Opinión

El mensaje del chavismo con la designación de magistrados en el TSJ

El nombramiento al frente del TSJ de Gutiérrez, quien viene de prestar servicios como embajadora del gobierno de Maduro, en realidad deja más patente aún la falta de independencia del poder judicial, que está subordinado a las decisiones políticas del chavismo

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Al ratificar a magistrados que están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, al tiempo que se optó por reforzar posiciones de poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el chavismo ha terminado por enviar un claro mensaje. En la cúpula que gobierna Venezuela se están preparando para largos años más en el poder.

El caso del TSJ, según algunas miradas, ha sido una oportunidad perdida para que el chavismo abriera juego democrático en las instituciones. En realidad, el proyecto político chavista nos viene demostrando una y otra vez que su objetivo es precisamente permanecer en el poder, a toda costa.
Incluso, en medio de grandes diferencias internas en la cúpula del chavismo, como fue en el caso de este TSJ, finalmente lograron repartirse cuotas de poder las diferentes facciones, con lo cual pueden seguir mostrando hacia el país y hacia la comunidad internacional una imagen de unidad.

A través de vías diplomáticas la Unión Europea había sugerido una conformación más plural, en aras de dar señales en favor de una negociación política, pero esto no ocurrió. Al contrario, estamos ante una señal inequívoca: no hay voluntad de apertura por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional, que controla ampliamente el chavismo, votó este 26 de abril la designación de 20 magistrados para el “nuevo TSJ”. No sólo se reciclaron figuras que ya tenían largos años al frente del poder judicial, sino que se optó por desafiar a la propia UE y a Estados Unidos, ya que sobre varios de los magistrados pesan sanciones tanto de Washington como de Bruselas por complicidad con violaciones a derechos humanos, corrupción y abuso de poder.

Al contrario de lo que ocurrió con el poder electoral, en donde el año pasado el chavismo se allanó a nombrar a dos figuras independientes entre los cinco rectores principales, como parte de un proceso de negociación discreto con actores políticos de oposición, que estuvo aupado por la UE, en “el nuevo TSJ” no hubo apertura.

En verdad, no pocos altos mandos del chavismo temen que la presencia de magistrados independientes o no afines al régimen, dentro del TSJ, termine por abrir las puertas para eventuales juicios en su contra.

La designación de magistrados, por otro lado, realizada de forma extemporánea, marca una ruptura con lo que establece la constitución, en torno a la extensión de los períodos máximos de permanencia al frente del poder judicial.

Carlos Lusverti, abogado y profesor de derechos humanos, pone el ejemplo de quien venía ejerciendo como presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien lleva ya 7 años en esa instancia.

“Un individuo como Maikel Moreno, que fue designado en 2015, podría estar en el TSJ un total de 19 años, lo cual claramente es inconstitucional si se le suman los actuales 7 más los 12 que tendrá a partir de esta decisión del parlamento”, precisa Lusverti.

“Hay otros casos que están en una situación similar extendiendo o quebrantando la limitación constitucional de 12 años como máximo período para la permanencia de los magistrados”, comenta el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Magistrados sancionados

El caso de Moreno es emblemático, simboliza según ONG locales el nulo respeto del chavismo en las designaciones dentro de las instituciones del Estado. El ahora ex presidente del TSJ fue escogido como máximo representante del Poder Judicial, pese a que fue procesado por dos asesinatos y en 2007 fue destituido de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones por orden de la Sala Constitucional del propio TSJ.

Moreno, según diversos analistas, había logrado ser políticamente un punto de equilibrio entre los factores del chavismo en el seno del TSJ.

El 60% de los 20 magistrados del TSJ que nombró este martes la Asamblea Nacional provienen del anterior máximo juzgado. La ONG Acceso a la Justicia destacó que la mayoría de los jueces que permanecerán en sus cargos son los de la Sala Constitucional. Esta sala tiene un carácter de supra-poder porque puede revisar las decisiones de las otras salas del TSJ.

Tres de los magistrados que van a repetir en la sala Constitucional del TSJ: Lourdes Suárez Anderson, Luis Damiani Bustillos y Calixto Ortega, tienen en su contra sanciones individuales impuestas o bien por EEUU, por la UE o por Canadá. Están señalados de favorecer el clima de impunidad y violaciones a los derechos humanos, así como de acabar con el Estado de Derecho en Venezuela.

A la sala constitucional, por otro lado, se incorpora quien fungía como rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania D’ Amelio, otra figura del chavismo sancionada por EEUU.

A juicio de Lusverti, el hecho de que se haya optado por ratificar a magistrados que estaban previamente sancionados constituye “una bofetada” a la política de sanciones, especialmente de Estados Unidos, que ha insistido en usar este mecanismo para presionar –hasta ahora sin éxito- al chavismo.

El 27 de abril, entretanto, se designó a Gladys Gutiérrez como nueva presidenta del TSJ, cargo que ya había ocupado en el pasado. Sobre Gutiérrez también pesan sanciones. Esta designación en particular es otro intento de calmar las aguas con la Corte Penal Internacional (CPI), ya que esta magistrada viene de ser la embajadora del régimen ante dicha corte en La Haya.

El nombramiento al frente del TSJ de Gutiérrez, quien viene de prestar servicios como embajadora del gobierno de Maduro, en realidad deja más patente aún la falta de independencia del poder judicial, que está subordinado a las decisiones políticas del chavismo.

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