Venezuela

Crímenes sin Castigo: la historia de Clíver Alcalá y las armas para las FARC

El mayor general Clíver Alcalá Cordones podría ser sentenciado a treinta años de prisión, tras haber admitido que brindó asistencia y apoyo material a los guerrilleros colombianos

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Cliver Alcalá y la FARC

El mayor general del Ejército venezolano Clíver Alcalá Cordones espera sentencia en una celda de Nueva York. La negociación entre sus abogados y el equipo de la fiscalía del Distrito Sur de esa ciudad finalmente fue rubricada. Tres años largos duró este proceso. Hasta que, el 29 de junio, las partes convinieron que la acusación contra el oficial de 61 años de edad se restringiría a dos cargos.

Afuera quedó aquella parte según la cual, en 2008, Alcalá supuestamente fue comisionado por Hugo Carvajal y Diosdado Cabello “para tomar responsabilidades adicionales en la coordinación de las actividades del tráfico de drogas del Cartel de los Soles”.

En el documento del acuerdo, Alcalá solo admitió que, a partir de 2006, proveyó con conocimiento de causa “respaldo material y recursos” a la guerrilla, entonces comandada por Luciano Marín Arango (Iván Márquez) y Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko). También que, a partir de ese año, “recibió y transfirió” armas, a sabiendas de que serían usadas para perpetrar actos de terrorismo. Algo que había sido señalado en numerosas oportunidades por la prensa independiente y voceros del gobierno colombiano, pero que -hasta ahora- nunca había sido reconocido en corte por uno de los involucrados directamente.

El 5 de julio, mientras en Venezuela se desarrollaba el tradicional desfile militar, el mayor general era interrogado por el juez de la causa Alvin Hellerstein, en una audiencia presencial.

El letrado quería constatar si este oficial estaba consciente de las consecuencias que tendría la decisión tomada. Con ello, le daba una oportunidad para retractarse.

“¿Cuándo Ud era general, dio protección a miembros de las FARC y sus asociados, incluyendo libertad de movimiento y sin interferencias?”, le preguntó Hellerstein.

“Sí, señor”, fue la respuesta del general.

“¿Aunque Ud sabía que ellos traficaban cocaína?”, repreguntó el juez.

“Sí, señor”.

Ese día, Hellerstein fue repasando con Alcalá la veracidad de lo alegado por el equipo de la Fiscalía, encabezado por Damian Williams, quien también estaba presente. Sin embargo, en un momento de la audiencia se permitió corregir al juez: además de haber entregado 20 granadas a los guerrilleros, también les dio 5 lanzagranadas. Todo esto perteneciente a la institución militar venezolana.

“La mitad fue para Luciano Marín, y la otra mitad para el sr Londoño, Timochenko”, precisó.

“¿Y ellos quiénes eran?”, inquirió el juez.

“Eran el número uno y el número dos de las FARC en el territorio que me correspondía en Venezuela”, explicó.

“Esa organización dependía del tráfico de drogas”, indicó el oficial.

La transcripción de este intercambio fue incorporada a los registros judiciales apenas este mes.

En su momento de gloria, Alcalá pintaba para las posiciones más elevadas en el estamento militar venezolano. En 2012 encabezó el desfile del 5 de julio en Los Próceres. Chávez lo alababa públicamente, al tiempo que lo promovía para posiciones clave del Ejército, comandando guarniciones en Zulia, Carabobo y Aragua.

Según el general de brigada retirado Rodolfo Camacho, Clíver Alcalá formó parte de una de las promociones de la Academia Militar “tocadas” por la conspiración que desembocaría en el intento de golpe del 4 de febrero de 1992. En este caso, la egresada en 1983. Este militar, sin embargo, no participó en la asonada.

“Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, le asignó a Alcalá (entonces teniente coronel) un rol de comisario político dentro de la Fuerza Armada, y lo envió a comandar el grupo de caballería Juan Pablo Ayala”, recordó. En esta misión de vigilancia, añadió Camacho, Alcalá fue acompañado por el actual titular de Defensa, Vladimir Padrino.

Camacho afirmó que Alcalá fue uno de los primeros generales afectados a partir de 2013 por el plan de Nicolás Maduro de propiciar un relevo del chavismo militar, para lo cual contó con la asistencia del general Iván Hernández Dala.

Las armas de las FARC y Clíver Alcalá

Peligro de decepción

Cuando Alcalá fue presentado ante la justicia estadounidense, en 2020, alegó que no tenía dinero para financiar su defensa. Tres años después, cuenta con la asistencia de los litigantes César de Castro, Cristian Francos, Valerie Gotlib y Adam Kaufmann. Este último es conocido por haber asistido también a Francisco Convit Guruceaga, acusado por lavado de dinero y la aceptación de sobornos a cambio de contratos de Petróleos de Venezuela.

Alcalá, por lo tanto, no está solo. A pesar de su situación comprometida, aún conserva respaldos capaces de financiar su asistencia jurídica.

La sentencia por este proceso judicial iba a ser impuesta en la primera semana de octubre. Pero el juez postergó el acto para el miércoles 8 de noviembre.

A pesar de la poda en la lista de imputaciones, los dos cargos aceptados por el general implican una pena acumulativa que puede llegar hasta 30 años de prisión. Alcalá volvería a la calle a los 91 años de edad.

Desde luego, aquí entra nuevamente el factor de la negociación. Entre los aspectos que lo pueden favorecer están que el oficial se entregó por voluntad propia, ha tenido buena conducta, no representa un riesgo de fuga y, sobre todo, muestra disposición de cooperar aportando información sobre las andanzas del resto de los implicados en esta trama. En círculo de espera está el también mayor general Hugo Carvajal, ex director de Contrainteligencia Militar, extraditado desde España a EEUU en julio.

Hellerstein explicó a Alcalá que la recomendación de los fiscales en cuanto al tiempo que deberá pasar tras las rejas es solo eso, una sugerencia. Y le advirtió que su fallo podría resultarle “decepcionante”.

En todo caso, al admitir los cargos, el general venezolano dio por descartada la posibilidad de cualquier apelación o recurso de revisión.

No habrá pataleo.

Breves

-La sustracción de 31 fusiles AK-103 de la base naval de Punto Fijo “Juan Crisóstomo Falcón”, reportada en primera instancia por Ultimas Noticias, es el caso más importante de hurto de este tipo de armamento conocido por las autoridades en lo que va de 2023 en instituciones del Estado. Pero no es el único.

Otros casos de menor cuantía han pasado inadvertidos. El 27 de marzo, por ejemplo, se llevaron once pistolas Browning, calibre 7.65 mm, con sus respectivos cargadores para diez cartuchos, de la Estación Principal de Guardacostas del municipio Maneiro (Nueva Esparta). Dos días después (29 de marzo), en la delegación municipal de la policía judicial en Guaicaipuro (Los Teques) desaparecieron 48 chalecos de protección balística, 37 pares de esposas y una subametralladora UZI.

El 6 de marzo en la madrugada, irrumpieron en la sede del Ministerio Público de Amazonas, en Puerto Ayacucho, y robaron 3 pistolas, dos radiotransmisores y un teléfono celular. Las armas de fuego siguen siendo objetos codiciados por el hampa.

-La búsqueda de los integrantes del Tren de Aragua se ha extendido de los países americanos hasta Europa. En la segunda semana de octubre, la policía judicial notificó a través de los canales oficiales sobre el posible traslado a España de Josué Ángel Santana Peña, señalado en informes policiales como uno de los principales lugartenientes de Héctor Guerrero Flores (Niño Guerrero).

Alias Santanita, de 28 años de edad, tiene amplio prontuario policial. En 2013, cuando apenas tenía 18 años, fue imputado por alteración de seriales de vehículos y porte ilícito de arma de fuego en un caso ventilado en Barquisimeto, donde por cierto desarrolló casi toda su carrera delictiva. Según el director de la policía judicial, Douglas Rico, Santana es solicitado desde 2016 por extorsionar a comerciantes larenses, mediante el envío de mensajes amenazantes. También se le sindica por el secuestro y asesinato del comerciante sirio Tamman Al Shaer, en enero de 2020. En ese caso, habría actuado junto a dos cómplices, por encargo de una persona que conocía a la víctima.

La presencia en España de criminales venezolanos fue confirmada en diciembre de 2020, cuando el Tribunal Supremo autorizó la solicitud de extradición a Anyeli Catherine Díaz da Silva, también conocida como La Barbie, señalada como integrante de la organización que lideró Carlos Luis Revette (Koki).

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