Estados Unidos cambia de opinión tras la presión de un centenar de países. “Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias”, explica la representante de Comercio. Ahora se deben repensar sistemas que protejan la invención y pongan como prioridad el interés de la población
El 5 de mayo de 2021, la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció, a través de la portavoz de Comercio Exterior, Katherine Tai, que apoyará la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia.
La noticia fue celebrada por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que en un tuit lo ha calificado de “momento crucial en la lucha contra la covid”.
This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021
Evidentemente estas declaraciones, que pueden ser calificadas de históricas, se producen cuando la situación en algunos países recuerda a los estados más industrializados que hasta que el coronavirus no sea derrotado en todo el mundo nadie estará totalmente a salvo por el riesgo de que surjan nuevas variantes.
El anuncio se produjo horas después de que la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, sostuviera una reunión privada con embajadores de países desarrollados y en vías de desarrollo para abordar el tema.
Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener este anuncio para el futuro inmediato? La consecuencia inmediata podría derivar en una exención de propiedad intelectual que permitirá a los países más pobres fabricar las dosis de vacunas necesarias, en sus territorios.
En la actual situación de emergencia y cuando vacunas y tratamientos son de vida o muerte, el privilegio otorgado por las patentes, sobre todo si el beneficiario es una gran empresa, se ve como un obstáculo a su uso para países con pocos recursos.
El debate sobre la “liberación de patentes” no es nuevo. Existen al menos dos posturas, con un degradé de matices.
Por un lado, están quienes defienden que si se libera la patente se podrán producir y administrar el fármaco o medicamento a un menor costo, y de este modo curar más rápido a un mayor porcentaje de la población. Por otra parte se afirma que si se libera la patente, las empresas que han invertido grandes sumas de dinero no podrán rentabilizar esa inversión, lo que podría acarrear una desmotivación en este sector a futuro o, peor aún, a la capacidad de inventiva en el futuro.
El careo entre estas dos posiciones no es exclusividad de los fármacos ni mucho menos. Es parte de la razón de ser del derecho de patentes.
¿Y cuál es esa razón de ser? Su finalidad que no es únicamente permitir que su titular saque provecho de los beneficios económicos derivados de las patentes. También asegura que toda la información producida que ha permitido desarrollar la patente sea pública. Y también que, transcurrido un tiempo de aprovechamiento económico (20 años desde la solicitud de registro, art. 33 Acuerdos ADPIC), la patente ingresará en el dominio público.
La pandemia de covid-19 ha movilizado una fuerte inversión de dinero público en la investigación y el desarrollo de las distintas vacunas que, hasta el momento, existen en el mercado. Muchos se han preguntado por el retorno social de esta inversión pública. En otras palabras, ¿cómo garantizar que las vacunas sean accesibles no sólo a quienes las pueden pagar sino a todos?
Distintos escenarios han sido tribuna de esta petición y su eco ha resonado en los organismos internacionales, pero poco se ha discutido. Sin embargo, dos hechos significativos pusieron de nuevo en el tapete este tema, reavivando con más fuerza la discusión.
Primero, la solicitud que hicieran India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del comercio (OMC) para la renuncia a la propiedad industrial de las vacunas mientras dure la pandemia, y que ha sido respaldada por cerca de 60 países y más de 300 organizaciones. En ella se solicita que se exonere a los países miembros de la OMC de aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial, normas que resultan vinculantes para los estados miembros de dicha organización mientras dure la crisis sanitaria.
Segundo, el anuncio de la Casa Blanca sobre la reevaluación de una posible liberación temporal de patentes de las vacunas contra la covid-19 de las multinacionales Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson&Johnson.
La situación ocasionada por el coronavirus hace que nos preguntemos si el actual sistema es apropiado, sobre todo cuando hay una emergencia con dimensiones globales. A nivel jurídico suele traer de por sí una superposición de normas más o menos compleja que no siempre resulta sencilla de resolver. Nos referimos a normas nacionales, normas regionales, y tratados internacionales, que pueden ser bilaterales o multilaterales.
A esto debemos añadir que las vacunas contra la covid-19 no son una patente “simple”. Las vacunas utilizan invenciones e investigaciones previas (algunas de ellas sujetas a patente o licencias de muy diverso tipo), instrumental delicado y tratamiento de datos sanitarios de una gran parte de la población.
La legislación de patentes prevé que los estados ordenen una licencia obligatoria y es lo que han propuesto India y Suráfrica ante la OMC. Si se aprobara, los estados tendrían que organizar la producción de las vacunas. Y también haría falta que buscaran una manera de fijar precios razonables.
La solicitud de India y Sudáfrica, e incluso el debate reabierto en Estados Unidos, deben entenderse también en el marco de la función social que debe exigirse a toda forma de propiedad privada, incluida la propiedad industrial.
La situación actual pone de manifiesto que quizás habría que repensar sistemas que protejan, como lo hace una patente, el esfuerzo que algunos han hecho para buscar soluciones a problemas técnicos o de salud y que pongan, sobre todo en caso de emergencia, el interés de la población por delante de todo.
Repensar cómo regulamos el conjunto de actividades que hacen aparecer nuevos tratamientos puede no ser fácil, pero seguramente es una necesidad. Hay muchos intereses en juego y en primer lugar el de la salud de la población.
Enrique Cubero Castillo es del Laboratorio de estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Centro de Estudios de la Ciencia. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC.
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