Saab dio sus primeras declaraciones en directo para asegurar que la detención de Rocío San Miguel fue justa aunque las ONG y defensores de DD.HH han explicado por qué se trata de una desaparición forzada. La advertencia es para todos los activistas: "Delinquen al decir mentiras"
Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, dio este miércoles 14 de febrero declaraciones sobre el caso de Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos, quien desapareció forzadamente el pasado 9 de febrero.
«La detención ocurre por aparecer ella mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos», dijo Saab tras mencionar que uno de esos militares era Anyelo Heredia, quien fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2023 y presuntamente confesó ser parte de la operación «Brazalete blanco».
Según el chavismo, con esta operación se pretendía asesinar a Nicolás Maduro y a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Además el pasado 22 de enero el Ministerio Público indicó que en la supuesta trama también estaban involucradas Tamara Suju, abogada y activista por los DD.HH, y la periodista especializada en el Fuerza Armada de Venezuela, Sebastiana Barráez.
«Ella tenía una misión como parte de esa trama Brazalete Blanco, su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Es en función de su implicación en este caso que ha sido detenida», dijo Saab sobre Rocío San Miguel.
En paralelo Saab atacó las denuncias que múltiples organizaciones no gubernamentales de Venezuela hicieron en torno a la detención de la defensora de derechos humanos: «Se ha pretendido vender su detención, realizada en el marco de una investigación penal y con motivo de una orden de aprehensión, como una “desaparición forzada» (…) Todo para enlodar al sistema de justicia y a la democracia venezolana».
Además lanzó una advertencia: «Delinquen al decir mentiras».
Más temprano este miércoles varias organizaciones se concentraron para pedir la liberación de Rocío San Miguel.
«A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (…). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión», dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.
«Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito», recalcó Santacruz.
La defensa de San Miguel, que en 2014 fue señalada por el propio Maduro de participar en un «alzamiento militar», denunció que se trata de una «desaparición forzada», que se trasladó a cinco familiares, incluidos dos hermanos, su hija y el padre de la joven, que fueron excarcelados con libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, también fue arrestado por la «presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares».
«Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados y actos terroristas», declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que cifra en 263 los «presos políticos» en Venezuela.
Aunque Saab ha dicho que cumple con lo establecido en la ley, activistas por los DD.HH como Gabriela Buada Blondell, que trabaja para la ONG Caleidoscopio Humano, explica que a Rocío San Miguel se le han violado sus derechos humanos porque durante la audiencia no tuvo acceso a sus abogados y apenas se supo de su paradero cuatro días después de la detención arbitraria.
Además resalta que sigue incomunicada y en situación de vulnerabilidad. Destaca también que detuvieron a su familia «para amedrentarla y quebrarla». Vale decir que los cuatro familiares que fueron apresados no están en libertad, sino que quedaron bajo régimen de presentación.
Con información de la AFP
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