Política

En el mismo camino de la Nicaragua de Ortega y Murillo

Los 17 años de Daniel Ortega en el poder en Nicaragua marcan un camino autocrático tras demoler a la disidencia política, controlar a las fuerzas militares y crear una élite económica y una población dependiente de la estructura dominante. Un modelo compartido con Venezuela

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AFP
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El 19 de julio se cumplieron 45 años de la revolución sandinista en Nicaragua. La celebración oficial no tuvo la algarabía de tiempos pasados y muchos mandatarios de la región y embajadores evitaron su presencia en algunos de los eventos programados. La población nicaragüense prefirió mantenerse en sus labores cotidianas de sobrevivencia y pasar agachados frente a un gobierno autoritario que lleva 17 años en el poder y es calificado por instituciones académicas y de derechos humanos como una de las tres autocracias de Latinoamérica. Las otras dos son Cuba y Venezuela.

El mito heroico que despertó el triunfo sandinista en casi todo el continente se desvaneció y la mayoría de sus héroes han sido perseguidos, están presos o en el exilio. O simplemente desaparecieron frente a la fórmula de opresión que ha impuesto Daniel Ortega desde que asumió el poder el 7 de noviembre de 2006.

Durante la segunda toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela en 1989, que fue calificada como “la coronación”, llegaron al país numerosos presidentes para asistir al evento. Dos figuras de la izquierda mundial fueron las “vedetes” del momento para periodistas, corresponsales y la gran cantidad de simpatizantes de la izquierda de aquellos tiempos: Fidel Castro y Daniel Ortega.

El largo recorrido del ex guerrillero sandinista tuvo su etapa de gloria como uno de los principales líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que condujo el país durante una década tras derrocar por las armas al dictador Anastasio Somoza, el tercero de una dinastía que gobernó desde1937.

En 1985 Ortega asumió su primer mandato luego de estar tres años al frente de la revolución como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua entre 1981 y 1984.

La revolución sandinista implantó un modelo de dominio inspirado en el marxista y leninista de Castro en Cuba, con un férreo control de violencia policial, militar y judicial sobre el pensamiento libre. Se aplicaron expropiaciones, confiscaciones de la propiedad privada y controles económicos que generaron una gran deuda. Ese modelo los llevó a perder la influencia sobre la población y el sandinismo sufrió una derrota inesperada en 1990 tras las elecciones en las que resultó electa la disidente Violeta Chamorro con amplia mayoría.

Llegaron para quedarse

Al igual que lo confesó Hugo Chávez poco tiempo después de ser electo cuando dijo que él no sería como otros presidentes que se van del gobierno a los 5 años, en la mente de Ortega no estaba previsto entregar el mando luego de su experiencia de 1990. En el camino estaría mantener el control del poder por encima de la voluntad popular. Y lo ha hecho.

En septiembre de 2010, la Corte Suprema de Nicaragua decretó que el artículo 147 de la Constitución que permitía solo una reelección de manera “no inmediata”, era inaplicable. Esa medida impuesta por jueces sandinistas allanó el camino para que Ortega se atornillara durante cinco períodos consecutivos hasta la fecha de hoy. En 2014, con mayoría en el Congreso, producto de deshacerse de los disidentes, se aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección indefinida.

Fue un proceso muy parecido al que ocurría en Venezuela cuando se aplicó una enmienda constitucional en 2009 que consagró la reelección indefinida.

Como explicó el jurista venezolano Allan Brewer Carías, el primer intento de cambio formal de ese principio fue el proyecto de reforma constitucional que presentó Chávez en el año 2007, donde se propuso establecer la reelección presidencial indefinida. “Una reforma fraudulenta” porque no podía ser objeto de “reforma” constitucional ni “enmienda” sino solo mediante una asamblea constituyente; pero eso no importó, se presentó la modificación como “reforma” y fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esta reforma fue rechazada por el pueblo mediante el referendo de diciembre de 2007.

Pero en 2008 la Asamblea Nacional planteó la misma reforma mediante “enmienda” y en diciembre de ese año dictó la famosa sentencia número 53 que eliminó la alternabilidad republicana y se moldeó la Constitución.

Ambos modelos encontraron en la reelección indefinida un camino seguro para permanecer en el poder al que se le agregó el control electoral.

Poder electoral sin mayoría

2021 marca un hito importante para ambas autocracias con el control férreo de los procesos electorales. Chávez había logrado mantener a una gran masa de votantes que le aseguraron la victoria en 14 elecciones. Los ingresos petroleros le permitieron mantener su amplia base social, además del control de las instituciones del país.

Ortega, por su parte, logró establecer cierta paz social y una alianza con los sectores empresariales y en ese contexto se reeligió en cuatro oportunidades desde 2006. Sin embargo, el ascenso económico para una élite privilegiada, incluido el sector militar, la corrupción y la aplicación inesperada de fuertes medidas impositivas, condujeron a la crisis de 2018 que generó la fractura en su base social.

En Venezuela la pérdida de apoyo se profundiza desde 2013 y la señal evidente se concreta en las elecciones parlamentarias de 2015, con la mayoría abrumadora obtenida por la oposición. Eso llevó definitivamente al gobierno heredado de Nicolás Maduro a desconocer a la Asamblea y aplicar una estrategia de control y desinstitucionalización desde el Tribunal Supremo de Justicia.

Los conflictos en Venezuela en rechazo a los fraudes y desconocimiento del Parlamento condujeron a la oposición a salir a las calles y llamar a la abstención. El gobierno incrementó las acciones represivas y promovió un discurso señalando a los opositores de “golpistas” y “traidores a la patria” que actuaban fuera de las reglas democráticas y se generó gran división en los partidos opositores.

Esa tendencia se extendió hasta 2021 cuando gran parte de la oposición decidió participar en las elecciones regionales. A pesar de perder la mayoría de las gobernaciones por las divisiones que aún persistían, obtuvo mayor cantidad de votos en la sumatoria nacional. Ese evento condujo a las primarias opositoras, la elección de un líder y a la unidad que se concreta en las elecciones de julio de 2024.

Ortega se adelantó a la crisis

En su quinta postulación para las presidenciales del 7 de noviembre de 2021, Ortega se adelantó a la pérdida de su base social. Los comicios se realizaron tras una ola de detenciones y persecución contra la mayoría de los aspirantes presidenciales opositores. Con siete aspirantes a candidatos tras las rejas y exiliados, Daniel Ortega aseguró un quinto mandato, con 75% de la votación, pero con una abstención de 80% del electorado y sin rivales en la contienda.

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Murillo y Ortega: el tandem de la autocracia en Nicaragua (Maynor Valenzuela / AFP)

En Venezuela, Nicolás Maduro no tuvo el tiempo para frenar a a la oposición alrededor de la líder de las primarias, María Corina Machado. Las acciones de última hora, como su inhabilitación y las detenciones de coordinadores de campaña, no impidieron el consenso que se logró con la candidatura y triunfo del hasta entonces desconocido diplomático Edmundo González, hoy en el exilio.

De allí, la consolidación del camino nicaragüense que ha seguido Maduro para mantenerse en el poder.

Esa ruta hacia el control total no ha sido un asunto de no entendimiento de lo que ocurre en Venezuela como lo dijo recientemente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los aliados internacionales del gobierno de Maduro. Son los propios voceros del gobierno quienes han anunciado la sentencia.

Durante la campaña Maduro dijo claramente que “ni por las buenas ni por las malas” entregarían el poder. Y recientemente ratificó que solo entregaría el poder a otro revolucionario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), descartando así la alternabilidad con sectores diferentes al suyo.

La nueva izquierda

Así pues, esa izquierda revolucionaria que promovió mensajes de igualdad, defensa de trabajadores y sectores populares, libertad y lucha contra el imperialismo, impuso una estructura política y económica conducida por una élite.

En Nicaragua los hijos de la pareja Ortega-Murillo son importantes empresarios, poseen canales de televisión, emisoras radiales y agencias de publicidad que son plataformas para la promoción del gobierno y el partido.

Rosario Murillo, la esposa de Ortega, desde la vicepresidencia es el gran poder. Y además maneja directamente una cadena de distribución de gasolina, de acuerdo a revelaciones del destacado periodista Octavio Enríquez, quien ha hecho seguimiento a las fortunas de los allegados de Ortega y el destino de los dineros de Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANISA), la empresa creada para administrar la cooperación petrolera con Venezuela.

Por su parte, Venezuela «es ejemplo de gran corrupción», afirmó Transparencia Internacional, en cuyo informe anual de 2023 aparece como el país más corrupto de América por décimo año consecutivo.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos. Solo Somalia lo supera. La ONG señaló que en Venezuela “miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad”.

Los traidores a la patria

Ortega no solo fue contra el sector político opositor sino que su arremetida se extendió a cualquier sector que mostrase autonomía de pensamiento.

Cargó contra la Iglesia Católica y cerró 5 mil 660 organizaciones no gubernamentales desde 2018, entre ellas la reconocida Save the Children. También fueron afectadas 80 iglesias evangélicas y cristianas y ONG de protección animal. Murillo ha calificado a los religiosos de “hijos del demonio o agentes del mal que hacen terrorismo espiritual”.

Al menos 151 opositores y críticos del gobierno nicaragüense se mantienen en las cárceles del país desde 2018 denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De las 151 personas reconocidas como presas políticas hasta el 31 de julio pasado, 25 son mujeres y 126 hombres. “Durante el mes de julio, la represión contra periodistas y medios de comunicación se ha intensificado considerablemente”, alertó el Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas y abogados defensores.

El 5 de septiembre el gobierno de Ortega excarceló y desterró hacia Guatemala a 135 presos políticos que mantenía en distintas cárceles del país. Dicha liberación se logró gracias a la gestión del gobierno de Estados Unidos. La Corte Suprema de Nicaragua les retiró la nacionalidad y ordenó el decomiso de los bienes de estas personas.

La pareja Ortega-Murillo llegaron al punto de perseguir y desterrar a la directora de la franquicia Miss Universo en Nicaragua tras algunos intentos infructuosos de sacar rédito político al triunfo de la nicaragüense Sheynnis Palacios coronada como Miss Universo en 2024. Por esta misma razón, la propia Palacios prefirió exiliarse con su familia y no regresó a celebrar la corona en casa.

Irse del país ha sido una de las opciones de la población de Nicaragua. Solamente en 2022 huyeron 300 mil nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica. En 2023 continuó la diáspora con 115 mil refugiados y en 2024 continúa la tendencia, según datos recopilados por el especialista en temas migratorios y remesas e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, publicados por el portal “Confidencial”.

La División de Estadística de las Naciones Unidas y proyecciones de Orozco en 2023 sitúan en 1,5 millones de nicaragüenses en el exterior, equivalentes al 22% del total de la población. ¿Nos suena conocido? Claro que sí: la diáspora venezolana se estima en 8 millones de personas, casi 25% de la población.

Menos libertad en el mundo

Para Freedom House en su informe anual sobre Libertad en el Mundo 2024, el año 2023 fue el año número 18 que de manera consecutiva se registró una disminución de las libertades. Sólo 21 países mejoraron su calificación de libertad en comparación con el anterior y 52 naciones bajaron su puntaje.

Freedom House determinó que en 2023, sólo 84 de 210 países y territorios evaluados eran libres, mientras que 59 lo eran parcialmente y 67 eran países o territorios sin libertades.

Al final de la lista figuran Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Sudán del Sur y Siria, que cierran la clasificación como “los países con menor libertad del mundo”. En Latinoamérica tres naciones registran la clasificación “sin libertad”: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los procesos vividos en los últimos años por Nicaragua y Venezuela han tenido una construcción de ayuda mutua generando un modelo de control social con muchas semejanzas y han consolidado la permanencia en el poder de un sector político.

No podría decirse que Venezuela ha seguido el modelo de Ortega o viceversa. Pero sí es cierto que, con orígenes e historias muy diferentes, han confluido en métodos y objetivos que incluso los están distanciando de los principales líderes e integrantes de las alianzas de la izquierda latinoamericana y europea como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y uno y otro desde hace tiempo están dejando en evidencia que la comunidad internacional no logra dar con un mecanismo para proteger la democracia en la región.

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