Reagan y los migrantes: cuando los republicanos pensaban distinto

La llamada “amnistía” de Ronald Reagan que abrió las puertas a la ciudadanía a millones de indocumentados, cumplirá 39 años en este 2025, siendo el actual un año de decisiones severas en la materia, muy distantes de lo que se aprobó con votos de demócratas y republicanos en aras de establecer un marco legal que atendiera de manera integral el tema migratorio en Estados Unidos.

Eran otros tiempos, pero pese al carácter conservador y a veces excéntrico de Reagan, su gobierno entendió que la migración era parte sustantiva, entre otras áreas, de la productividad agrícola estadounidense.

Reagan, quien gobernó entre 1981 y 1989, firmó el 6 de noviembre de 1986 la promulgación de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA) que otorgó la legalización y un camino a la ciudadanía a cerca de 3 millones de inmigrantes, entre los que había aproximadamente 1,3 millones de trabajadores del campo, fundamentalmente mexicanos.

La IRCA estuvo precedida en el tiempo de legislaciones restrictivas o punitivas, junto a planes específicos para la incorporación de la mano de obra mexicana en la economía de EEUU, como es el caso del Programa Bracero. Entre 1951 y 1960, cuando estuvo en su apogeo este programa, casi 300 mil mexicanos obtuvieron la residencia permanente.

El fin de este programa abrió un período de “migración circular de los trabajadores indocumentados” entre 1965 y 1986. Ex braceros se quedaron trabajando sin documentación en EEUU y además la pujanza económica de ese país entre 1960 y 1970 le convirtió en una suerte de meca para la migración internacional.

En ese período además se hizo evidente un plan de los empleadores estadounidenses por facilitar las condiciones para que familiares de los trabajadores agrícolas mexicanos pudieran establecerse en ese país. Sin embargo, desde el gobierno se promovían las detenciones de migrantes que se hicieron cotidianas desde mitad de los 1970 y poco después sumaron, en promedio un millón de capturas por año.

De acuerdo con el estudioso Rafael Alarcón, la IRCA abre un nuevo período. Se trata de una nueva etapa, con la que comulgaban Reagan y la clase política del Washington de entonces, de otorgar una amnistía para migrantes sin documentación y ofrecer facilidades para el asentamiento en Estados Unidos de aquellos extranjeros que venían a trabajar, y especialmente se privilegiaban las reunificaciones familiares. Aquello fue un giro significativo.

La IRCA entró en vigencia el 1 de enero de 1987 y durante la década siguiente tuvo un impacto positivo, incluso medido en términos de los aportes de trabajo de migrantes en suelo estadounidense. Esta ley, aprobada por un acuerdo entre demócratas y republicanos, tuvo como telón de fondo la agudización de una crisis económica prolongada en México y trató de satisfacer las demandas de varios sectores, incluyendo a cultivadores y empleadores de EEUU, bajo un esquema en el cual era necesaria la mano de obra migrante para determinadas actividades laborales en territorio estadounidense.

Desde entonces, por casi cuatro décadas, en Estados Unidos no se ha abordado el tema migratorio de una manera integral. La actuación oficial, especialmente en este siglo XXI, pasó de cerrarse y restringir acceso a los extranjeros como respuesta a los ataques contra las Torres Gemelas de 2001, a medidas de expulsiones (de menor o mayor magnitud) en los diferentes gobiernos que siguieron: Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden y ahora, de nuevo, Donald Trump.

Sigue siendo una asignatura pendiente lo que entendemos como el meollo del asunto, que debería enfocarse en cómo lograr una migración por vías legales que dé respuesta a una creciente demanda humanitaria, junto a una política de asilo que respete a las personas perseguidas y les dé respuestas oportunas tanto a las solicitudes como al trámite en su conjunto.

Mientras persistan condiciones políticas o socioeconómicas adversas que expulsen de sus países a ciudadanos de naciones como Venezuela, Cuba o Haití; los venezolanos, cubanos y haitianos seguirán tratando de ingresar a Estados Unidos. Junto a esto tenemos una clara realidad en América Latina: la mayoría de países atraviesan crisis de menor o mayor calado, sin posibilidades de absorber a una población migrante masiva como la que se registra en esta tercera década del siglo XXI.