CAP y Alan García: coincidencias, divergencias y tragedia

La brecha generacional entre los ex presidentes Carlos Andrés Pérez (1922-2010) de Venezuela, y Alan García Pérez (1949-2019), de Perú, es apreciable. En las décadas de los ochenta y noventa se los veía como alternativas prometedoras dentro de la socialdemocracia latinoamericana, cuando el mundo comenzaba a salir de la “guerra fría”. La “muerte política” de ambos fue expresión de la tragedia que ellos atribuían, coincidentemente, al odio y la persecución judicial de sus enemigos.

1) COINCIDENCIAS

Se les considera “hijos políticos” de dos grandes líderes fundamentales latinoamericanos de principios del siglo XX: Víctor Raúl Haya de la Torre y Rómulo Betancourt. Estrechamente vinculados fraternal e ideológicamente, su acción política surgió cuando las sociedades agrarias comenzaban a decaer, para dar paso a una incipiente industrialización en la que lo urbano desplazó a lo rural. Impulsaron expresiones partidistas dominantes en el siglo XXI, aunque de forma precaria: la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y Acción Democrática (AD).

Estos partidos presentaban planteamientos político-filosóficos y fundacionales coincidentes. Ambos eran tributarios del movimiento comunista mundial de la época, convertidos en socialdemócratas. Si bien no negaban el papel del Estado para superar las desigualdades sociales y económicas –con un discurso antiimperialista, particularmente antiestadounidense–, privilegiaron la “democracia” sobre la “revolución”.

Ambos líderes, García y Pérez, fueron dos veces presidentes. AD, partido histórico venezolano, asumió el poder en varias ocasiones, desde los efímeros gobiernos de 1945 a 1948 de Betancourt y Gallegos y, a partir de 1958, con Betancourt, Leoni, Pérez y Lusinchi. El APRA accedió al poder solamente por los gobiernos de Alan García, en 1985-1990 y 2006-2011. Su líder fundamental, Haya de la Torre, nunca pudo ser presidente.

 2) DIVERGENCIAS

Presidencia estatista: Alan García Pérez

En 1985, el joven Alan García Pérez asumiría, a los 35 años, la presidencia de Perú. Lo hizo con el temor histórico de que los militares peruanos, de formación conservadora, pudieran desconocer al gobierno del APRA.

En la década de los ochenta, comenzaban a imponerse con firmeza en el mundo occidental las fórmulas neoliberales de los gobiernos de Reagan y Thatcher. América Latina mostró su resistencia a abandonar las políticas estatistas y las nacionalizaciones.

García decide continuar el discurso antioligárquico, colectivista y estatista de la revolución militar de Juan Velazco Alvarado (1968-1975), incluyendo la nacionalización de la banca restante, que había iniciado Velazco. Décadas después, admitiría haberse equivocado debido a su juventud y a su falta de experiencia al momento de asumir el gobierno.

Afirmó haberse inspirado en las políticas instrumentadas por el gobierno socialista de Francois  Mitterrand, conforme a la promesa electoral de 1981, de nacionalizar el crédito y a los once grupos industriales de Francia que aglutinan los sectores estratégicos.

Las acciones de García resultaban inoportunas. Recurría, demagógicamente, al discurso antiglobalizador y antineoliberal, mientras el mundo experimentaba lo contrario. Adoptó, de manera radical, la prédica “castrista” contra el pago de la deuda externa, y desafió a los mecanismos de financiamiento internacional. Adelantó un proceso de nacionalizaciones y expandió el gasto público como si los recursos fueran ilimitados.

Hayes Montes refleja la situación del gobierno: “La inflación llegó a un récord de 1.722 % en el año pasado (1988) y se espera que sea mayor a 10.000 % en 1989, lo cual ha de reducir los sueldos y salarios a niveles de supervivencia. La economía se contrajo en 9 % en 1988, y es probable que se contraiga aún más este año. (…) A pesar de que muchos peruanos culpan al presidente Alan García por el caos, la mayor parte de los analistas independientes sostienen que la crisis económica se ha ido estableciendo hasta un punto de erupción en las últimas décadas, y que las políticas de gasto desmesurado del populista García fueron simplemente el detonante. Los ataques de la fanática organización guerrillera Sendero Luminoso han tenido un incremento en meses recientes, y la cifra de muertes causadas por la insurgencia de nueve años ha sobrepasado las 14.000”.

Presidencia neoliberal: Carlos Andrés Pérez

El segundo gobierno del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (1989-1993) resultó lo contrario del primero (1974-1979). Abandonó el proteccionismo y el estatismo, promoviendo el libre mercado y, con este, la liberación de la economía. En su discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1989, prometió la liberación progresiva de la economía en todo lo que fuera necesario, abarcando todos los aspectos: tipo de cambio, exportaciones, precios, tasa de interés. Todo ello, con el objetivo de superar “el intervencionismo avasallante del Estado protector y munificente”.

Para enfrentar la crisis, se suscribió en Washington, el 28 de febrero de 1989, un programa de “ajustes macroeconómicos” sugerido y auspiciado por el FMI, a través del “paquete económico” diseñado por el ministro de Coordinación y Planificación Económica, Miguel Rodríguez. De ese modo, se aseguró la captación de “dinero fresco” para paliar los desequilibrios causados por su implementación, en concordancia con el restablecimiento de las garantías económicas constitucionales.

El plan no fue previamente consultado, o fue tardíamente expuesto a los sectores políticos y a la opinión pública en general. Se coincide en señalar que se mantuvo oculto para evitar su incidencia negativa en el proceso electoral de 1988. Comenzó una política de privatización en los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, gas, petroquímica y participación del capital transnacional en la reactivación de campos petroleros, faja petrolífera del Orinoco y mercado interno de gasolina. Esto detonó una actitud mojigata entre los sectores radicales de la izquierda y los ultranacionalistas de las fuerzas armadas, que argumentaban la “entrega de la soberanía nacional”.

Las políticas de “liberación de la economía” o desmontaje de los controles del Estado trajeron como consecuencia la reacción de grupos políticos y empresariales usufructuarios del rentismo petrolero estatal en la “cuarta república”, debilitando el apoyo al gobierno, incluso por parte de AD.

El programa fue satanizado por su carácter “neoliberal”. Se buscó propiciar un efecto despectivo contra el gobierno por parte de la extrema izquierda venezolana e internacional, más los enemigos de Pérez y del sistema democrático representativo. De ese modo, se  promovió una simbología dilemática extremista: bien/mal, entreguistas/nacionalistas, realistas/patriotas, ricos/pobres, mayorías/minorías, pueblo/élite. Esa dicotomía fue enarbolada por los movimientos golpistas de febrero y noviembre de 1992, atribuyéndole todo lo negativo al gobierno.

3) MUERTE POLÍTICA

Carlos Andrés Pérez Rodríguez

En noviembre de 1992, los periodistas Andrés Galdo Ferrer –relacionado con el sonado caso del asesinato de Lorena Márquez de Capriles, de quien era padre (1991)– y José Vicente Rangel, denuncian la desaparición de 17,5 millones de dólares estadounidenses –equivalentes, para la época, a 250 millones de bolívares–, de la partida secreta, a pocos días de la llegada de Pérez a la presidencia. El uso de esos recursos fue, aparentemente, aprobado en Consejo de Ministros, presumiblemente para destinarlos a la seguridad del acto de traspaso de poder de Daniel Ortega a Violeta de Chamorro en Nicaragua, en 1990.

La cantidad en bolívares había sido canjeada al Banco Central de Venezuela por su equivalente en dólares estadounidenses. La operación se hizo a pocos días de clausurarse el régimen de control cambiario conocido como Recadi. Rangel afirmó que tal acción había sido “raspar la olla de los dólares”.

Se inició así un proceso penal contra Pérez, impulsado por el entonces fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom. Este formaba parte del grupo conocido como “Los Notables”. Con base en la denuncia de Rangel, se descartaron las investigaciones adelantadas por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público. Se declaró “con lugar” del antejuicio de mérito el 20 de mayo de 1993.

En esa fecha, la extinta Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia. La votación fue de 9 a 3 a favor, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. Algunos especialistas en materia administrativa consideraron esas calificaciones delictuales como contradictorias con respecto al caso de la “partida secreta”.

Pérez se negó a aclarar, e incluso a contestar el cuestionario elaborado por la comisión de diputados designada para investigar el caso sobre la utilización de estos fondos, debido a su carácter secreto.

Pérez le entregaría la primera magistratura a Octavio Lepage, quien era presidente de la Cámara del Senado. A este se le consideraba la principal ficha del ex presidente Lusinchi. El episodio fue visto como la última escaramuza de la diatriba Pérez-Lusinchi y una suerte de reivindicación del  lusinchismo.

El 19 de mayo de 1994, se ratifica el auto de detención contra Pérez, quien permanecería bajo arresto domiciliario por su edad. En esa condición, denunció: “Hoy se ha consumado un nuevo atropello contra mí. Ningún delito he cometido. Se me encarcela para iniciar un juicio con el ánimo de satisfacer odios de quienes me han agredido con inmisericorde saña”.

Tragedia

Resultaba irónico que Pérez, quien había defendido la democracia y logró frustrar dos golpes de Estado sangrientos en 1992, fuera privado de libertad. Entretanto, el teniente-coronel retirado Hugo Chávez, protagonista y cómplice de esos alzamientos, fue excarcelado, sobreseído y rehabilitado en sus derechos políticos.

En septiembre de 1996 se le otorga la libertad al ex presidente. En marzo de 1997, es expulsado de Acción Democrática. Funda, entonces, el Movimiento Apertura y Participación Nacional, iniciando nuevamente sus actividades proselitistas. En abril de 1998, en medio de una acción políticamente persecutoria –y utilizando para cumplirla el sistema de justicia–, se ordenó su arresto domiciliario. Los nuevos cargos eran por enriquecimiento ilícito, presuntamente acaecido durante su segundo gobierno.

En noviembre  de 1998, es elegido senador por el voto popular del estado Táchira. Recupera su libertad en razón de la inmunidad parlamentaria derivada del cargo: «Ningún acto de mi vida pública me avergüenza, tengo la conciencia tranquila. Todos saben que he sido víctima del odio y por eso mi pueblo me devolverá la libertad para seguir luchando por Venezuela».

En el acto de toma de posesión de Hugo Chávez Frías como presidente de la república, en febrero de 1999, ambos protagonizan, en la sede del Congreso Nacional, un fugaz encuentro, con apretón de manos incluido. Pérez ejerció muy poco tiempo como senador, ya que casi de inmediato se inició el proceso constituyente. Vuelve a presentarse como candidato a miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Táchira, pero lo superó la candidata del Polo Patriótico, Iris Varela.

Alan García Pérez 

En enero de 2001, Alan García regresa al Perú después de casi nueve años de asilo en Colombia, donde se radicó luego del golpe de Estado de 1992. Volvió a su país para participar en la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales de abril de ese año. El retorno de García fue posible al fallar dos salas de la Corte Suprema de Justicia a favor de la prescripción de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, colusión ilegal y cohecho pasivo que se le imputaban. Igualmente, quedan sin efecto las órdenes de captura nacional e internacional que pesaban sobre él. Esos cargos le habían sido imputados durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Es elegido presidente en 2006, derrotando a Ollanta Humala, quien era considerado el candidato del chavismo.

Regresaría al Perú procedente de España en febrero del 2017, para comparecer ante el Ministerio Publico y declarar ante el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Volvió para colaborar con las instituciones del Estado en la investigación sobre la concesión del Gasoducto del Sur a la empresa brasileña Odebrecht, otorgada durante el  gobierno de Ollanta Humala. Se lo acusó de haber recibido sobornos de Odebrecht a través del secretario de la Presidencia y del entorno ministerial de la época. En  específico, se le relacionaba con la adjudicación del contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Tragedia

En noviembre de 2018, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, tras serle dictada prohibición de salida del país por 18 meses, debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht. Se consideró que los documentos entregados por la empresa en el marco de “colaboración eficaz” con la Fiscalía brasileña infieren la participación en la entrega de dinero proveniente de una fuente ilícita, lo que «amerita no solo la investigación en este caso, sino además la imposición de la medida, a fin de que los hechos sean aclarados”.

Parte de la documentación la divulgaron una ONG denominada IDL Reporteros y su portavoz, Gustavo Gorriti. Se señala a García de manipular las investigaciones del Ministerio Publico para desprestigiar a políticos a favor de la presidencia de Martin Vizcarra y de la izquierda. Incluso, se ha publicado audios y videos que involucran autoridades, jueces y políticos. Al parecer, el material fue suministrado por la Fiscalía con el consentimiento de Vizcarra. Este, presumiblemente, controla esa instancia desde la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chavarry, en enero de 2019. Chavarry era apoyado en el parlamento por la alianza del APRA-Fuerza Popular, este último el partido fujimorista.

Ante la inminente detención preventiva que dictaría el Poder Judicial, sostuvo: “Todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. Me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente” (…) «Rechazo tajantemente eso. Es una cobardía intelectual, es demagogia jurídica… Ratifico la limpieza de mis actos y mi aversión a tener los millones que muchos creen que yo tengo… Puedo decirles que yo, para robar, no nací».

Refiere, aludiendo a que no se encontró nada en su contra: “(…) eso llena de odio a mis adversarios, a quienes me tocó derrotar dos veces… enemigos tengo, y de sobra; y ex amigos tengo más”. Acota que no tiene apoyo en los medios de comunicación, dando a entender que estos forman parte de un complot en su contra.

El suicidio de Alan García, ocurrido el 17 de abril de 2019, no tuvo mayor incidencia en la convulsionada política peruana. En su carta última, leída en las exequias por su hija Luciana García Nores, manifiesta: “Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, y a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse”.

 Abogado UCAB. Internacionalista UCV