¿Está Maduro a un paso de ser procesado por Corte Penal Internacional?

En medio de la crisis humanitaria que vive el país, la ausencia de apoyo popular y el creciente avance de grupos armados irregulares y del crimen organizado, Nicolás Maduro deberá enfrentar a partir de la próxima semana una nueva fase de las investigaciones de la Corte Penal Internacional que lo podrían comprometer en un juicio por violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

¿Está Maduro a un paso de ser procesado por Corte Penal Internacional?

En momentos en que la cúpula madurista ha decido acudir a una negociación en busca de atenuar las sanciones internacionales por parte de la Unión Europea y Estados Unidos contra el chavismo, el proceso jurídico que se evalúa en la Corte Penal Internacional (CPI) cobra fuerza.

Si llega a término, este proceso complicaría las cartas que juega Nicolás Maduro para poder mantenerse en el poder.

La estrategia de defensa chavista a través de la Fiscalía General de la República atribuye algunos de los más emblemáticos crímenes que se ventilan en la CPI a ejecutores individuales. Pero en un eventual proceso será difícil separar crímenes sistemáticos que comprometen a la cadena de mando, cuya cabeza es el Jefe de Estado.

Contra la impunidad

Para precisar la situación que podrían enfrentar Maduro y la cúpula gobernante en la CPI, consultamos al abogado William Cárdenas Rubio, directivo del Comité Internacional Contra La Impunidad En Venezuela (CICIVEN).

Esta ONG, al igual que otras reconocidas en Venezuela, desde hace 16 años ha estado consignando ante organismos defensores de los Derechos Humanos (DDHH) varios informes minuciosos con casos de asesinatos, torturas, persecuciones y tratos inhumanos por parte de autoridades venezolanas contra activistas opositores o contra ciudadanos comunes.

Cárdenas es abogado de la UCV, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, con experiencia en el campo diplomático y tribunales internacionales en la defensa de los DDHH. Está residenciado en España.

-¿Es factible demostrar en una instancia como la CPI la complicidad de altas autoridades como la del Presidente de la República en este tipo de crímenes de lesa humanidad?

-La CPI se crea para juzgar los crímenes más graves ocurridos por violaciones a los derechos Humanos y específicamente para determinar a los altos responsables de la comisión de esos crímenes. Estos delitos tienen una característica muy específica y el tipo penal los define como “ataques sistemáticos y generalizados” contra una parte de la población civil por razones políticas, étnicas u otras discriminaciones.

¿Quiénes están en capacidad de producir un ataque sistemático y generalizado? pues quien detenta el mando. ¿Quién controla y quién toma las decisiones para que aquello se convierta en una política de Estado? Es completamente diferente a un crimen fortuito de una persona o una autoridad que en un momento dado le quita la vida a otra en el ejercicio de sus funciones.

Esto es completamente distinto a un funcionario que, en una determinada situación, le causa un trato inhumano a otras personas. En este caso la figura clave es que el hecho es sistemático, generalizado y forma parte de una política de Estado.

En el caso venezolano no es difícil de demostrar porque, efectivamente, ha ocurrido de esa manera. El crimen ha sido un delito continuado; no ha sido esporádico, que ocurrió a una situación específica y que ya pasó. Desde el año 2002 se viene documentando porque los patrones de la conducta criminal se repetían y habían órdenes que partían desde los altos cargos del Estado venezolano los cuales se cumplían por los organismos policiales, parapoliciales e incluso por grupos irregulares que actuaban a su servicio.

Por ejemplo, en la ejecución de Oscar Pérez y su grupo se presentaron 600 hombres armados hasta los dientes. Pérez se había rendido, todo el mundo lo había escuchado y aún así la línea fue ejecutarlos. Es decir, matarlos y luego darles tiros de gracia porque Pérez representaba una disidencia que había que eliminar. Eso corresponde a la actuación de altos mandos y en esa cadena de mandos hay una cabeza y hay una línea y un orden jerárquico a través del cual se materializan las actuaciones que terminan acabando en crímenes de lesa humanidad.

El caso de Óscar Pérez, el policía rebelde ejecutado con tiros de gracia una vez rendido, está entre los expedientes en manos de la CPI.

¿Cuál es el estado actual del proceso?-En la Fiscalía de la CPI existen dos exámenes preliminares, uno de ellos iniciado por la saliente fiscal Fatou Bensouda (ex fiscal general y ex ministra de Justicia de Gambia) el 8 de febrero de 2018 como consecuencia de la presión de organismos internacionales sobre la Fiscalía, ante la evidencia de que en Venezuela se habían cometido crímenes de Lesa Humanidad.

Sobre eso se pronunciaron con informes los altos comisionados de las Naciones Unidas, tanto el príncipe jordano Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein (de 2014 a 2018) y su sucesora Michelle Bachelet. También la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha señalado que tales violaciones han ocurrido en Venezuela y hay un informe de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fueron designados por Luis Almagro que coincidieron en la misma apreciación.

Es decir, no son solo particulares y organizaciones no gubernamentales quienes están denunciando la situación de Venezuela; sino que entidades e instituciones, algunas de las cuales forman parte de la ONU, ratifican esta situación. A esto se une que seis estados parte denunciaron esos crímenes: Canadá, Chile, Colombia Paraguay, Perú y Argentina (se retiró recientemente); por lo que era obvio que tenía que iniciarse ese examen preliminar.

La disidente fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, documentó buena parte de los casos contra Maduro y otros antiguos de sus compañeros chavistas.

-El canciller venezolano introdujo una nueva denuncia en paralelo; ¿cómo puede incidir eso en el proceso iniciado con la fiscal Bensouda?

El otro examen preliminar (que se llama Venezuela II) se abrió con motivo de la denuncia que presentó en febrero de 2020 el canciller Jorge Arreaza, quien iba en un sentido completamente diferente. Allí el gobierno de Venezuela denunció a funcionarios del gobierno de Estados Unidos como responsables de delitos de lesa humanidad referentes a la falta de alimentos y medicinas en Venezuela, como consecuencia de las sanciones unilaterales que ha tomado contra algunos funcionarios de la estructura del chavismo madurismo.

Lo curioso es que el caso Venezuela impulsado por el gobierno de Maduro (Venezuela II) avanzó rápidamente y en octubre de 2020 lo tenían en la segunda fase. Y el caso que ella misma abrió el año 2018, que estaba en una tercera fase, ha tardado muchísimo tiempo y ha sufrido una demora inexplicable que solo puede obedecer a una actitud, por lo menos, negligente, de la fiscal Bensouda.

Ocurrió que en octubre de 2020 la Fiscalía de la CPI emplazó al gobierno venezolano para que informara acerca de las actuaciones que estaba adelantando con respecto a los supuestos crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido en el país. Eso motivó la visita del fiscal Tarek William Saab, a primeros de noviembre de 2020, a La Haya. En esa oportunidad en una reunión con Bensouda, ésta fue bastante explícita y le dijo que existían bastantes fundamentos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y como el caso Venezuela I pasaba a la fase III, que es la fase de admisibilidad, donde hay que analizar si en Venezuela esos crímenes se estaban investigando en las jurisdicciones venezolanas, e invitaba al gobierno a que facilitara la información de si efectivamente se estaban procesando.

Porque la CPI es una jurisdicción complementaria que sustituye la jurisdicción donde ocurren los delitos, en caso de que esa instancia del país no sea capaz de impartir justicia o no quiere impartir justicia, o lo hacen para sustraer a los responsables de los hechos criminales de ser sancionados como corresponde.

Durante las protestas civiles de 2017, militantes civiles y militares del chavismo asesinaron más de un centenar de jóvenes estudiantes universitarios, la mayoría de ellos abatidos con disparos a la cabeza y el torso.

-Por esa solicitud el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab envía un informe donde reconoce al menos el delito de funcionarios públicos implicados en tres emblemáticos casos. ¿A qué aspira el gobierno al reconocer esos crímenes, no lo compromete más aún?

-Efectivamente el gobierno venezolano, a partir de noviembre de 2020 diseñó una estrategia en dos direcciones: por un lado produjeron a principios de este año, alrededor de febrero, tres informes bastante voluminosos para tratar de justificar que en el caso (Venezuela I) estaba actuando la justicia venezolana. Ello dio lugar a que en el país se produjeran actuaciones para activar algunos procesos que estaban completamente olvidados y abandonados, se trasladaron presos de cárceles militares a cárceles civiles, y entre otras cosas, la declaración de Saab sobre los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo, torturado y asesinado; del concejal Fernando Albán, lanzado por el piso 10 del SEBIN; y el joven Juan Pablo Pernalete, asesinado de un disparo.

Eso implicó un reconocimiento de que efectivamente habían ocurrido esos hechos; pero de lo que se trataba era de señalar que habían unos subordinados responsables de esos delitos y de esa manera justificar que se estaban investigando los hechos y eximir a la cadena de mando que encabeza Maduro de esa responsabilidad.

-En esa estrategia ¿qué rol juega la denuncia contra Estados Unidos?

-En el caso Venezuela II lo que hicieron fue una estrategia que tenía un carácter político; pero con la misma idea de tratar de producir algún efecto en la Fiscalía de la CPI. Vino la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, a Venezuela, para obtener información acerca de los efectos de las sanciones unilaterales tomadas por EEUU para producir un informe y tratar de darle fundamento al argumento que están invocando en esa denuncia, que justificaban la falta de alimentos y medicinas atribuidos a las sanciones internacionales.

-A Bensouda le quedan pocos días como fiscal de la Corte y al parecer este nuevo fiscal entrante pareciera más independiente.

-En la elección del nuevo fiscal se promovió al español Carlos Castresana, un candidato alineado con el grupo afín a José Luis Zapatero, al ex juez Baltazar Garzón, Nicolás Maduro, Pedro Sánchez y José Borrell. Es decir era el candidato de la continuidad y su candidatura llegó a la final de la elección entre los tres finalistas para ser escogido como Fiscal de la CPI. Pero ocurrió que se desmoronó porque solo obtuvo cuatro votos y quien resultó elegido fue el abogado británico Karim Khan con 74 votos de los estados parte.

Este clima se enrarece mucho más porque en marzo y abril comienza el gobierno de Maduro a quejarse y denunciar a la Fiscalía de no cooperar con el Estado venezolano y que no responden los informes que están presentando. El argumento se intensifica por una declaración de la vicepresidente Delcy Rodríguez en la que se comienza a atacar a la CPI adelantándose a cualquier decisión que pueda ser perjudicial para el gobierno de Maduro. Así que Saab presenta una queja de que no estaban recibiendo la información correspondiente; pero no la dirigen al Fiscal de la Corte sino a la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que va tener conocimiento acerca de la eventual decisión de Bensouda, sobre abrir o no la investigación.

Entonces lo que hemos oído este fin de semana es una declaración que dio Bensouda a un medio de comunicación francés en el que señala que está suficientemente informada y dispuesta para dar el paso que corresponde en el caso de Venezuela. Pero que ahora tiene que esperar lo que decida la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el reclamo que está formulando el gobierno de Maduro.

-Pero, solo quedan unos días para su salida.

-Estamos a unos días de que Bensouda se vaya y asuma el nuevo fiscal Karim Khan. Que se abriera la investigación es lo que estamos esperando desde hace 20 años cuando se presentaron las primeras denuncias en contra del gobierno chavista por los crímenes que se estaban cometiendo y calificándolo como crímenes de lesa humanidad.

Una decisión de esta naturaleza debería haber llegado hace muchísimo tiempo y se hubiese podido ahorrar mucho dolor y evitar muchas muertes de ciudadanos venezolanos y millones de desplazamientos forzosos de los venezolanos que han tenido que salir huyendo del país por las condiciones de vida y la falta de alimentos, medicinas y persecuciones. Es necesario que las víctimas venezolanas de violaciones y crímenes de lesa humanidad puedan tener una jurisdicción en donde esos hechos sean investigados y los responsables sean identificados y sancionados.

El estado de abandono al que son sometidos a diario cientos de miles de venezolanos hambrientos es otra evidencia de un régimen incapaz de mantener un funcionamiento mínimo del Estado. Foto: Daniel Hernández/El Estímulo

 

¿Hasta dónde puede llegar la Corte Penal Internacional?

A partir de las denuncias de Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez ante la instancia en La Haya sobre las 43 muertes ocurridas en las violentas manifestaciones de 2014, explicamos los alcances del organismo judicial para procesar las acusaciones de estos venezolanos.

600 casos de tortura en Venezuela reposan en la Corte Penal Internacional

Tamara Suju, abogada venezolana, recopiló historias de víctimas de cuerpos de seguridad desde 2002 e intenta probar ante el organismo internacional que se trata de acciones de tortura sistemática. Describió mecanismos estandarizados de violencia con electricidad, amenaza a las víctimas con quemarlas con gasolina y violaciones sexuales