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Venezuela ocupa el quinto lugar como peor crisis mundial de largo plazo

La caída de las capacidades económicas, sociales y sanitarias del país, que se conocen internacionalmente como “Emergencia Humanitaria Compleja” se agudizaron a partir de 2013 con privaciones en los derechos a la salud, alimentación, educación, medios de vida, seguridad y acceso a servicios básicos. En este escenario crítico el gobierno de Maduro busca legitimarse internacionalmente, pero sus acciones radicales lo alejan de esa posibilidad

Venezuela ocupa el quinto lugar como peor crisis mundial de largo plazo

Montado sobre una de las más severas crisis política, institucionales y económicas que ha padecido Venezuela, Nicolás Maduro busca una vía para hacer posible la supervivencia del gobierno bajo su gestión, pero las acciones extremas que se ejecutan desde la cúpula, se contraponen a ese objetivo, como intentar legitimar al Parlamento con un proceso electoral.

El mismo Maduro pone las trabas para que un proceso como ese sea aceptado internacionalmente; que abra el camino a gran parte de los actores políticos que se le oponen y que convoque a la masa de venezolanos que hoy están padeciendo las consecuencias de sus políticas y que las ha empujado a una situación de extrema pobreza. Hasta el reciente informe de la ONU condenó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de elegir un nuevo ente electoral, sin la participación de la Asamblea nacional y el consenso de todos los sectores políticos.

Siete años de crisis

“Bajo la conducción de Maduro, desde 2013, comenzó una escalada violenta de los cuerpos policiales, militares y civiles armados contra manifestantes pacíficos y líderes políticos que han consolidado un sistema represivo causante de miles de detenciones arbitrarias, casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que persisten y siguen impunes”. Así lo precisa el reciente informe “Patrones de violaciones del derecho a la defensa de los derechos Humanos” elaborado en forma conjunta por 44 organizaciones de la sociedad civil venezolana de 15 estados que se dedican a la defensa de los DDHH en las diversas áreas.

Indica el informe que, como producto de la ausencia de Estado de Derecho, el control absoluto sobre las instituciones, la censura y el cierre de medios, la gran corrupción y la violencia política, en 2016 sobreviene una devastadora caída y crisis de las capacidades económicas, sociales y sanitarias del país, que por sus orígenes políticos se conoce internacionalmente como una “Emergencia Humanitaria Compleja” (EHC).

Hasta 2019, indica el estudio, el Estado venezolano acumulaba más de 1.500 observaciones de los sistemas de protección internacional para corregir o enmendar sus políticas ante el creciente deterioro de los derechos humanos, la mayoría emitidas entre 2011 y 2017 luego de su revisión en seis exámenes de tratados internacionales y dos ciclos del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (ONU).

En 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicó el informe sobre el considerable descenso de las garantías a los derechos humanos en Venezuela. Ese año el Consejo de Derechos Humanos dictó resolución en la que se dio mandato a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) para continuar el seguimiento a los derechos humanos en Venezuela.

“Debido a la prolongación de la Emergencia Humanitaria Compleja y a la falta de protección y asistencia humanitaria, Venezuela ocupa hoy el quinto lugar entre las crisis de largo plazo a nivel global más agravadas en los últimos 10  años. Desde 2018 es el país con el mayor éxodo de refugiados y migrantes de América Latina y el Caribe en su historia moderna y hasta ese año el país concentraba 33% de la población en pobreza extrema de la región, la cual seguía en ascenso por la profunda recesión económica. En 2020, la situación en Venezuela es considerada la cuarta crisis alimentaria del mundo y se encuentra entre los 20 países con las más bajas capacidades de seguridad y prestación sanitaria para prevenir, detectar y responder a brotes importantes de enfermedades infecciosas”, refiere el Informe.

La pandemia complica la crisis

El informe de las ONG destaca que con la llegada de la pandemia de la COVID-19, en marzo del año 2020, el gobierno decretó un “estado de alarma” y ordenó una “cuarentena social y colectiva” a nivel nacional, bajo controles centralizados y al mando de las fuerzas militares, policiales y otros agentes no estatales.

Con esta medida se suspendieron la mayoría de las actividades económicas y sociales y las reuniones públicas; se restringió el tránsito terrestre y aéreo, se bloqueó el paso entre municipios y ciudades; se limitó la circulación a ciertos horarios; se prohibió la venta de gasolina a particulares con excepción de algunos sectores; se dictaron toques de queda y se estableció un plan de emergencia sanitaria para reducir la transmisión del virus.

luis izquiel petare crisis

La situación en la pandemia ha exacerbado la precaria situación y crisis económica de millones de personas que perdieron sus medios de vida y cuyos ingresos son extremadamente insuficientes para comprar alimentos a precios dolarizados por una hiperinflación sostenida durante más de 3 años y la cual ha destruido el valor de la moneda nacional.

Por otra parte, un sistema de salud público gravemente afectado en sus capacidades para prestar servicios y con elevadas carencias de materiales, insumos, medicinas y equipos no garantiza atención adecuada a las personas afectadas por la COVID-19 ni a un gran número de personas que ya tenía muy poco acceso al sistema.

Adicionalmente, la falta de combustible y transporte, así como las fallas recurrentes de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones durante los meses de la pandemia han limitado aún más las labores humanitarias de las organizaciones nacionales e internacionales que protegen y asisten a un número significativo de grupos de población vulnerables.

En estas circunstancias de gran adversidad y pese a todos los esfuerzos internacionales para apoyar en la protección de la población venezolana, las violaciones de derechos humanos y los profundos impactos de la “Emergencia Humanitaria Compleja” persisten actualmente; así como la política de criminalización y represión contra las libertades civiles y políticas y la defensa de los derechos humanos, concluye el informe de las organizaciones de defensa de DDHH.

Los suicidios ponen otro alerta

Un amplio trabajo de investigación coordinado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en conjunto con investigadores en el área social y psicológica en Venezuela, alerta sobre el incremento de los suicidios en Venezuela a partir del año 2015, según el cual, las cifras de “muertes autoinfringidas” se han triplicado a partir de ese año.

El estudio considera que “el agravamiento de la crisis en Venezuela, caracterizada por el aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria, riesgo de muerte y retroceso de la sobrevivencia, incremento elevado de la hiperinflación, cierre de empresas, destrucción del empleo y caída de la producción nacional, aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, la migración forzada, entre otros, parecen ser factores de mayor peso que podrían explicar la tendencia al aumento de la tasa de suicidios en Venezuela. Son factores que han actuado como detonantes de los sentimientos negativos que llevaron a muchos venezolanos a tomar la lamentable decisión de quitarse la vida”.

“La depresión y la ansiedad, trastornos detonados por la crisis actual, son las principales causas presuntas de suicidios”, señalan. 59% de los casos estudiados en el estado Mérida tuvieron como móvil la depresión.

depresion crisis

Un dato que resalta el estudio de los equipos de investigación es que entre el primero de enero y el 29 de junio de este año, se han registrado 94 suicidios. La tendencia se disparó a partir de la crisis de abril con un salto de 14 a 36 casos en mayo. Entre estos casos destaca el de 4 niños en distintas regiones del país.

La psicóloga Yorelis Acosta, una de las investigadoras, sostiene que en algunas regiones, en las que ha asistido a familias o grupos afectados por situaciones de suicidio, se ha encontrado con inconvenientes en algunos organismos para acceder a la data de estos casos; por lo cual la cifra de estas muertes podrían ser superiores a las localizadas por los equipos de investigación.

Régimen no democrático

Desde 2016 hasta hoy, el gobierno nacional ha decretado 14 Estados de Excepción y Emergencia Económica continuos y sus respectivas prórrogas, con el aval del TSJ. Con esto impone un régimen no democrático al margen de las normas constitucionales y bloquea el funcionamiento de la Asamblea Nacional como Poder Legislativo, cuyos miembros, en su gran mayoría de oposición, fueron electos por voto popular para el período 2016-2021. Así lo recoge el informe de las ONG de los Derechos Humanos:

“Acumulamos dos décadas en un contexto de inestabilidad política, destrucción del Estado de Derecho y desmantelamiento de las instituciones democráticas que ha generado graves y múltiples violaciones de los derechos humanos”, señala el estudio.

En ese contexto de crisis y el desconocimiento de legitimidad como mandatario por gran parte de los países democráticos occidentales, Nicolás Maduro ordenó la expulsión del territorio a la embajadora de la Unión Europea, en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, como respuesta a las sanciones aplicadas a 11 funcionarios venezolanos por parte de ese organismo “por actuar en contra del funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional”.

embajadora UE

Igualmente, la Unión Europea los responsabilizó de haber creado obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como por graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión.

Con esta medida de expulsión de la representante de la UE, igualmente respaldada por la Asamblea Nacional Constituyente, se cierra aún más la posibilidad de regresar a un mecanismo de negociaciones entre gobierno y oposición, se bloquean más aún los mecanismos de colaboración y ayuda humanitaria a la pandemia y la crisis humanitaria, y se profundiza el aislamiento de Maduro e la búsqueda de legitimidad.

Los efectos de la expulsión de la representante de la UE fueron tan desfavorables para Maduro que su Cancillería se vio en la necesidad de dejar sin efecto la medida tomada el 29 de junio, con el propósito de “mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes pueden facilitar los caminos del diálogo político”.

Bloqueo electoral

Con las medidas que despojaron a Acción Democrática y a Primero Justicia de los símbolos del partido para adjudicárselos a líderes designados por el TSJ, así como lo hicieron con otras organizaciones anteriormente, más las inhabilitaciones o la expulsión de la representante de la UE, el gobierno parece querer frustrar y bloquear aún más las mermadas posibilidades de que los factores de oposición que hoy llaman a la abstención, pudieran eventualmente aceptar participar en el proceso para elegir el nuevo Parlamento.

De darse al menos algunas condiciones básicas para su participación, aún no teniendo todas las garantías que han exigido, podrían producirse gestos encaminados a distender la fuerte polarización que existe hoy.

Las acciones del gobierno de Maduro fueron duramente cuestionadas en el nuevo informe de la Comisión de DDHH de la ONU presentado por Michael Bachelet, del 15 de junio, que acaba de difundirse, en el que condenó las últimas decisiones del TSJ en materia electoral porque, a su juicio, “disminuyó la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, además de reportar otros elementos de crisis en el país.

En estas decisiones del TSJ se “nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de los principales partidos políticos de la oposición”. Y destaca que la tensión entre el régimen de Maduro y la oposición se ha agudizado y a pesar de los esfuerzos, no se han logrado hallar caminos para el entendimiento y alcanzar una solución negociada.

acusaciones

AFP

Dos extremos están en el escenario actual. El de Maduro que ha escogido el camino de la radicalización, aunque intenta mostrar un lado “legal” con la convocatoria a elecciones parlamentarias que le permita retomar el acceso al crédito internacional y recuperar parte de los recursos congelados o en litigios internacionales. En el otro extremo, opositores como María Corina Machado, Antonio Ledezma y líderes de otros grupos, no ven salida electoral y llaman a una intervención de países, apoyados en el TIAR.

En el bando opositor, quienes aún concentran el mayor apoyo popular, llaman a la abstención y a la lucha por elecciones libres incluyendo la presidencial. Y también está el grupo de partidos opositores de poca influencia, que se proponen participar.

Nuevas tendencias

En la opinión pública comienza a sentirse una fuerte corriente de importantes analistas, dirigentes políticos, instituciones privadas, organizaciones civiles y hasta la Iglesia Católica que están llamando a unificar a la oposición y a participar en el proceso electoral, aun con condiciones “no totalmente favorables”.

Este debate que seguramente se extenderá hasta las elecciones anunciadas para el mes de diciembre, podría cambiar el juego político con una agenda distinta a la que aspiran: tanto el gobierno de Maduro con una abstención masiva que le permita ganar el Parlamento, como la que sostiene que tarde o temprano habrá una salida de fuerza.

Piero Trepiccione cne crisis

La vía institucional

La mayoría de los venezolanos, según los estudios de opinión realizados en el últimos semestres, prefieren las vías institucionales como la del voto, la negociación o el diálogo, para dirimir este largo conflicto venezolano, frente a otras como el golpe militar o la fuerza internacional, según lo han reflejado los estudios de opinión de las más destacadas firmas del país.

Desde luego que el evento parlamentario no tiene la misma atracción para el votante que las presidenciales y suele presentarse una alta abstención en este tipo de procesos. Sin embargo, la polarización y el debate pueden llevar a la gente a pensar que allí puede dirimirse el conflicto país, que padece y afecta a toda la población.

En las encuestas actuales, la intención de participar en unas elecciones parlamentarias podría ser muy baja, a lo cual habría que añadir el llamado a la abstención y la pandemia. Este ambiente de no participar podría revertirse si se estableciera una elección global (presidente y parlamento) a la que aspira 80% del electorado. Pero ya el gobierno y sus voceros más importantes han negado esa opción. En este escenario, Maduro sigue registrando un escaso respaldo de 13% (Datanálisis).

 

Maduro crisis

Según los estudios de esta firma, tanto el partido de gobierno como los de oposición, cuentan con una baja identificación que apenas llega al 11%. Es decir, como señala Antonio Gil Yépez, directivo de Datanálisis, en el segmento “Muy dispuesto a votar” contarían solo con ese mismo porcentaje.

Si el gobierno de Maduro no produce cambios en las condiciones de vida de los venezolanos y las garantías electorales, la abstención en diciembre será muy alta, pese a las campañas de participación que puedan hacerse desde los distintos escenarios.

Por el lado opositor, aún llamando a la abstención, esta se daría, no por la conexión entre sus dirigentes y población, sino por las condiciones políticas y económicas que impera. Por lo cual, no podría considerarse un triunfo opositor sino por el contrario una manifestación de la desesperanza de la población que se registra en los estudios de los investigadores antes referidos y la falta de una opción viable de movilización presentada por una oposición unida.

De manera que no sería un triunfo de la abstención sino de la desesperanza del país.