no generalizar, así como todos somos gente de bien no podemos generalizar y meter a todos en un mismo saco», declaró a medios locales.
Perú mantiene cerrada su frontera con Ecuador desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia de la covid-19, y en enero pasado envió militares y vehículos blindados para bloquear los pasos clandestinos por los que ingresaban cientos de migrantes a diario, en su gran mayoría venezolanos, según las autoridades.
El video del asesinato, ocurrido el pasado 24 de enero, quedó registrado por unas cámaras de seguridad de la zona y se filtró en las redes sociales. El victimario es apodado "Cara cortada" y fue reconocido gracias a estas imágenes. En Twitter se exige justicia para que la muerte del trabajador informal no quede impune
