¿Habrá llegado la hora de las ONG?

Hace algunos meses, en este mismo espacio, comentábamos que la estrategia del chavismo para demoler a los actores políticos democráticos, que tuvo su momento clímax con la toma de la Asamblea Nacional en enero de este año, dejaba el espacio vacío para la construcción de nuevos adversarios en la lógica de la confrontación permanente, con la que se ejerce el poder en Venezuela.

Derrotado Juan Guaidó y sus referentes, tanto por la estrategia del chavismo como por sus propios errores, vaciadas de presupuesto y de movilización democrática las universidades, van quedando pocos referentes a los cuales dirigir la artillería propagandística y la trama seudolegal. Por un lado se descalifica, se señala, y por el otro se muestran dictámenes con los cuales se quiere revestir de legalidad al atropello.

Así vamos. A inicios de este 2021 era evidente que los medios de comunicación, ahora digitales y con independencia editorial, iban a estar en mirilla, así como las organizaciones de la sociedad civil. Éstas por dos razones, unas vienen documentando las violaciones masivas de derechos humanos y sus informes son soporte de organismos internacionales; otras se han abocado a la ayuda humanitaria, y allí le hacen perder al chavismo su mecanismo más preciado de control social, las bolsas de comida para maniatar y chantajear a los pobres.

La semana pasada fue uno de esos períodos en los cuales el poder dio señales de que ha llegado la hora de las ONG. Con pocos días de diferencia se dieron a conocer dos decisiones, en teoría no conectadas, pero cuyo objetivo forma parte de lo que e su momento el alto comisionado de derechos humanos de la ONU denunció como achicamiento del espacio cívico en Venezuela.

Este viernes 16 de abril, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (el parlamento dominado ahora por el chavismo) confirmó que había aprobado una primera versión de la Ley de Cooperación Internacional. Para que se convierta en ley efectivamente necesitará de dos discusiones en plenaria, pero se da por descontado que la mayoría de diputados afines al régimen de Nicolás Maduro le otorguen el visto bueno.

La Ley de Cooperación Internacional había sido colocada como prioridad en la agenda legislativa de este año, una vez que el chavismo logró recuperar el control sobre la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

Un funcionario con conocimiento del proyecto legislativo, nos confirmó que el gobierno de Maduro apunta a crear una instancia estatal que reciba y centralice toda la cooperación internacional de otros gobiernos, la cual actualmente en algunos casos reciben de forma directa las ONG.

Con unas finanzas menguadas, este mecanismo le daría a Maduro control de facto sobre los fondos foráneos. Asimismo, se establece un registro obligatorio de todas las ONG para poder seguir operando en el país.

El telón de fondo de este proyecto legislativo debe buscarse en la pantalla de Venezolana de Televisión. De forma reiterada, el número dos del régimen, el ahora diputado Diosdado Cabello, arremete contra las ONG a las que acusa genéricamente de conspirar contra el gobierno.

Cuatro días antes, el 12 de abril se difundió una Gaceta Oficial, que data del 30 de marzo, con la normativa para el registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De forma explícita se incluye a las instituciones sin fines de lucro.

El abogado y defensor de derechos humanos, Alí Daniels, aseveró que el chavismo pretende supervisar a los donantes y beneficiarios de estas agrupaciones de la sociedad civil. En este registro deberán inscribirse las ONG venezolanas en un lapso de 30 días.

Entre los recaudos que el régimen exigirá a las organizaciones sin fines de lucro destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes; así como un listado de personas beneficiarias de sus programas o proyectos, debidamente identificadas, que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia.

Cientos de ONG han ayudado desde diferentes terrenos a quienes hoy sufren las peores consecuencias de la crisis y de la dictadura en Venezuela. El régimen vuelve a arremeter en su contra solicitándoles información de sus donantes y beneficiarios para controlar sus actividades, esto lo denuncia Miguel Pizarro, estrecho colaborador de Juan Guaidó y nombrado por éste como comisionado para la ayuda humanitaria.

A mi juicio, es posible que el chavismo no arremeta de forma generalizada contra las ONG sino que use estos instrumentos, la ley y el registro, para actuar sobre aquellas organizaciones locales que estuvieron aliadas con Guaidó para el ingreso y distribución de ayuda humanitaria dentro del país.

La emblemática organización Provea, el programa venezolano de derechos humanos fundado en 1988, anunció que no se acogerá al registro oficial de la oficina antiterrorista, ya que velará por la identidad de familiares y víctimas de derechos humanos que han acudido en busca de soporte.

“Nicolás Maduro y su cúpula de poder quieren controlar el trabajo de las ONG y sociedad civil venezolana, a través de una reciente regulación para obligarnos a revelar los nombres de nuestros cientos de beneficiarios. Nos negamos”, sostiene una comunicación hecha pública por esta organización. Otras ONG, sin hacer una declaración pública tan tajante, han dejado en claro que no se acogerán a ningún registro promovido por el chavismo.

El control del financiamiento internacional, al que apunta el régimen de Maduro no solo tiene impacto al limitar la libertad de asociación ya que restringe el campo de las ONG, sino que también tendrá un impacto posiblemente en el periodismo.

Dada la enorme crisis con más de tres años en hiperinflación, que ha golpeado de forma directa a anunciantes y empresas privadas, no pocos medios de prensa independientes de Venezuela apelan al financiamiento externo como una manera de sobrevivir en el adverso contexto económico.