Crisis Group analiza el estallido social en Colombia, un país de enormes desigualdades donde las protestas son tenidas por el gobierno como un asunto de orden público. A pesar del acuerdo de paz de 2016 y de los esfuerzos de la justicia transicional para responder a los abusos de los militares, las fuerzas de seguridad de Colombia nunca han reconocido su mala conducta, en el pasado o ahora.
Colombia inició el 2021 con algunas malas premoniciones. En los últimos dos años se han vuelto evidentes las señales que advierten sobre un profundo descontento social. El gobierno, tratando de tapar los huecos fiscales que preocupaban a los inversionistas y de dar una respuesta a la pandemia, no prestó suficiente atención a la creciente insatisfacción por la enorme desigualdad, violencia política e inseguridad.
Cuando el presidente Iván Duque presentó en abril una reforma tributaria que habría aumentado la carga sobre las familias de clase media, los manifestantes salieron a las calles de Colombia para airear su descontento. El Defensor del Pueblo reportó el 5 de mayo que al menos 24 personas han muerto en las protestas, pero grupos de la sociedad civil elevaban la cifra a 31.
Casi 90 personas fueron reportadas como desaparecidas el 4 de mayo, pero el gobierno afirma que 47 han sido encontradas desde entonces.
Los manifestantes están, en esencia, retomando lo que dejaron cuando la pandemia de COVID-19 apareció en marzo del año pasado, frenando meses de protestas callejeras que habían iniciado en noviembre de 2019.
Pero ahora la situación es mucho peor. La pandemia ha empujado a 3,5 millones más de personas a la pobreza, lo que significa que el 43 por ciento de la población gana menos de lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. En algunas partes del país la situación es desesperada. En Bogotá, el número de personas que viven en situación de pobreza extrema se ha triplicado en solo un año. La crisis sanitaria también ha puesto en evidencia todas las dificultades que enfrentan los más pobres.
Las personas que están en el sextil más bajo de ingresos son diez veces más propensas a ser hospitalizadas por COVID que las que están en los dos sextiles de ingresos más altos.
“No tengo como para pagar un médico, así que no podemos enfermarnos”, le dijo a Crisis Group un manifestante en Cali.
Al mismo tiempo, la violencia en las áreas rurales ha aumentado, después de años de disminución tras el acuerdo de paz de 2016 entre Colombia y la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2020, con los ciudadanos bajo cuarentena y el gobierno trabajando a distancia, nuevos y viejos grupos armados aprovecharon para ampliar y consolidar su control territorial en varias regiones rurales.
La pandemia aceleró la reconfiguración del panorama del conflicto, y han sido los civiles quienes han pagado el costo de la violencia.
El gobierno ha ignorado frecuentemente las graves advertencias, lanzadas por organizaciones de la sociedad civil e incluso las agencias estatales, sobre los efectos de la desigualdad y la creciente violencia rural; o ha exacerbado la frustración de la población al tratar de implementar políticas desconectada de la realidad como la reforma tributaria de abril.
La legislación propuesta por el presidente, formalmente llamada Ley de Solidaridad Sostenible, habría implementado algunas medidas redistributivas, pero los métodos para recaudar más ingresos recaían sobre todo en la precaria estabilidad de las familias de clase media, que ya de por sí está bastante apretada.
Al mismo tiempo, los colombianos pobres y de clase media han tenido que ver cómo altos funcionarios del gobierno y congresistas han volado a Miami para vacunarse, mientras el resto del país espera las vacunas que llegan muy lentamente.
Cuando han tenido que enfrentarse a los manifestantes, las fuerzas del Estado han respondido en algunas ocasiones actuando con exacerbada brutalidad contra los civiles. Esta violenta respuesta, y la falta de voluntad del gobierno de frenarla o condenarla, han generado una escalada que no para, y que se ha convertido en la principal preocupación de los manifestantes.
La respuesta del gobierno ha oscilado entre una desestimación de las protestas a la condena del “vandalismo terrorista” y una reacción de mano dura. También ha hecho algunas concesiones, incluyendo la decisión del 2 de mayo de retirar formalmente la reforma tributaria. Sin embargo, no hay ningún indicio de que Bogotá esté cerca de calmar las tensiones.
El gobierno ha centrado su cólera en publicitados ataques a miembros de las fuerzas de seguridad y lo que han llamado “vandalismo extremo” en contra de propiedades del Estado.
Inicialmente, el gobierno de Duque y algunos alcaldes intentaron disuadir a los manifestantes de salir a las calles, aludiendo a consideraciones de salud. Colombia se encuentra en medio de la tercera y más severa ola de la pandemia, con la capacidad de los hospitales a nivel nacional casi al límite y reportes de escasez crítica de oxígeno.
A pesar de esto, los manifestantes acudieron masivamente a una huelga nacional el 28 de abril y las movilizaciones han seguido aumentando. La inmensa mayoría de las protestas han tenido lugar de forma pacífica. Pero el gobierno ha centrado su cólera en publicitados ataques a miembros de las fuerzas de seguridad y lo que han llamado “vandalismo extremo” en contra de propiedades del Estado, tales como estaciones de policía, y actos como la quema de buses, los saqueos en ciudades como Cali y la quema de neumáticos.
El presidente, el ministro de Defensa y el fiscal general de Colombia han afirmado que grupos armados y criminales, entre ellos facciones de las llamadas disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas urbanas pagan pequeñas sumas para que se destruya propiedad pública, algo que ha ocurrido en el pasado.
Aunque puede que esto sea cierto, involucraría solamente a una minúscula parte de los manifestantes.
Algunos miembros del gobernante partido Centro Democrático, incluido el influyente expresidente Álvaro Uribe, han hecho un llamado para que se tomen medidas aún más duras. El 30 de abril, el ministro de Defensa anunció que los militares serían desplegados a las calles para “acompañar” a la policía. El 4 de mayo, varios senadores del Centro Democrático solicitaron al presidente que declarara el estado de conmoción interior, que permite que las fuerzas de seguridad allanen hogares y adelanten algunas operaciones sin necesidad de una orden judicial.
Citan incidentes como el horrendo ataque del 4 de mayo en el sur de Bogotá, en el que los manifestantes intentaron quemar un puesto de policía con personal aún dentro. Ese mismo día, el ministro de Defensa Diego Molano declaró que los policías estaban siendo atacados sistemáticamente de forma violenta.
Sin embargo, gran parte de los videos de las protestas que circulan públicamente sugieren que la mayoría de las agresiones van en la otra dirección. Decenas de grabaciones de la noche del 3 de mayo parecen mostrar a la policía disparando indiscriminadamente contra la multitud y a las fuerzas de seguridad atacando a manifestantes indefensos en populosas zonas urbanas.
La televisión local de Cali captó prolongados enfrentamientos en los que la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó contra la multitud a plena luz del día. Ningún alto funcionario del gobierno ha condenado el comportamiento de la policía, aunque la Procuraduría ha abierto investigaciones a 30 miembros de la fuerza pública. Por el contrario, los altos mandos militares y policiales han difundido vídeos en los que felicitan a sus tropas por un trabajo bien hecho y les instan a continuar su labor.
Las fuerzas policiales están bajo el mando del Ministerio de Defensa, no de los alcaldes de las ciudades en las que operan, y las autoridades locales se preguntan si sus peticiones de evitar la represión militar contra los manifestantes están siendo sencillamente ignoradas. El 4 de mayo, el alcalde de Cali convocó a embajadores y representantes de organismos multilaterales con sede en Bogotá y les pidió ayuda para resolver la situación.
Aunque el presidente anunció que sostendría un nuevo “Diálogo Nacional”, no parece que este será el camino para salir de la crisis.
La ruptura entre los manifestantes y el palacio presidencial es cada vez más grande. Aunque Duque retiró la reforma tributaria, los manifestantes prometieron continuar con las marchas y el 4 de mayo los partidos de oposición se rehusaron a participar en nuevas consultas sobre el tema tributario hasta que no haya un cambio en el comportamiento de la policía.
Aunque el presidente anunció que sostendría un nuevo “Diálogo Nacional”, reviviendo la iniciativa gubernamental nacida de las protestas de 2019, no parece que este será el camino para salir de la crisis. La agenda que se ha dado a conocer es muy parecida a la primera ronda de conversaciones, que fueron bastante coreografiadas y no sirvieron para poner fin al descontento que existía antes de la pandemia.
Cali ha mostrado unos niveles muy altos de violencia policial. ¿Cuál es la situación allí?
Esta ciudad ha sido el centro de gravedad de las protestas durante toda la semana en Colombia. Grandes masas de manifestantes pacíficos llenaron las calles el 28 de abril, aunque hubo algunos incidentes aislados de saqueos y vandalismo. Funcionarios de defensa de alto rango, incluido el ministro, reaccionaron con alarma. Varios de ellos se desplazaron inmediatamente a la ciudad esa misma noche, y reportes de medidas de mano dura y brutalidad policial empezaron a surgir no mucho después.
El 30 de abril, organizaciones de derechos humanos denunciaron una serie de supuestos asesinatos a manos de la policía, los cuales fueron negados por las autoridades. Grupos de la sociedad civil reportaron haber sido víctimas de acoso y amenazas, e incluso que les dispararon directamente.
Los enfrentamientos han seguido escalando. El 3 de mayo la policía fue filmada disparando contra los manifestantes, e incluso contra una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en dos barrios de bajos ingresos, La Luna y Siloé.
Líderes de Siloé le dijeron a Crisis Group que la policía usó gas lacrimógeno como distracción antes de comenzar a disparar directamente contra la multitud, matando a tres personas. El 4 de mayo, dijeron a Crisis Group, al menos cuatro personas sufrieron heridas de bala y tres murieron. Tras una semana de protestas, la comunidad ha instalado puestos médicos improvisados y ha dispersado sus manifestaciones entre varios puntos para evitar concentrarse en un solo lugar. “
Protestamos porque estamos indignados”, dijo a Crisis Group un líder local comunitario de Siloé en Cali.
La fuerza del movimiento de protesta en Cali responde en parte a la violencia que han sufrido comunidades cercanas a lo largo de la costa pacífica de Colombia, sobre todo en este último año.
Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó han sufrido masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas entre militares y grupos armados. Muchos de los desplazados y amenazados escapan a Cali, cuyos barrios empobrecidos se han convertido en un lugar de último refugio. Las comunidades indígenas del Cauca viajaron para unirse a los manifestantes en Cali.
Las marchas también han absorbido el impulso del movimiento de protesta que lleva meses en el cercano puerto de Buenaventura, donde una ofensiva dirigida por el Ejército contra los grupos criminales urbanos ha dejado a las comunidades afrocolombianas expuestas a asesinatos por venganza y a desplazamientos forzados.
El sufrimiento de estas comunidades ha generado indignación, sobre todo por la percepción de que el gobierno los ha abandonado. “Estamos cansados. Hemos superado los límites”, le dijo a Crisis Group un líder comunitario.
“Ya no podemos sobrevivir. La gente está lista para suicidarse en vez de continuar. Creemos entonces que este es el momento [de protestar] porque es el único momento que hay”.
También ha habido protestas en ciudades más pequeñas, zonas rurales y regiones históricamente afectadas por el conflicto.
¿Difieren estas protestas en sus reivindicaciones?
Uno de los aspectos más notables de las actuales protestas, en comparación con las de 2019, es que se han extendido ampliamente en zonas rurales y pueblos de Colombia. Según el Ministerio de Defensa, el 3 de mayo se llevaron a cabo marchas en 27 de los 32 departamentos del país. Aunque muchas de estas protestas responden a las políticas económicas del gobierno, sus reclamos van mucho más allá.
Colombia se acerca al quinto aniversario de los acuerdos de paz, y poco de lo que fue prometido a los bastiones históricos del conflicto se ha materializado aún. De hecho, las partes del acuerdo de paz que eran más importantes para las comunidades rurales, como la reforma agraria y el programa de sustitución de cultivos de coca, han sufrido lamentables retrasos. Incluso en los casos en los que se ha avanzado en la implementación de los programas de desarrollo local, el aumento de la inseguridad ha socavado la paz.
La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad ha caracterizado el campo desde hace mucho tiempo. Desde el acuerdo de 2016, la respuesta estándar del gobierno a los brotes de violencia ha sido el despliegue de más tropas.
Las fuerzas de seguridad de Colombia a menudo centran sus esfuerzos en objetivos que tienen métricas claras, como por ejemplo el número de cabecillas capturados, que parecen avances en el papel cuando Bogotá las examina, pero que dejan detrás violencia revanchista y fragmentación de los grupos criminales.
Las comunidades de Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Nariño y otros lugares dicen que protestan para exigir la implementación del Acuerdo de Paz, y el fin de la erradicación forzada de cultivos de coca, incluyendo el prometido retorno a las fumigaciones aéreas, que los expone a más violencia y destruye sus medios de vida.
¿Está haciendo el gobierno lo que se necesita para terminar la crisis?
No aún. Los líderes de las protestas han dicho que están abiertos a algún tipo de diálogo nacional, pero no necesariamente en el formato ha propuesto Bogotá. Pero la decisión de las autoridades de responder a las protestas como si fueran un problema de orden público, y la acumulación de reclamos y demandas por parte de los manifestantes disminuyen la esperanza de una resolución pacífica en el corto plazo.
Es cada vez más evidente que los líderes políticos en el gobierno se concentran solo en el vandalismo, y no hay una reflexión sobre los excesos de las fuerzas de seguridad.
En una alocución el 5 de mayo, Duque dijo que le dolían los peajes quemados, pero no mencionó los reportes de la muerte de las dos docenas de personas en una semana.
Esta aparente indiferencia ante el estado de ánimo en las calles también se refleja en gran parte de los medios de comunicación convencionales, muchos de ellos leales al gobierno de Duque, que han cubierto las protestas sólo de forma esporádica y a menudo a través de la lente del «mantenimiento del orden público».
El peor agravante de la violencia, los abusos de las fuerzas de seguridad, es quizás el más difícil de resolver.
A pesar del acuerdo de paz de 2016 y de los esfuerzos de la justicia transicional para responder a los abusos de los militares, las fuerzas de seguridad de Colombia nunca han reconocido su mala conducta, en el pasado o ahora.
Aunque durante las negociaciones con las FARC hubo una incipiente discusión sobre posibles reformas institucionales a los cuerpos de seguridad, asesores que participaron en el proceso cuentan que éstas fueron abandonadas. Algunos oficiales militares admiten en conversaciones privadas que hay una necesidad urgente de reflexión interna.
Los manifestantes lo ponen en términos aún más duros. «Nuestro mensaje es que ese desangre que estamos viviendo viene por el mismo Estado», dijo a Crisis Group un líder comunitario de Cali.
Sin un compromiso claro de que el Estado va a limitar la brutalidad policial y a reducir la inequidad en la manera como protege la salud y el bienestar material de los ciudadanos, o el reconocimiento por parte del establecimiento político de que está siendo fuertemente cuestionado, Colombia seguramente continuará viendo tensiones en la calle por algún tiempo.
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