La contundencia del documento presentado por Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela refuerza la posibilidad de llevar al régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, especialistas en la materia consideran que el informe propiciará una mayor repulsa mundial contra el chavismo
El demoledor informe de la Misión de Verificación de los Hechos, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece que el régimen de Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, dará impulso para que se active el proceso ante la Corte Penal Internacional y acrecentará el aislamiento internacional del chavismo.
Estas son las dos consecuencias más visibles que tiene este documento, primero de su tipo en un país latinoamericano desde que se instauró la figura de la Misión de Verificación por parte de la ONU.
La contundencia del informe y el carácter intachable de los integrantes de esta misión le otorgan solidez al documento de más de 400 páginas, que de forma categórica estableció patrones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en cuatro ámbitos: detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
El informe deja abierta, para la Comunidad Internacional, la posibilidad de que los Estados puedan activarse ante estos gravísimos crímenes, que quedan suficientemente documentados, comentó el abogado Carlos Lusverti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
Por su parte, desde México, la directora de Investigación de Amnistía Internacional para América Latina, la venezolana Carolina Jiménez, dijo no tener dudas de que este informe puede marcar un punto de inflexión en el seno de la Corte Penal Internacional, que hace dos años inició un examen preliminar y aún no determina si abre un proceso contra el gobierno de Maduro.
Una tercera arista la ha planteado el diputado opositor Miguel Pizarro, quien pidió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúe si el gobierno de Venezuela debe seguir ocupando un sillón en dicha instancia, tras conocerse la dureza de los testimonios contenidos en el documento.
Al igual que ocurrió con las dictaduras militares de Suramérica en los años 1980, el chavismo en Venezuela ha usado la electricidad en genitales, ha arrancado uñas o mutilado dedos, ha asfixiado a las víctimas, ha violentado sexualmente a mujeres detenidas, ha crucificado a interrogados, entre otras tantas prácticas de tortura practicadas principalmente en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los investigadores de la misión analizaron en detalle 233 casos, tras revisar inicialmente unos 3 mil, con lo cual corroboraron patrones de violaciones y crímenes cometidos en Venezuela.
Está pendiente que en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se decida o no renovar el mandato de esta Misión de Verificación por un año más. Unas 80 organizaciones de derechos humanos de Venezuela e internacionales están demandando al Consejo que renueve y le otorgue mayores recursos a la misión.
Dada la ausencia de países aliados del chavismo como Cuba, Rusia, China y Turquía en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en este año 2020, es probable que pueda avanzarse en establecer un mayor cerco diplomático sobre el régimen de Maduro.
Antes de que finalice septiembre, el Consejo deberá discutir el informe, decidir si renueva el mandato de la misión de verificación de los hechos y además conocer una actualización del informe-país que adelanta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con Michelle Bachelet a la cabeza. El caso Venezuela estará siendo objeto de debates y votaciones.
Por otra parte, en relación con el impacto de este informe en el seno de la Corte Penal Internacional, el abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba, desde Washington, comentó la reconocida capacidad técnica de los tres expertos que encabezaron la misión y su relación previa con la CPI, y dado que conocen a esta instancia, el informe podría ajustarse a criterios que sean de utilidad para la Corte de La Haya.
Los miembros de la misión independiente de determinación de hechos tienen vínculos con la Corte Penal Internacional. «Marta Valiñas fue parte del equipo de investigación de la Fiscalía hasta 2019. Francisco Cox representó a víctimas de Uganda ante la Corte, y Paul Seils se desempeñó como jefe de unidad de análisis», precisó de Alba, un abogado venezolano afincado en Estados Unidos.
Para la comunidad internacional, el informe hace señalamientos concretos contra funcionarios del Estado venezolano. Se determina una cadena de mando y las subsecuentes responsabilidades. En concreto, aparecen señalados Nicolás Maduro, como jefe del Estado; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el ministro del Interior, Néstor Reverol, de quien dependen los órganos de seguridad estatales.
Durante las próximas semanas habrá que seguir con atención las decisiones que adopten países occidentales en relación con Venezuela, sobre la base de este informe que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad internacional y entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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