La dura ley promovida en Florida por el gobernador Ron DeSantis siembra el miedo entre miles de inmigrantes no autorizados, y sus familias, dentro o fuera de Estados Unidos. En Florida vive casi la mitad de los migrantes venezolanos en ese país.
El estado de Florida es el que alberga al mayor número de venezolanos indocumentados en todo Estados Unidos. Según cifras que datan de 2019, eran 102.000 personas, más de la mitad de los 189.000 migrantes sin papeles instalados en total en ese país, estima el prestigioso Migration Policy Institute, utilizando diversas fuentes.
Este universo de personas y sus familias, residentes autorizados o no en Estados Unidos, están hoy en vilo por una draconiana nueva ley migratoria que entrará en vigencia en Florida a partir del 1 de julio y que convierte en graves delitos ser inmigrante indocumentado o hasta transportar y dar albergue a personas en esa condición.
La ley fue firmada la semana pasada por el gobernador Ron DeSantis, un republicano ultra conservador que deja pálido nada menos a que a Donald Trump y también aspira a la presidencia de Estados Unidos.
Este es el perfil de la población de migrantes no autorizados en Florida
La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, (Farmworker Association) una organización que representa a unos 10.000 trabajadores, principalmente temporarios dedicados a la vital actividad agrícola en ese estado, emitió un comunicado denunciando esa ley inminente y sus efectos en las familias y en la economía.
«Es uno de los proyectos de ley de inmigración más crueles jamás aprobados en el estado de Florida».
Trabajadores Agrícolas de Florida, (Farmworker Association)
Unos 132.000 habitantes del condado de Miami Dade, Florida, que son ciudadanos de Estados Unidos están casados con parejas que no tienen un estatus migratorio regular, señala la Asociación.
Además, 722.000 habitantes del condado viven en hogares donde los miembros de la familias tienen diferentes estatus migratorio, agrega.
Con esta Ley Antiinmigrantes, todos ellos estarán expuestos a cargos por delitos penados con más de cinco años de cárcel, advierten los de Farmworker Association de Florida.
«Florida tiene un total de 4,3 millones de inmigrantes, lo que representa más del 20% de su población.Entre los inmigrantes, 2,48 millones, o el 57,4%, nacieron en diferentes países pero se identifican como hispanos o latinos.Más de 1 de cada 5 residentes son inmigrantes y nos entristece saber que la gran mayoría de nuestros vecinos se verán gravemente afectados», dice el comunicado.
«Para un niño, es devastador tener a uno de los padres detenido en un centro de deportación y otro detenido y encarcelado durante 15 años.El trauma para el niño durará toda la vida.Esta no es la Florida que queremos.Esta no es la Florida que nuestras familias han trabajado para ayudar a construir, y donde viven y aman, y ahora están siendo atacados», dice la Asociación de Trabajadores.
«Esta restricción en el acceso al trabajo afecta a personas con estatus migratorio no regulado.La legislación también exige que los hospitales que acepten Medicaid y tengan departamentos de emergencia recopilen información sobre el estado migratorio de sus pacientes, incluso durante las visitas de emergencia.También deben presentar informes periódicos a laAHCA .y la legislatura en cuanto a los gastos incurridos en la prestación de servicios de salud a personas sin estatus migratorio regulado.Además, la ley considera un delito grave, con una pena máxima de prisión de 15 años, transportar personas sin un estatus migratorio regulado a Florida.Esto incluye a las personas que lo acompañan, como amigos, compañeros de trabajo o familiares, incluso si es residente permanente de Florida.La ley obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a utilizarE-verificarpara confirmar la elegibilidad laboral», resume la Asociación.
El gobernador DeSantis, en plena pre campaña electoral, ha endurecido su política contra los inmigrantes no autorizados, a la vez que critica con furia la política federal en la materia del gobierno de Joe Biden.
«Florida no será un estado santuario que permita a extranjeros ilegales usurpar nuestras leyes», dijo DeSantis en un reciente discurso donde marca el tono de esta nueva política, una de las más duras en la historia del país.
«La crisis fronteriza de Biden es una catástrofe. Mientras Washington abdica de su responsabilidad de asegurar nuestra frontera, Florida vuelve a dar un paso al frente. Hoy he firmado una ley para combatir la inmigración ilegal y disuadir a los inmigrantes ilegales de venir a Florida», dijo el gobernador el 10 de mayo, cuando firmó la dura ley.
Con el argumento de no tolerar el tráfico de personas, advierte que transportar, con conocimiento de causa, inmigrantes ilegales dentro de Florida acareará la pena de prisión de cinco años y multa de $5.000, si el acto se ejecuta por primera vez.
Transportar cinco o más «extranjeros ilegales», o menos personas pero de manera reincidente, acarreará pena de 15 años de prisión y multa de $10.000.
La medida, advierten observadores, amenaza tanto a los contrabandistas de personas como a por ejemplo una persona común que traslade a un familiar sin papeles y sea interceptado en cualquier semáforo o parque.
«La dejadez de funciones del presidente Biden en la frontera está costando la vida a los estadounidenses. En Florida, hemos tomado medidas concretas para proteger a nuestras comunidades», anunció:
La nueva política también obliga a los centros de salud a reportar información sobre la identidad y estatus de residencia de los pacientes, incluyendo su estatus migratorio si es el caso.
También invalida en el estado la vigencia de licencias de conducir vehículos terrestres expedidas en otros estados a inmigrantes sin estatus migratorio definitivo.
El flujo de migrantes venezolanos autorizados o no, instalándose en Estados Unidos, y particularmente en Florida ha aumentado en los últimos años y en los últimos meses.
Personas de Venezuela estuvieron entre los protagonistas de los envíos programados de migrantes hacia estados gobernados por demócratas, como Nueva York, hechos el año pasado por DeSantis y por el gobernador de Texas, Greg Abbot.
En el período comprendido entre 2017 y 2021 el área del Gran Miami, y las áreas metropolitanas de Orlando y Houston eran el hogar del 52% de los inmigrantes venezolanos, recoge el instituto MPI.
«El número de inmigrantes de Venezuela en Estados Unidos casi se ha triplicado desde 2010, coincidiendo con un período de severa crisis política y económica que ha resultado en el mayor desplazamiento prolongado de personas en América», señala un artículo de MPI, que da cuenta de 545.000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, de acuerdo a encuestas del Censo. Esta cifra es solo una pequeña proporción de los más de siete millones que han dejado Venezuela desde 2015, señala.
Este flujo de personas no se había detenido hasta ahora. Solamente en seis meses de lo que va del año fiscal desde octubre hasta marzo pasado fueron interceptados y detenidos 26.573 inmigrantes venezolanos pretendiendo entrar a Florida, según datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.
Eso es más de una cuarta parte del total de 94.606 venezolanos interceptados por la patrulla fronteriza y por los agentes de los puertos de entrada en todo el país, especialmente en Texas, California, Arizona y Nuevo México, en la frontera sur.
No está claro como los venezolanos inmigrantes no autorizados logran llegar a Florida, un estado sin fronteras terrestres con terceros países. La Guardia Costera tiene reportes de algunos venezolanos detenidos en alta mar, mezclados con cubanos y haitianos arriesgando la vida en aguas del Caribe, del Golfo de México, o del Atlántico, intentando llegar a Estados Unidos. Pero esa cifra no es representativa.
En todo caso, esos venezolanos, y los que no fueron interceptados y lograron escapar, y las familias de todos ellos, están hoy en estado de mayor angustia y miedo, por la inminente entrada de la Ley Antiinmigrantes de DeSantis este 1 de julio.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar
DeSantis acaparó los focos por su oposición a las medidas estrictas para frenar la propagación de covid-19. También promulgó una prohibición del aborto de 15 semanas a principios de este año, uniéndose a un impulso nacional de los conservadores para restringir los derechos reproductivos
Algunos venezolanos que viajan en grupo prefieren esperar a obtener cita a través de la aplicación CBP One una vez que el viernes se amplíe el horario y funcione 23 horas al día. Cruzar el río "no es opción porque vamos a perder todos los derechos de un proceso legal si nos dan la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Podemos entrar pero nos pueden echar para atrás automáticamente porque entramos ilegalmente", dijo el venezolano Andrés Sánchez
