Mientras que María Corina Machado reafirma que ella es la candidata que eligieron los venezolanos y el chavismo no puede descartarla, EEUU afirma que las sanciones pueden retomarse si el chavismo no cumple el Acuerdo de Barbados: "Tienen hasta abril"
La opositora María Corina Machado descartó este lunes 29 de enero abandonar su candidatura presidencial, tras conocerse el falle del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la hizo inelegible para las elecciones presidenciales de 2024.
El TSJ, de línea oficialista, selló el viernes 26 de enero una inhabilitación política por 15 años, que en la práctica le impediría participar en las elecciones.
«Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto», dijo Machado ante seguidores, tres días después de la sentencia, que tachó de «decisión grotesca».
«Yo recibí el mandato de casi tres millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre» en unas primarias, en las que arrasó el 22 de octubre (92% del escrutinio). «Yo represento esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí», sentenció descartando al mismo tiempo designar a un sustituto.
El TSJ tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.
Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año -aún sin fecha- con observación de la Unión Europa y otros actores internacionales.
Maduro, en el poder desde 2013, no ha confirmado su candidatura, aunque aparece como candidato natural del chavismo.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.
Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como «embajador alterno» de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían «la salida» de Maduro y dejaron 40 muertos.
Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.
La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser «partícipe de la trama de corrupción», vinculada al dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente por Estados Unidos entre 2019 y 2023 con manejo de recursos bloqueados en el exterior, y «propició el bloqueo criminal» y «el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero».
Machado sostiene que «nunca» fue notificada del acto administrativo en su contra y no se pudo defender.
La delegación opositora en la mesa de negociación exigió el sábado 27 de enero que la decisión fuera revertida, y adelantó que denunciaría la situación ante Noruega, así como ante los gobiernos de Francia, Colombia y Brasil, involucrados igualmente en el proceso de diálogo.
Mientras que la representación del gobierno considera el fallo como «cosa juzgada» y pasa la página sobre Machado. «Hubo un mecanismo de manera voluntaria, quienes quisieron recurrir recurrieron y además se comprometieron a respetar el resultado. Eso es pasado, bien pasado ya», dijo Jorge Rodríguez, jefe de esa delegación.
«Es cosa juzgada ya no hay nada que hablar de eso», insistió el también jefe del Parlamento al considerar que la oposición está siendo «profundamente arrogante» al creer que «un apellido puede sustituir a la Constitución».
La Unión Europea se mostró este 29 de enero «muy preocupada» por la decisión de la máxima corte, que también ratificó una inhbilitación contra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
«Las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales no pueden sino socavar la democracia y el Estado de Derecho», indicó en un comunicado.
El abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, explicó a la AFP que Machado pudiera «intentar una acción de amparo constitucional contra esa decisión que se produjo o demandar la nulidad de el acto administrativo».
«Pero esto es un problema político, no es un problema jurídico», insiste. «Si no hay un poder judicial independiente, autónomo (…) nunca vas a tener una respuesta favorable».
El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades, antes de la firma del acuerdo en Barbados. Ningunas de las partes ha expresado intención de levantarse de la mesa por ahora.
En una rueda de prensa, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, expresó al Gobierno de Nicolás Maduro tras estos acontecimientos: «Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril».
Kirby indicó que el chavismo «hizo algunos compromisos sobre partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y lo que todo eso significaba, y no han tomado esas acciones».
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