La resolución del Consejo de Derechos Humanos "Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos" en Venezuela, algunas de las cuales, "pueden constituir crímenes de lesa humanidad".
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció la grave situación de los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela, y votó mayoritariamente por extender durante dos años más la llamada «Misión internacional independiente de determinación de los hechos» que investiga estos delitos cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez.
La resolución «Condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e
inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático».
De esta forma el Consejo de Derechos Humanos, en sus sesiones que terminan hoy 7 de octubre en Ginebra, prorroga la resolución 45/20 «con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».
El Consejo de la ONU también solicita a la Misión que presente un informe verbal actualizado sobre su labor en un diálogo interactivo que tendrá lugar en los períodos de sesiones 52º y 55º del Consejo, y que presente un informe sobre sus conclusiones al Consejo en un diálogo interactivo que se celebrará en sus períodos de sesiones 54º y 57º. Es decir, en las reuniones ordinarias de los próximos dos años.
El proyecto fue respaldado por 19 países con votos a favor, hubo 5 en contra y 23 abstenciones.
“Es valioso renovar el mandato de la misión para contribuir a la rendición de cuentas. Es una renovación técnica de mandato”, según el texto del organismo de la ONU.
La resolución de la ONU expresa la «profunda preocupación» del Consejo porque más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y más de siete millones de personas «siguen necesitando asistencia humanitaria debido a la actual crisis política y económica».
También acoge con beneplácito los esfuerzos de los países vecinos y otros países de la región por acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, así como la asistencia humanitaria prestada por las Naciones Unidas, otras organizaciones humanitarias y los países asociados.
Se pronuncia en contra de «los continuos informes de restricciones del espacio cívico y democrático, que incluyen casos de detención arbitraria, actos de intimidación y represalias, difamación pública de manifestantes, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos y otros interesados
de la sociedad civil».
El organismo también reconoce los esfuerzos que siguen realizando estas personas en tales condiciones.
La resolución recalca que «solo puede haber una solución pacífica y democrática» a la crisis actual de Venezuela y que esa solución incumbe al pueblo venezolano, «sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia».
La solución «requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y limpias, de conformidad con las normas internacionales».
La declaración además insta a Venezuela a «que adopte medidas adecuadas para hacer frente a las violaciones y transgresiones de los derechos humanos denunciadas, tales como actos de violencia y acoso, incluidos actos de violencia sexual y de género, cometidos contra las mujeres y las niñas detenidas».
Insta también al gobierno de Venezuela a que «libere inmediatamente a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de
vulnerabilidad».
También expresa «profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil y trata de personas, y expresa especial preocupación por las violaciones y transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas de la región».
La resolución oficial del organismo de la ONU también insta a las autoridades de Venezuela a que cooperen plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión internacional independiente de determinación de los hechos; les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus
mandatos y velen por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques.
«Esta resolución tiene muchas implicaciones. Es un día de reivindicación y justicia para las victimas que finalmente ven que la comunidad internacional está prestando oídos a sus denuncias expuestas en los informes de la misión», señaló el abogado y activista Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia.
«Confirma que la misión es un órgano serio y con fundadas metodologías y argumentos y con fuentes muy confiables», agregó.
El modo en que se aprobó la resolución, con 19 votos a favor y apenas cinco en contra «sorprende muchísimo de manera positiva en la medida en que demuestra que apoyar a Venezuela en materia de crímenes de lesa humanidad es algo que no resulta apetecible para la mayoría de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos», agregó Daniels en declaraciones a El Estímulo.
Aunque la misión ha rendido cuatro informes todavía queda muchísimo que investigar, por ejemplo en las cadenas de mando responsables de estas violaciones, explicó.
«La propia misión señala que hay otros organismos involucrados (además de dos señalados). Desde 2014 para acá las denuncias de crímenes de lesa humanidad se cuentan por miles, hay muchas áreas que investigar a respecto», agregó.»
«Las derivaciones son varias y no abonan a ninguna de las tesis del gobierno de que la justicia ha mejorado sino por el contrario, los crímenes de lesa humanidad son parte del presente», dijo.
Recientemente el régimen de Maduro amenazó con represalias a los países que votaran a favor de la resolución finalmente aprobada este jueves.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU hará el contacto con Nicolás Maduro esta semana. Le solicitará trabajar en una transición política y reanudar el diálogo con la oposición
Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, celebró este 29 de junio que ya concluye el mandato del alto comisionado y que Bachelet no seguirá en el cargo. “Tiene una fijación con Venezuela”, dijo el ex militar
Las fuerzas policiales mataron a más de 200 personas desde septiembre del año pasado, denunció la Misión de la ONU que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela. María Valiñas, presidenta de la misión, intervino hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la evolución de las libertades fundamentales en el país. El gobierno de Maduro rechaza todas las acusaciones
