Las protestas sociales llegaron este miércoles al centro comercial Costanera Center, la puerta de entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que no tiene «nada que ocultar» frente a las denuncias de excesos policiales que se han multiplicado en estas semanas.
Cientos de personas llegaron hasta el centro comercial, el más grande de Suramérica y con la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno.
La policía acordonó el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía tras evacuar a sus trabajadores.
Locales comerciales aledaños resguardaron sus vitrinas y se vivía un ambiente de tensión en el barrio de Providencia, un sector comercial de clase media alta, a pocas cuadras del Costanera Center.
Empleados de cafés, restaurantes y bancos estaban ansiosos por salir de esta zona antes de que se iniciaran los disturbios.
«Llegó la hora de llegar al oriente», el este acomodado de la capital, decía una de las convocatorias anónimas difundidas en redes sociales, que llamaba al empresariado a unirse al descontento del pueblo.
La policía antimotines usó chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se concentraron en varios puntos alrededor del centro comercial, un ícono del progreso económico de Santiago.
En algunos sectores, también se levantaron barricadas.
«La gente está más bien triste y asustada por cómo retomar la normalidad del país», dijo Andrea Ortega, una abogada de 43 años de edad, que dejó su oficina para buscar a sus hijos antes de la hora habitual por miedo a disturbios.
Para Arturo Donoso, un padre de 40 años de edad señaló: «Es triste ver al país así. La ciudad está apagada, y yo creo que todos entendemos que hay una demanda justa. No porque vivamos aquí no lo sabemos».
Las protestas sociales, que estallaron el 18 de octubre, tienen como principal escenario el centro de Santiago, con manifestaciones -algunas violentas- casi a diario delante del palacio presidencial y en los alrededores de la Plaza Italia.
La convocatoria de protesta también fue a manifestar en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, con sede en la exclusiva comuna de Vitacura uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad y donde también se emplazan la sede regional de la FAO y la OIT.
Por precaución, la Cepal liberó temprano a sus funcionarios.
Junto con las protestas, crecen las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo.
Uno de ellos fue detenido este miércoles y se le imputará el delito de apremios ilegítimo, informaron medios locales.
La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por «tortura» contra dos personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente en los primeros 9 días de protestas.
Ante esta ola de denuncia, Piñera afirmó el miércoles: «Establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar».
El mandatario aseguró que con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron disturbios violentos, saqueos y dañaron más de 70 estaciones de Metro en medio de las protestas, se hará con los casos de uso excesivo de la fuerza.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares.
El Colegio Médico, en tanto, contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita al país, sumándose a la misión de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ya se encuentra en Chile.
El miércoles, además, varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura, arribaron al país para investigar las denuncias.
Junto a varios de sus ministros en la sede presidencial de La Moneda, Piñera firmó un proyecto de ley que eleva -financiado por el Estado- el salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de la agenda social con la que busca aplacar el malestar.
Cercado por las protestas, el mandatario descartó el martes renunciar, en una entrevista que concedió a la BBC de Londres.
«Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos», dijo Piñera.
El sujeto fue identificado como Dayonis Orozco y se encontraba en camino a Venezuela al momento de la captura. La fiscalía de Chile trabaja para garantizar su extradición y el inicio del proceso penal del que huyó
El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró ante la prensa que se involucró desde el inicio en la investigación por el caso de Ojeda a pesar del silencio. También envió condolencias a sus familiares
"Hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados", en un caso "vinculado principalmente al Tren de Aragua (...) y que ha estado cometiendo distintos delitos, como el de secuestro", dijo el fiscal Héctor Barros, a cargo del caso
