Pinchazos y bloqueos, de cómo Telefónica se hace parte de la vigilancia en Venezuela

Posiblemente no hemos medido la magnitud de lo que representa este caso. Es grave por el número, muy alto, de venezolanos a quienes se les intervinieron sus comunicaciones personales; es más grave aún que tal cosa la haya hecho una empresa trasnacional (Telefónica) presionada por el régimen de Nicolás Maduro; y resulta gravísimo no tener información sobre si en estos pinchazos se interceptaron llamadas de periodistas, diplomáticos y activistas de la sociedad civil.

“El uso de la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos, de forma arbitraria y masiva, advierte riesgos importantes para el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios, pues constituye una violación de los estándares de derechos humanos”, recalca el IPYS en Caracas.

De esto hablamos: Durante el año 2021, Telefónica, cuya filial venezolana es Movistar, confirmó haber intervenido las comunicaciones de 1,5 millones de sus suscriptores en el país, lo cual representa un 21% del total de sus abonados en el país sudamericano.

Estamos en presencia de la admisión pública más grave por parte de una empresa de que cedió a las presiones oficiales del régimen del chavismo para interceptar las comunicaciones personales.

El reporte difundido en Madrid por la compañía fue tomado como bandera por diversos comunicadores en Venezuela. Se le ha pedido a Telefónica que haga aclaraciones sobre si interceptó líneas telefónicas de periodistas y defensores de derechos humanos, una sospecha que ha venido cobrando fuerza. Asimismo, se teme que las comunicaciones de diplomáticos extranjeros, acreditados en Caracas, hayan sido igualmente interceptadas.

No es algo nuevo

Aunque es la primera vez que Telefónica de España desnuda el modus operandi del chavismo, no es para nada un asunto nuevo. La empresa ha reconocido que desde 2016 ha recibido solicitudes del régimen venezolano. Entre 2016 y 2021 la empresa admitió haber realizado 3,5 millones de intercepciones, con lo cual el año pasado ha sido el de mayor volumen.

“En el país se ha hablado desde hace mucho tiempo sobre los llamados ´pinchazos´ en las líneas telefónicas, sin embargo, por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves; su uso debe ser acorde a los estándares de derechos humanos”, aseveró Andrés Azpúrua, activista de derechos digitales y director del Observatorio Venezuela Sin Filtro.

De acuerdo con esta iniciativa de la sociedad civil, en Venezuela durante 2021, además de estas intervenciones telefónicas, se registraron un total de 59 bloqueos a páginas de medios de comunicación, especialmente con contenido político o de periodismo independiente.

Telefónica de España, en su informe de transparencia 2021, admitió también ser parte de esta política de censura que se lleva adelante en Venezuela. La empresa española reconoció haber bloqueado el acceso a sus usuarios de 27 dominios web dentro del país.

En redes sociales diversos periodistas manifestaron su gran preocupación al registrar que incluso una empresa trasnacional “se hace cómplice de un Estado policial”.

De acuerdo con este reporte de la empresa, Telefónica de España cedió a las autoridades venezolanas los datos de tráfico en tiempo real de los usuarios. De igual forma, el reporte resalta que entregó a las autoridades venezolanas los metadatos asociados a las comunicaciones de casi un millón de usuarios entre 2016 y 2021.

“Esto significa que a la par de la vigilancia en tiempo real, el Estado se hizo con los datos históricos de los usuarios referidos a nombres, direcciones, origen y el destino de sus comunicaciones, datos de temporalidad y duración de las comunicaciones, así como las localizaciones de los dispositivos y sus identidades (IMSI o IMEI)”, explicó un comunicado público del capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad, que condenó este hecho.

El IPYS igualmente apunta que en el informe no se hace referencia de manera transparente sobre si estas órdenes estatales fueron emitidas por tribunales o por jueces, tal y como lo establece la legislación vigente en Venezuela.  

Una situación alarmante

De acuerdo con los datos del sector de telecomunicaciones publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) correspondientes al cuarto trimestre de 2020, el último dato oficial disponible, Telefónica Movistar es el mayor prestador del servicio de comunicaciones móviles en el país con el 49,83 % del mercado. Le siguen la estatal Movilnet con el 25,14 % y la privada Digitel con el 25,03 %.

“IPYS Venezuela ve con extrema preocupación estas prácticas de vigilancia estatal apoyadas en la acción conjunta con empresas privadas, que confirman el nivel de vulnerabilidad que poseen los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles”, señala la ONG.

Entretanto, Espacio Púbico, otra organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la libertad de información, resalta que la cifra de Telefónica de que intervino al 21% de sus abonados en Venezuela, “es una cifra que excede notablemente a las de operaciones en otros países en los que opera la multinacional española, donde las tasas de intervención no se acercan al 1 % de las líneas de sus clientes”, según este mismo informe de transparencia presentado recientemente en Madrid.