La historia de Claudia Díaz Guillén podría sintetizarse en la conocida frase: estuvo en el lugar correcto en el momento indicado. Esta mujer que acompañó como enfermera al convaleciente Hugo Chávez, una vez que éste regresó de Cuba, amasó en corto tiempo una fortuna que decidió transformar en lingotes de oro.
Una investigación realizada por la agencia de noticias Associated Press (AP) que apeló a fuentes en Estados Unidos, en la nación caribeña de San Vicente y las Granadinas, y en el microestado europeo de Liechtenstein, ha revelado una trama millonaria de corrupción en torno a Díaz Guillén, una desconocida sargento técnico que se catapultó hasta manejar la tesorería nacional y ser la persona que estaba en el lecho de enfermo de Chávez en sus días finales.
Meses después de que se notificara oficialmente la muerte de Chávez, en marzo de 2013, la militar retirada montó en 2014, asesorada por expertos en lavado de dinero, un esquema para transformar en lingotes de oro un dinero equivalente a 9,5 millones de dólares. Creó una empresa fantasma en el caribe, precisamente en una nación que de forma sostenida ha votado a favor del chavismo en los foros internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA).
El portal Poderopedia, especializado en revelar las relaciones de poder en Venezuela, deja en evidencia que Díaz Guillén no estaba conectada con ningún grupo de poder dentro del régimen venezolano y que su única puerta para llegar a Chávez fue su condición de esposa de Adrián Velásquez Figueroa, edecán personal del entonces mandatario venezolano.
AP resume la operación realizada por la ex enfermera: usando la empresa ficticia compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein. Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando cumpliera 18 años.
Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fueron a parar a un banco suizo, que también está bajo investigación por ser tapadera de dinero de la corrupción del chavismo.
Díaz y su esposo, Velásquez Figueroa, se dieron a conocer en 2016 gracias a la investigación periodística internacional conocida como los Panamá Papers. El ex edecán presidencial usando a la firma panameña Mossack Fonseca apostó a crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, en el océano Índico.
Estados Unidos ha venido presionando a las autoridades financieras de microestados europeos como Liechtenstein o Andorra, o la propia Suiza, para llevar adelante una investigación global que ayude a develar a dónde fue a parar el dinero que malversó la corrupción en Venezuela. Se estima que podría estar en el orden de los 300 mil millones de dólares en total.
El caso de Díaz Guillén ha sido resaltado en la investigación debido a que empleó métodos innovadores para hacer circular su fortuna por varios paraísos fiscales, tratando de evitar ser descubierta.
Además de la investigación en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en los Estados Unidos por su presunta participación en un fraude cambiario por 2.400 millones de dólares. En España, donde residen, también se les investiga por la compra de un departamento de 1,8 millones de dólares.
Consultado por la agencia de noticias estadounidense en Madrid, el abogado de esta pareja de venezolanos, Ismael Oliver, dijo que sus clientes “no tienen conocimiento, ni oficial ni de otro tipo” sobre la investigación realizada por Liechtenstein.
Cuando fue presentada ante la justicia española, en diciembre de 2018, en un proceso solicitado por Caracas para extraditar a la pareja, Díaz Guillén aseguró a la prensa de Madrid que el dinero que obtuvo mientras ocupó los cargos de Tesorera de la Nación, secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y enfermera del ya fallecido presidente de la República fue un dinero bien ganado y que lo hizo con el sudor de su frente, pero que no le dio tiempo a gastarlo.
En febrero del año pasado, la justicia española negó la posibilidad de que Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fuesen extraditados a Venezuela. El juez que revisó el caso concluyó que ambos podrían engrosar la lista de presos políticos del régimen, sin derechos humanos básicos, si eran regresados a Caracas, por lo que se les ha permitido seguir viviendo en Madrid.