En Venezuela, la palabra colectivo también define a las bandas armadas paramilitares vinculadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ejercen la violencia política, principalmente en las barriadas pobres y sus acciones van más allá de las amenazas.
“Si yo me quedaba en Venezuela, todos los días las amenazas de los colectivos se hacían más peligrosas”, explicó una víctima en su testimonio enviado a la Corte Penal Internacional. Así está registrado en un estudio del CDH de la UCAB sobre migrantes amenazados por colectivos.
Un estudio recientemente publicado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), identifica cómo uno de los factores que ha generado la gran migración de venezolanos a otros países es la persecución y las amenazas de los llamados: “colectivos armados” que son bandas civiles auspiciadas por el régimen político como organizaciones supuestamente dedicadas a la defensa de la revolución.
La intimidación de estos colectivos armados, como causa de solicitud de refugio, indica que las víctimas no sólo son personas identificadas como opositores políticos, sino que alcanzan a familiares, comerciantes y en general, víctimas de la extorsión de estos grupos. Los casos se han extendido en casi todas las regiones del país.
“El poder alcanzado por los colectivos armados, en cuanto fuerza paraestatal, les permite actuar con libertad e impunidad para someter a personas opositoras reales o presuntas. La falta de freno hacia los colectivos armados por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley pone a sus víctimas en una situación de gran vulnerabilidad que las conduce a salir del país” señala el informe “Temor colectivo. La intimidación de colectivos armados”, de junio de 2023, del CDH UCAB, realizado por un equipo de investigadores presidido Ligia Bolívar (coordinadora) y Carlos Rodríguez.
Además de los factores económicos, persecución política, búsqueda de mejores condiciones de vida, trabajo, etc., las amenazas de los colectivos tienen un peso importante en las razones para abandonar el país.
En al estudio se identificaron directamente casos de personas que hoy se encuentran como refugiadas o solicitantes de asilo en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Además, en informes de organizaciones internacionales como la Misión Internacional Independiente de establecimiento de hechos sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional, se observaron referencias a casos de persecución por colectivos que terminaron en la salida de las víctimas del país.
El informe se basa en el análisis de 25 casos ocurridos entre los años 2009 a 2021, algunos de los cuales involucran a grupos familiares completos que tuvieron que salir de Venezuela a causa de las amenazas y ataques por parte de colectivos armados. Por razones de seguridad y protección de datos personales se omitieron los detalles de identificación de las víctimas, así como referencias sobre la ubicación geográfica de los hechos.
El perfil de las víctimas incluyó a estudiantes de secundaria y universitarios, profesionales de diversas disciplinas, comerciantes y empresarios. En su mayoría se trata de hombres, aunque con frecuencia otros miembros de su familia fueron afectados por amenazas y otras acciones de los colectivos. Se conocieron casos de menores de edad sometidos a ataques de manera directa o en represalia por la actividad política de un familiar.
En los casos analizados las víctimas fueron objeto de acciones por parte de colectivos en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda, Monagas, Táchira, Zulia y Distrito Capital.
Las motivaciones de los colectivos han sido por razones políticas que encubren acciones delictivas. Aclara el estudio que estos colectivos armados no son organizaciones delictivas al estilo de las bandas del crimen organizado. La diferencia es que actúan bajo la protección de instancias gubernamentales, e invocan motivos ideológicos en su actuación y manifiestan rechazo a sus víctimas de diversas formas.
Más de la mitad de los casos estudiados corresponden a personas que fueron identificadas por primera vez como opositoras por participar en protestas. En ocasiones, esa participación no se limitaba a hacer presencia en marchas y otras actividades de la oposición, sino como promotores y organizadores. Varios de ellos tenían actividad en el movimiento estudiantil. La persecución a quienes participan en protestas se remonta a 2014 y otros años emblemáticos como las movilizaciones a favor del referéndum revocatorio de 2016, las protestas de 2017 y las acciones de respaldo al gobierno interino en 2019.
La expresión de críticas al gobierno por parte de comerciantes, productores y empresarios ha sido una razón para que individuos de estos sectores se conviertan en blanco de ataques que, por lo general, se traducen en extorsiones, robo de mercancías y violencia física contra sus comercios y lugares de trabajo.
Otro motivo para la acción violenta de los colectivos es la denuncia de sus prácticas de corrupción, la resistencia a la extorsión o la presión para sumarse a sus filas. También los comerciantes que no acepten “donar” una parte de su producción a los CLAP se han convertido en víctimas de estos grupos armados.
Los CLAP son los Comités del Partido de gobierno dedicados a racionar las cestas de productos básicos que llegan esporádicamente a familias pobres. Este es, junto con los devaluados pagos de bonos en bolivares, uno de los pocos programas sociales «compensatorios» del gobierno chavista.
Entre las modalidades documentadas de amedrentamiento se incluyen la detención de manifestantes por cuenta propia, o para entregarlos a los organismos de seguridad; golpes, agresiones verbales, amenazas, extorsión, secuestro, heridas por arma de fuego; destrucción o sustracción de pertenencias, ataques a viviendas o lugares de trabajo, tortura, simulacro de ejecución, desaparición, entre otras.
Las víctimas manifestaron haber sufrido patrones que indican acciones de presión gradual y creciente. En la medida en que una persona desatiende las advertencias, la presión aumenta, pasando de amenazas a agresiones físicas y otras medidas que hacen que se sientan vulnerables porque se presentan en su vivienda o trabajo, o los llaman por teléfono haciendo referencia a información personal como su dirección, el nombre de familiares, o el centro educativo donde estudian sus hijos, por ejemplo.
En una comunicación enviada a la Corte Penal Internacional por parte de una víctima en Venezuela, esta afirmó: “si yo me quedaba en Venezuela, todos los días las amenazas de los colectivos se hacían más peligrosas”.
Se registró el uso de grafitis amenazantes en la fachada de la vivienda o del lugar de trabajo de la víctima, a veces con mención de su nombre y vinculación política.
Considera el estudio que los grafitis van desarrollando una sensación de vulnerabilidad por la ubicación de espacios que se suponen seguros para cualquier persona, como su casa o su lugar de trabajo, y representa una identificación explícita de la víctima, que es de esta forma expuesta frente a la comunidad y las autoridades.
La presión sobre las persinas también se centra a través de amenazas o ataques a familiares, colegas o amigos, disparos o incursiones en la vivienda de la persona, donde atacan de manera oral y física a la víctima delante de su familia, con la intensión de quebrar su voluntad. Se conoció de un caso en el que un amigo de la víctima fue secuestrado y apareció con las piernas fracturadas, con un mensaje de que él sería el próximo.
Otra víctima recibió disparos en las piernas y estuvo un año sin poder caminar. Se tuvo información de diversos casos de personas que se escondieron o se mudaron y sus familiares, amigos o compañeros de trabajo fueron detenidos, golpeados o amenazados para que informaran sobre su paradero. Incluso después de haber salido del país, las familias siguen siendo objeto de presiones y amenazas; algunas también se vieron forzados a abandonar el país.
Si pagas no te agredimos
En casos de extorsión se le ofrece a la persona amenazada dejar de atacarle físicamente a cambio de una “contribución con la revolución”; sin embargo, tales contribuciones se convierten en exigencias permanentes y cada vez se va aumentando el monto de la “contribución”. El informe de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela recoge estos casos en los cuales: “Un gran número de formularios denuncian extorsiones por parte de autoridades estatales y colectivos”. Las víctimas que se negaron a este tipo de extorsión fueron objeto de ataques más severos, hasta verse obligadas a salir del país.
Ese tipo de extorsiones, no se trata de un delito común cometido por bandas criminales, sino de actos políticamente motivados con la intención deliberada de causar daño a un oponente real o supuesto. “La diferencia entre la extorsión común y la políticamente motivada se puede identificar por la existencia de un patrón que muestra que no se trata de una extorsión que surge de la nada, sino que ocurre en el contexto de un ataque político contra la persona. Otro indicador es que sus actos son dirigidos fundamentalmente contra los opositores” indica el estudio.
Colectivos como supervisores
Se observó en la investigación la actuación de colectivos, por su cuenta o en apoyo a autoridades, en acciones de control de precios, distribución de gasolina o de alimentos. “Cuando su actuación irregular en estas áreas provocó reclamos o denuncias de las personas, estas se convirtieron en blanco de ataques. Además, en el caso del control de precios o acceso a alimentos, los colectivos usan su poder armado para extorsionar a los comerciantes y productores, bien sea exigiéndoles una cuota de productos sin pagar o requiriendo una ‘colaboración con la revolución’ que generalmente se exige en dólares americanos y con cuotas crecientes y más frecuentes. La resistencia a estas extorsiones casi siempre resulta en destrucción de los productos, y ataques al lugar de trabajo y a sus empleados”.
La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, rechazó los actos de terror que producen estas guerrillas urbanas en zonas fronterizas con Colombia. Gómez señaló que el gobierno de Nicolás Maduro permite las acciones de estos grupos y que se ataquen las viviendas de dirigentes opositores a los que declaran “objetivo militar”.
Colombia "condena los actos de violencia, y en particular el ataque con armas de fuego contra un grupo de diputados que se preparaban para ingresar a la AN"
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) instó este viernes al gobierno de Estados Unidos a que declare grupo terrorista a los colectivos chavistas y no rechace el uso de la "fuerza en estos momentos críticos" en el país sudamericano.
