Roberto Picón, un ex preso político en acción por una salida realista para Venezuela

En entrevista con El Estímulo y The Objective, Roberto Picón, rector del CNE explica el papel del poder electoral para buscar una salida a la espantosa crisis venezolana, en el marco de negociaciones en marcha entre el chavismo y parte de la oposición

Roberto Picón, un ex preso político en acción por una salida realista para Venezuela

El ingeniero Roberto Picón tiene credenciales para hablar de este tema: es experto en asuntos electorales, fue el cerebro tecnológico que en 2015 ayudó a la plataforma electoral Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a propinarle al chavismo su mayor derrota histórica.

Pero, además, Roberto Picón es un ex preso político del régimen de Nicolás Maduro, fue encarcelado en 2017 y procesado en tribunales militares, acusado de terrorismo por hacer su trabajo: ayudar a estructurar la plataforma tecnológica electoral de la oposición.

Hoy, Picón es uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Está en esa posición a partir de un acuerdo negociado entre una parte de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.

“Si hay algo que creo que la mayor parte de los actores políticos en Venezuela están convencidos de que es necesario, es que en las próximas elecciones tengan mayor reconocimiento”, dice sobre el punto en común actual entre factores del chavismo y de la oposición.

Ese reconocimiento, agrega, viene a partir de que haya “condiciones políticas y técnicas que rodean a la elección, y que esas mejores condiciones políticas y técnicas generen mayor participación de los actores políticos y de la ciudadanía”.

Reconstruir un país

Según otros enfoques, en el fondo se trata de recobrar la institucionalidad y el papel del CNE. Hasta ahora, este organismo es dominado por completo por el chavismo, hasta el punto de convertirlo en el simple expediente para ejecutar innumerables elecciones con ventajismo oficial, vendidas como máxima expresión de democracia.

Cuando los opositores han ganado en elecciones, el chavismo simplemente ha desconocido la voluntad del elector, arrebatándole a los ganadores sus funciones establecidas por la Constitución. Así, funcionarios escogidos a dedo por el aparato cívico militar que gobierna a Venezuela, usurpan hoy funciones de cargos de elección popular.

“Entiendo que hay conversaciones que buscan no solamente establecer condiciones electorales técnicas, sino también postelectorales, que el resultado de las elecciones sea reconocido por todos los actores”, dice Picón.

Ese reconocimiento, agrega, debe resguardar el fuero de los ganadores, para que puedan ejercer su rol de alcaldes, gobernadores, concejales, de acuerdo a la constitución con autonomía y presupuesto.

También, para que los perdedores mantengan sus derechos civiles y políticos y que no haya persecuciones de ningún tipo.

Todo para que “a partir eso se pueda constituir la base de una nueva convivencia política a nivel de las regiones que permita iniciar un proceso de reinstitucionalización del país”, dice.

Dejar existir al contrario

“El proceso de transición en Venezuela pasa por transformar la dinámica de confrontación casi existencial, que es la que ha venido ocurriendo, a una política normada por la Constitución y las leyes”, dice.

Pero esa lucha existencial parece referirse a la exclusión e intolerancia que ha imperado en el discurso y en la práctica en las últimas dos décadas en Venezuela. También a que las posibles salidas se han limitado a excluir posibles convivencias entre adversarios.

El chavismo dice que nunca más la oposición llegará a los centros de poder político y se ha empeñado en aniquilar partidos y carreras políticas. Mientras, la oposición insiste en que cualquier salida a la crisis pasa por desalojar por completo del poder a Maduro y el resto de la nomenklatura chavista militar cívico.

También hubo quien apelara a la irrealidad de un intervención militar extranjera, o a que gestiones de países amigos de algún lado pudieran acelerar una salida.

La posibilidad de soluciones realistas, escogidas por los venezolanos, había quedado preterida hasta ahora.

Negociación comenzada

Las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre son una oportunidad para comenzar a devolver la institucionalidad al país, reafirma Picón, uno de los dos representantes principales de la oposición en el directorio del CNE.

Llegó allí gracias a una sorpresiva negociación entre el acosado régimen de Nicolás Maduro y una parte de la oposición encabezada por el socialcristiano Henrique Capriles, el exgobernador del populoso Estado Miranda y dos veces excandidato presidencial.

Capriles desafía la estrategia de “todo o nada” propiciada por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) electa en 2015 y anulada y desconocida por el chavismo.

Guaidó todavía es reconocido de manera nominal como presidente – no solo del parlamento sino de Venezuela- por unas 60 democracias de corte occidental que buscan sumar presiones para desalojar al chavismo del poder.

Pero esas estrategias no han dado resultado. La crisis venezolana está estancada, mientras empeoran las condiciones de millones de las personas comunes y el país parece desmoronarse cada día en su colapso económico y social. La pandemia sin control de covid-19 y la incompetente respuesta del chavismo para frenarla y vacunar a la gente agravan el cuadro.

Este es el contexto el que personas como Picón están tratando de convencer a los actores venezolanos e internacionales de que Venezuela puede salir del atolladero histórico por la vía electoral.

El CNE en otro papel

Por estos días ambas partes, chavismo y oposición, intentan un escarceo de negociaciones bajo los auspicios del reino de Noruega y con la mirada aprobatoria de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es un proceso incierto, lleno de dificultades, pero para muchos, es la única alternativa realista y concreta para enfrentar el estado casi terminal a donde ha desembocado la crisis de Venezuela en manos del chavismo.

“La confrontación existencial que nos ha venido arropando ha hecho que se pierda la confianza en las instituciones a todo nivel y que se vea a la instituciones como instrumento de control o del poder político de unos sobre otros. Retomar el rol de cada institución es un proceso que estamos tratando de dar desde el CNE y que debe darse eventualmente en todas las instancias del país, para que podamos recobrar la vigencia de la Constitución”, dice Picón.

No todo el bando opositor acepta la participación de Picón, del otro rector Enrique Márquez y de varios rectores suplentes gestionados por organizaciones civiles independientes.

El es integrante de la Junta Electoral Nacional, un órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral que se encarga de la dirección, supervisión y control» de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendos, previstos en la Constitución».

Escenarios de poder

Pero, para muchos, la presencia de la oposición en el CNE es una oportunidad para conocer desde dentro el estatus real del llamado Poder Electoral. También, para darle un papel en la búsqueda de salidas realistas, electorales, democráticas y pacíficas a la descarnada crisis política, económica y social que atraviesan millones de venezolanos.

En esta entrevista con El Estímulo, Picón expone su visión conciliadora, práctica y aterrizada sobre el panorama de Venezuela desde el punto de vista de sus funciones actuales.

“Los actores políticos han estado enfrentados de una manera casi existencial donde si está uno no está el otro y viceversa. Para que la elección sea creíble tienen que hablarse entre ellos y ver cuáles son los posibles escenarios resultantes de esta elección y acordar la institucionalidad que va a regir el país después de ella”, advierte.

“De manera que a los ganadores se les respete su fuero, sus roles y su autonomía dentro de la Constitución y los perdedores sientan que no van a perder derechos civiles y políticos por no ganar. Y en función de eso, los electores se van a sentir más motivados porque su voto va a tener resultados y las personas que sean electas van a poder ejercer su rol de acuerdo a la Constitución”, dice.

Registro de votantes

El 1 de junio comenzó una revisión del registro electoral, para actualizar datos de los electores, empadronar a los nuevos jóvenes votantes y depurar listas y circunscripciones. También está en marcha una «auditoría integral del sistema de votación».

«En general ha habido una afluencia interesante a los puntos de registro electoral, aproximadamente unas 300 mil personas han participado hasta ahora tanto en nuevos ingresos como en reubicaciones. Es normal que estos operativos, al principio, sean un poco más lentos y después se aceleren”, dice sobre la respuesta inmediata de los electores.

El CNE comenzó una campaña institucional en estos días y espera que sea difundida por los medios de comunicación públicos y privados y que eso ayude a aumentar el interés de los electores y de las organizaciones políticas y sociales que los mueven y que lleve a más ciudadanos a inscribirse o a cambiarse de centros de votación, señala.

Picón dice que, según los cálculos, hay en Venezuela un millón y medio de jóvenes menores de 25 años, nuevos votantes, que no están registrados. Se estima en un millón adicional el número de quienes deben cambiar los registros de su ubicación.

La falta de un censo poblacional actualizado (el último es de 2011) y la migración masiva hace más imprecisas las estimaciones.

“De manera que necesitamos una mayor afluencia a este operativo para que nos acerquemos a que el registro electoral refleje más precisamente a la población venezolana y que esos aproximadamente tres millones, dos millones y medio, puedan tener el derecho a elegir al estar inscritos correctamente en el registro electoral”, dice.

Con el tiempo ajustado

“El cronograma se está cumpliendo adecuadamente, trabajando con la infraestructura electoral, evaluando los centros de votación y adelantando otros temas relativos a la postulación de los candidatos», dice.

Los próximos hitos son el cierre del registro el 15 de julio, para ir el 7 de julio al sorteo de miembros de mesa y juntas parroquiales municipales. El 9 de agosto comienzan las postulaciones de candidatos a elegir.

“La calidad de la elección no solamente la determina el CNE sino los actores políticos en cuanto a su postulación, en la medida en que haya actores políticos relevantes que representen el liderazgo del país postulándose, pues la ciudadanía va a estar más invitada a participar porque va a sentir que la elección representa una oportunidad”, argumenta.

“Estamos haciendo todo lo posible para que este proceso de reinstitucionalización que ha comenzado en el directorio, se distribuya aguas abajo en toda la organización”, dice.

Observa que el propio CNE necesita ser renovado desde el punto de vista técnico y operativo. Al igual que el resto de la Administración Pública, el organismo sufre por la salida de personal calificado que se ha ido del país o ha tenido que buscar mejora sus ingresos en otra parte.

Calcula en cerca de 30% el déficit de personal que debe ser incorporado para cubrir vacantes.

Inhabilitaciones políticas

Sobre la participación, resulta que muchos partidos políticos y sus dirigentes históricos, así como cuadros medios están inhabilitados para participar en política o elecciones, gracias a maniobras enrevesadas del chavismo a través de las instituciones que controla.

Picón explica que en el país hay unos 65.000 inhabilitados, pero porque tienen sentencia judicial firme y no son actores políticos. Por ejemplo, ahí hay delincuentes comunes condenados.

“Pero las inhabilitaciones políticas son mucho menos y las estamos inventariando para que, a tiempo, antes del 9 de agosto cuando comience el período de postulaciones, tengamos claro el estatus de cada inhabilitación”, dice.

Algunas son más sencillas de resolver que otras. Por ejemplo, por falta de declaración jurada de patrimonio, y otras por problemas en ejercicio de algún cargo en el pasado.

“Justamente estamos en ese proceso tanto con actores políticos para evaluar la razón aducida para cada inhabilitación como con los originadores, para determinar la posibilidad de que se les levante, y puedan ejercer derechos políticos de acuerdo a la Constitución”, afirma.

“El tema de las inhabiltaciones no depende del CNE. Estamos haciendo gestiones para que la mayor cantidad de actores políticos posible pueda participar en las elecciones. Un proceso de levantamiento de esas sanciones corresponde a una negociación política que no está en el CNE, está en otras instancias», explica.

«Nosotros lo que estamos es promoviendo esa negociación para que haya la posibilidad de mayor participación política en estas elecciones”, añade.