Censura bajo el régimen de Maduro (III): Globovisión, el fin de una era

No había transcurrido una semana del anuncio oficial sobre el deceso de Hugo Chávez, cuando se dio a conocer una noticia, que, vista en retrospectiva, también simbolizó el fin de una era. El 11 de marzo de 2013 se confirmó que el canal de noticias Globovisión, acérrimo crítico del chavismo, había sido vendido.

En aquel momento, Nicolás Maduro era presidente en funciones. Un mes después de realizarían unas elecciones cuyos resultaron estuvieron en duda.

Se trató de una venta forzada y fue el resultado – exitoso para el chavismo – de una sistemática campaña de hostigamiento gubernamental, que escaló significativamente a partir del cierre de RCTV en 2007.

El cambio de mando en Globovisión entró en vigencia el 15 de abril, mientras que Nicolás Maduro tomó posesión oficial como presidente de Venezuela el 19 de abril.

A partir de toda la conflictividad que desencadenó el cierre de RCTV, e incluso el impacto político que tuvo localmente y en el exterior, fue claro que el gobierno había aprendido la lección en relación con el alto costo que le representaba el cierre de un medio por orden ejecutiva directa.

No puede olvidarse que el cierre de RCTV fue catalizador en la irrupción pública del movimiento estudiantil y tuvo un impacto en la primera derrota electoral del régimen, cuando ganó la opción de rechazo a la reforma constitucional en el referéndum del 2 de diciembre de 2007.

Por lo tanto, con Globovisión – sin duda una piedra en el zapato para el chavismo – se eligió otra vía para quebrantar su línea editorial.

Un nuevo esquema de censura

Este nuevo esquema fue un hostigamiento sistemático de bajo o mediano impacto, sin que una medida implicara en sí el cierre sino colocando sobre las finanzas, operaciones y personal de este medio de comunicación una carga tan alta que finalmente lo volvió inviable. La censura se perfeccionaba, al torcer la línea editorial crítica de un medio independiente.

Dos hechos, en aquellos primeros meses de 2013 dejaban en evidencia la estrategia oficial, que terminó rindiendo frutos:

El canal de noticias fue obligado a pagar una multa equivalente a algo más de dos millones de dólares por presuntamente “generar zozobra” cuando informó de lo ocurrido en la cárcel de El Rodeo (una multa en 2013 sobre un hecho en 2011).

El proceso de apelación que introdujo Globovisión terminó con una decisión aún peor: según el Tribunal Supremo de Justicia, si el canal no pagaba la multa de forma perentoria, sus bienes serían embargados por el triple del monto original. El canal pagó.

También se le dejó fuera de la Televisión Digital Terrestre (TDA). Globovisión, sin justificación alguna que pueda explicarse técnicamente, fue excluida de la parrilla de canales en el nuevo sistema digital. Tal medida oficial implicaba el rezago tecnológico del canal.

La carta de Guillermo Zuloaga a los trabajadores del medio es tal vez el más duro testimonio de los costos que conllevaba mantener una voz disidente en la era chavista en Venezuela.

La inviabilidad del medio, a lo cual se refiere la misiva, no tiene que ver con un mal modelo de negocios; la inviabilidad en este caso es consecuencia de las sanciones directas e indirectas impuestas por el chavismo durante más de una década.