Las autoridades aseguran que las demoliciones se realizan bajo protocolos de seguridad, mientras avanzan las inspecciones de edificios afectados y expertos reconocen que el país necesita maquinaria especializada y asesoría en esta materia
Comenzó el proceso de demoliciones controladas de estructuras afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio. Primero, un complejo residencial de la Misión Vivienda y la más reciente fue una de las torres de las residencias Samantha en Playa Grande. Aunque se trata de un paso necesario, ha habido cuestionamientos porque todavía gente que busca entre los escombros los cuerpos de sus seres queridos.
El Ministerio de Obras Públicas es uno de los entes que coordina las explosiones de los edificios afectados, con la supervisión del presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, y la Autoridad Única para la Contingencia y Emergencia Nacional, Juan Ernesto Sulbarán Quintero.
Según Garcés, estas demoliciones se están llevando a cabo en conjunto con las alcaldías y las gobernaciones de las zonas afectadas.
Existen diferentes métodos para demoler un edificio. La forma elegida dependerá de su altura, los materiales utilizados y su entorno.
La norma venezolana COVENIN 2246:1990, «Demolición y remoción: requisitos de seguridad» establece los requerimientos básicos que deben cumplirse antes y durante el proceso, así como en la posterior remoción de escombros.
Existen tres métodos: demolición manual, demolición mecánica y demolición mediante explosivos.
La demolición manual consiste en desmontar los pisos, planta por planta, de arriba hacia abajo. Para ello se utilizan herramientas como sierras, martillos y mazas. Se emplea principalmente en edificaciones donde no es posible ingresar con maquinaria pesada.
La demolición mecánica utiliza maquinaria pesada para derribar las estructuras de manera controlada. Entre los equipos empleados están las excavadoras hidráulicas, martillos hidráulicos, pulverizadores y bolas de derribo.
La demolición con explosivos consiste en una detonación mediante cargas explosivas puestas estratégicamente en la estructura para provocar un colapso controlado. Este método se utiliza principalmente en estructuras complejas.
Este procedimiento es el que se ha aplicado en La Guaira. Sin embargo, no necesariamente será el método utilizado en todas las edificaciones, ya que cada edificio debe ser inspeccionado y analizado para tomar una decisión.
Según el ingeniero civil y patólogo, Samuel Orsini, los edificios deben ser tratados como casos singulares, con métodos de inspección específicos y procedimientos a seguir particulares.
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que hay al menos 35 edificaciones más que deberían añadirse a la lista de 400 que indicó Garcés, que son consideradas para una demolición controlada. Terán también aseguró que las demoliciones se llevan a cabo bajo la normativa internacional.
En Venezuela, también existe el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un documento de 1973 que establece normas para garantizar la seguridad laboral. Entre ellas están el estudio de la estructura que será demolida y sus alrededores, la elaboración de planes de trabajo previos a la demolición, la desconexión de electricidad, gas, teléfonos y otros servicios básicos y la protección contra caídas.
El 31 de julio se llevó a cabo la demolición controlada del primer edificio de La Guaira: una de las torres del complejo urbanístico Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande.
Según el ministro de Interior, Diosdado Cabello, el proceso se realizó después de las debidas pruebas de seguridad. El perímetro fue acordonado y las personas que vivían cerca de la estructura fueron evacuadas. En el procedimiento participaron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, expertos en explosivos y bomberos.
Sin embargo, vecinos reportaron afectaciones en los edificios aledaños, específicamente en Los Delfines. La implosión de una de las torres del complejo urbanístico, perjudicó a las canchas y el estacionamiento de dicho edificio. Los vecinos pidieron a las autoridades buscar otras opciones para implosionar las estructuras deterioradas.
Francisco Garcés fue claro durante la última rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación: el país se encuentra en una segunda fase, que contempla inspecciones más detalladas en las edificaciones con etiqueta roja y etiqueta amarilla.
Garcés advirtió que tener una etiqueta roja no significa necesariamente que una estructura será demolida. Sin embargo, si se determina la necesidad de hacerlo, se aplicarán los protocolos necesarios para advertir a la comunidad cercana y evacuar el lugar.
También indicó que ninguna estructura será demolida si todavía hay familiares buscando a sus víctimas en los escombros. El de Cristian Verdú, un joven que perdió a su madre en el edificio Jurel, en Playa Grande, podría ser un caso en el que se aplica esta consideración.
Verdú ha estado buscando a su mamá desde el primer día, pero no ha podido encontrar su cuerpo. El grupo de Topos de México, comandado por Carlos Cienfuegos, ha hecho lo posible por dar con alguna señal de su madre, mas no han tenido suerte. Tienen contemplado retirarse del lugar el 11 de agosto, luego de dictar un curso de búsqueda y recuperación en el mismo edificio.
Cristian le contó al equipo de El Estímulo que las autoridades le aseguraron que no habrá ninguna demolición en el edificio Jurel hasta que halle a su mamá.
Otro edificio demolido fue el Samantha, en Playa Grande, el cual tenía programada una demolición controlada para principios de este mes y finalmente ocurrió el 7 de agosto. Los vecinos le contaron a El Estímulo que la mayoría de ellos no habían podido recuperar sus enseres de los apartamentos, y algunos aseguraron que todavía quedaban cuerpos bajo los escombros. ¿Aquí no aplica el mismo criterio?
Instituciones y organizaciones sin fines de lucro como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunciaron que algunos familiares todavía seguían buscando los restos de las víctimas que quedaron bajo los escombros en los túneles improvisados que realizaron los rescatistas.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza, también rechazó las demoliciones controladas que se realizaron en los edificios de Playa Grande, denunciando que esto es un «precedente alarmante de desamparo para todos los propietarios en el estado La Guaira».
«Exigimos a las autoridades paralizar de inmediato cualquier medida extrema de demolición hasta garantizar el rescate completo de posibles víctimas, la evaluación técnica transparente y la consulta previa con los propietarios», decía el comunicado.
Hideki “Kit” Miyamoto, el ingeniero estructural japonés-estadounidense, indicó que en Venezuela no hay maquinaria especializada para derribar los edificios con mayor altura y que para eso se necesita colaboración internacional.
«Cada uno requiere una experiencia y una técnica diferentes, y una maquinaria. Y este país, simplemente, no tiene la maquinaria para esto, especialmente para que podamos alcanzar los de mayor altura para derribarlos. No tenemos la maquinaria para poder cortar las columnas en pedazos, para que caigan con mayor facilidad», dijo Miyamoto en entrevista con El Estímulo.
En una reunión reciente en la que participaron Miyamoto y representantes de las facultades de Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, los docentes explicaron que aunque el Ejército o algunos cuerpos de seguridad estén formados para el manejo de explosivos, en el país no hay experiencia en demolición de edificios. En esa fase que ya comenzó también será necesaria la colaboración internacional.
El hospital de la Cruz Roja comenzó como un campamento en el estacionamiento del estadio el 25 de junio, ahora atiende entre 150 y 200 personas diarias de forma gratuita, incluyendo equipos de rescate y pacientes con enfermedades crónicas que quedaron sin acceso a medicamentos tras el terremoto
El reporte también señala que más de 128.000 familias han recibido atención, mientras continúan las labores de rescate
Durante seis días, Liz Marrero no pudo hacer nada más que llamar, esperar y prepararse para lo peor desde Los Ángeles. Su madre, hermana y cuñado fueron encontrados en los escombros del edificio Punta Piedra en Macuto. Ahora, a miles de kilómetros, está haciendo una campaña para no dejar desamparados a sus sobrinos
