Citgo y el profesor acreedor: un duelo de realidades

Recientemente el economista y lobista activo Francisco Rodríguez con pretensiones de exhibir “la auctoritas” que emana de la Academia, derivada de su condición de profesor de Denver, escribió un artículo titulado “How Venezuela lost Citgo”, donde ha concluido que CITGO ya está perdida; además, nos dice que ello sería el resultado de la actuación del Gobierno Interino, en funciones desde 2019, por haber elegido el tortuoso camino de los litigios judiciales para enfrentar a los acreedores de la deuda externa venezolana. Agrega que ese gobierno interino durante su gestión, utilizó los recursos de las subsidiarias de PDVSA justificando así los argumentos en favor de la tesis del alter ego (PDVSA y sus filiales serían el “otro yo” de la República).

De modo que, según el profesor acreedor, que destila una marcada percepción de ser además, bonista, todo lo que ocurre con CITGO incluyendo que, las demandas sentenciadas en contra del Estado Venezolano en la Corte de Delaware hayan incrementado la deuda frente a acreedores “con derecho” -según su expresión-, la cual pasó de $3.400 millones en 2019 a más de $23.000 millones, es decir, precisamente consecuencia de las decisiones del gobierno interino.

En fin, el profesor acorredor concluye su “clase magistral” asegurando que, la responsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro, muy poco tendrían que ver con estos lamentables resultados: la irremediable perdida de CITGO y la deuda negligentemente abultada.

Sin duda, ante esta retahíla, de falacias, a quien suscribe no le queda otro camino que desnudar la cadena de mentiras señaladas, lo cual, aun cuando es muy sencillo, nos indigna. Comenzaremos por puntualizar que CITGO no va a perderse. CITGO estaba perdida en 2019, justo como consecuencia de las nefastas gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo cual, el profesor acreedor obvia de manera increíble. Justo todavía la mantenemos bajo control venezolano por las gestiones del gobierno interino y la continuidad lograda con la actual gestión de gobierno.

Ahora bien, dejemos en claro que queremos hacer este ejercicio en aras de los principios y valores, del reconocimiento a quienes se han unido en la cruzada de proteger este valioso activo, más que responderle al profesor acreedor. Desmontaremos la invalidez oculta en cada una de las falacias de quien además de profesor, tiene sus intereses subalternos como representante de acreedores y muy posiblemente de bonistas (bondholders).

Veamos:

1. Concluir que CITGO está perdida equivale a ignorar, deliberadamente, decisiones aún pendientes que nos permiten asegurar que la última batalla aún no se ha peleado. Independientemente del porcentaje de probabilidades de éxito, hay todavía espacios para actuar.

Por ejemplo, en el Writ Certiorari, ya ejercido ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para rebatir los argumentos en torno a la existencia del alter ego en PDVSA ad hoc y sus filiales. Ese recurso está allí pendiente y podría trasladar esa pendencia a los otros procesos judiciales en las cortes norteamericanas vinculados al tema. Cabe resaltar en torno a esto que, la cita hecha por el profesor acreedor, sobre el párrafo de la decisión de la Corte de Delaware que erradamente concluyó que las acciones del gobierno interino demuestran el alter ego, no ha debido omitir que la posterior decisión de la Corte de Apelaciones, se basó en las acciones de Maduro desde Caracas y excluyó al Gobierno Interino, siendo esta circunstancia una de las dos que soportan el recurso ante el Supremo norteamericano.

Además, -y esto lo conoce bien el profesor acreedor, pero nada dice al respecto- aún está también pendiente la “certificación” solicitada al Tribunal de Apelaciones de Nueva York para que se pronuncie sobre la aplicabilidad del Derecho Venezolano en la disputa planteada acerca de la validez de la emisión y el perverso colateral que la acompañó, de los denominados Bonos PDVSA 2020.

Esta es una decisión, la cual, de ser favorable a la representación de Venezuela, excluiría del remate, precisamente, a la acreencia principal del profesor. Por último, más allá de la caja (urna) en la cual nos quiere metidos el profesor bonista, no cabe duda que la situación de la República y, por ende, de todo el Estado venezolano, mejorará sensiblemente una vez se decida, en el Comité de Anulaciones del CIADI, la solicitud de nulidad del laudo a favor de ConocoPhillips, por más de $8.000 millones, la más grande causa litigiosa enfrentada por el gobierno interino.

La sólida argumentación promovida por los abogados de la República permite augurar una posible decisión estimativa de la solicitud de nulidad.

2. Afirmar que el gobierno interino “eligió el tortuoso camino de los litigios judiciales” es una afirmación que no merece detenerse a buscar otro argumento que no sea el de calificarla de ridícula y seguramente muy interesada.

Obviamente, nos produce una hilaridad profunda pensar que el Gobierno Interino, una vez que constató, por iniciativa conjunta de la Procuraduría Especial y la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, la imposibilidad para renegociar y reestructurar la inmensa deuda legada por la dictadura cleptocrática de Chávez y Maduro, salió a buscar en Times Square y en las calles de Delaware acreedores para sugerirles demandaran al Estado venezolano.

Sabe de sobra el profesor bonista- acreedor que en 2019 nuestra situación era precaria, minusválida desde todo punto de vista.

Este caballero pretende ignorar que encontramos una empresa brutalmente endeuda por $4.800 millones, cuyo valor de mercado era cercano a $4.500 millones; con una imagen corporativa destruida por la corrupción interna y la falta de cumplimiento; con las puertas del mundo financiero cerradas herméticamente.

3. No existe una sola prueba de que el Gobierno Interino haya utilizado los fondos de las filiales de PDVSA en los Estados Unidos, aprovechándose indebidamente de un absoluto control sobre tales filiales. Es más, el Estatuto de la Transición dictado por la Asamblea Nacional 2015, ha sido consistente y persistente al establecer que “Los directores de PDV Holding, Inc. y sus filiales garantizarán la autonomía funcional de esas empresas y que la gestión autónoma del giro comercial de las mismas responderá a criterios de eficiencia comercial, dejando a salvo los mecanismos de control y rendición de cuenta que ejerza la Asamblea Nacional«.

Con base en esta realidad, precisamente, aún se discute el asunto ante la Corte Suprema de EEUU, donde esperamos demostrar que, por lo que se refiere al gobierno interino, nunca se trascendió de los mecanismos de control y rendición de cuentas, tanto del Estatuto de Transición, como del Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro (OFAC) de EEUU y, además, de los tenedores de deuda.

4. Sin duda la afirmación del profesor bonista-acreedor más burdamente manipulada es la relativa a la deuda frente a acreedores denominados por él “con derecho”, la cual habría pasado de 3.400 millones en 2019 a $23.000 millones en marzo de 2023.

Aquí las exigencias de la Academia relativas a la necesidad de indicar las fuentes de las aseveraciones cedieron completamente ante las artimañas de quien solo se preocupa por cobrar lo que se le debe. ¿De dónde habrá extraído el profesor esas cifras? Sería interesante conocerlo. Los informes elaborados por la Procuraduría Especial de entonces, en los inicios del año 2020, sobre juicios y sus respectivos montos litigados, que en ese momento existían en cortes y tribunales extranjeros, iniciados casi todos en 2019, indican que el monto global de lo litigado en esos juicios, para ese momento, era muy superior a la indicada en la referida manipulación.

Sólo como ejemplo, para ese momento ya se habían dictado laudos contra PDVSA y la República por más de $10.000 millones, y se litigaba, en general, por otra cantidad similar. Sea suficiente citar el ya mencionado laudo a favor de ConocoPhillips y contra la República por más de $ 8.000 millones, sobre el cual estamos solicitando su anulación.

5. Finalmente, afirmar que la responsabilidad de los regímenes de Chávez y Maduro muy poco tenga que ver con las amenazas que hoy se ciernen sobre CITGO es no solo un insulto a los venezolanos, sino una clara evidencia de la degradación de quien profiere esa afirmación.

Los hechos que han dado lugar a las demandas representativas de esas amenazas (incumplimientos irresponsables y vulgar latrocinio) son responsabilidad directa de esos regímenes. La imposibilidad de renegociar o reestructurar las respectivas deudas es consecuencia del deplorable estado de las finanzas públicas venezolanas que han generado los regímenes de Chávez-Maduro. Bajo ningún respecto es posible “blanquear” esa responsabilidad. Basta con responder a esta pregunta: ¿Quién expropió (confiscó/robó) empresas en Venezuela; quien remató y “negoció” activos de la República en el exterior; quien endeudó a CITGO para recibir dividendos y quien otorgó en garantía por un lado el 50.1% y por el otro el 49.9% de las acciones de CITGO, en manos de PDV Holding?

Ahora bien, hemos de reconocer que, en lo único en lo cual se ha asomado a la verdad el profesor bonista, es en su afirmación según la cual hoy CITGO Petroleum “es la séptima refinería de petróleo más grande de los Estados Unidos”, cuyo “valor de mercado es aproximadamente una séptima parte del producto interno bruto del país” (Venezuela), “sus ganancias anuales son mayores que la cantidad que Venezuela gasta en importaciones de alimentos en un año” y su gran tamaño y su potencial son fundamentales para “ayudar a Venezuela a salir de la crisis”.

Es reprochable, sin embargo, que haya omitido que eso es hoy así, gracias al inmenso esfuerzo del Gobierno Interino y la continuidad de gestión actual. Hoy por obra de un trabajo profesional ético, honesto y responsable, pasó a ser una operadora del ramo de refinación con ganancia neta de $2.814 millones de dólares y EBITDA de 4.000 en 2022, lo cual parece mantenerse en cifras muy positivas para 2023, lo que no solo incrementaría el valor de mercado de CITGO, sino que serviría para pagar a los legítimos acreedores de PDVSA y cerrar así, en transacciones judiciales legalmente acordadas, litigios altamente riesgosos.

Antes de hacer sus propias conclusiones, sugiero que puedan responderse esta pregunta:

¿Por cuáles razones el profesor bonista habrá querido “blanquear” a Chávez y a Maduro y “afear” al gobierno interino y a la actual gestión?

Escrito por Horacio Medina