Derechos Humanos: la CPI no es la nueva quimera

Todas las señales apuntan en esta dirección. Es muy probable que en breve la Corte Penal Internacional (CPI) anuncie su decisión de iniciar formalmente una investigación en contra de Nicolás Maduro y la alta jerarquía responsable de la represión en Venezuela. Si tal cosa ocurre, estaremos ante una victoria del movimiento de derechos humanos, sin duda alguna, pero no debemos esperar que tal procedimiento vaya a desalojar al chavismo del poder.

La CPI o Tribunal de la Haya, dado que funciona en esa ciudad de Holanda, ha tenido en sus casi 20 años de historia muy pocas decisiones definitivamente firmes. Hace poco se celebró como un éxito  la cadena perpetua para el excomandante serbio Ratko Mladic por su papel en el genocidio en Bosnia y Herzegovina. Otras cuatro sentencias fueron contra involucrados en diversos crímenes de lesa humanidad en países como Congo y Mali.

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Sería la primera vez que la CPI, en caso de que active un proceso contra Maduro, actúe en América Latina. Desde su creación en 2002, estuvo muy enfocada en África y eso generó críticas de diverso tipo. Su decisión en el caso de Mladic, y si se incluye a los jerarcas del chavismo, apunta en la dirección de diversificar geográficamente su accionar.

Los casos que llevan ante la CPI, que es a fin de cuentas un sistema penal, no es contra el Estado, es de forma específica contra las personas que usando su posición de mando dictaron las órdenes para que se cometieran los crímenes de lesa humanidad.

Aunque obviamente, desde Venezuela, quisiéramos que el proceso sea rápido, debemos prepararnos en realidad para lo contrario. Conviene recordar que la CPI se activó hace tres años cuando un grupo de seis países americanos denunció al régimen de Maduro ante La Haya. Por lo tanto, se ha tomado tres años este tribunal internacional no en llegar a una decisión firme, sino en apenas determinar si existen o no pruebas para abrir una investigación.

La CPI maneja un total de 30 casos, en los cuales se ha llegado ya propiamente a determinar responsabilidades. En muchos de estos casos, los acusados están detenidos en celdas que funcionan dentro de la propia CPI. Otros son fugitivos.

Además hay una docena de investigaciones abiertas, en caso de que se decida a favor de investigar a Maduro y su alta jerarquía, este expediente estará junto a ese grupo.

Una buena noticia es que tras una larga permanencia de la fiscal gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), quien es señalada de tener simpatía por el chavismo, no llevaría la investigación si se abre formalmente. En su lugar el caso lo lideraría Karin Kham, un británico que asumirá el cargo a partir del 16 de junio de este año.

Bensouda, bastante parca para hablar de la investigación preliminar en otro tiempo, en los días finales de su mandato ha dejado en claro que ya está toda la información disponible para tomar la decisión que involucra a Maduro. Ha sido ella la que ha dicho que eso debería anunciarse antes de que ella deje el cargo de fiscal. Su último día es este 15 de junio.

No soy experto en temas de la CPI, me he tomado el tiempo de revisar diversos sitios especializados y la propia web del Tribunal de La Haya. Sin embargo, en las redes sociales percibo una lectura errónea de lo que va a ocurrir. Tal vez estamos esperando una solución mágica a la crisis. Esa apuesta del venezolano por el locus de control externo, del que tanto me hablaba en clases la fallecida Mercedes Pulido de Briceño.

En primer lugar, al revisar los distintos casos e investigaciones, debemos prepararnos para un proceso dilatado, de varios años. La CPI no es precisamente veloz, es un sistema internacional de justicia que va generando su propia jurisprudencia a partir de los casos que lleva adelante.

Con mucha frecuencia hemos repetido, me incluyo yo allí, que Maduro sería el primer jefe de Estado en funciones investigado por la CPI. Y no es cierto.

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La primera orden de arresto emitida contra un mandatario en ejercicio fue contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, en 2009. Este estaba señalado por crímenes de guerra y lesa humanidad, como asesinatos en masa contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008. En julio de 2012 fue emitida una segunda orden, que ahora incluía genocidio contra tres tribus en Darfur.

Aunque Omar al Bashir ya no está en el poder desde 2019, Sudán no lo entrega a la CPI y ha hecho varias veces el anuncio de que será juzgado en su país. El exdictador está en su casa, bajo arresto domiciliario, disfrutando de la riqueza mal habida.

Este caso simboliza lo que es sin duda una seria limitación de la CPI. Este tribunal no tiene una suerte de brigada de mercenarios que vaya, tome a un dictador en su país y lo lleve ante la justicia en La Haya.

Así que, aún en el caso de que se inicie una investigación de la CPI contra Maduro, por lo pronto eso no significará que dicho procedimiento lo desalojará del poder.

La CPI no debe ser vista como una nueva quimera tras la fantasía de que vendrían los marines enviados por Trump.