TSJ admite decisión que destituye a alcaldesa opositora de Guasdualito

Lumay Barreto, alcaldesa opositora del municipio Páez en Guasdualito, distrito Alto Apure, aseguró este martes que «prácticamente» le están dando un «golpe de Estado», tras una decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la destituye por supuesto «abandono de cargo».

Barreto aseguró que el pasado 19 de febrero se trasladó a Caracas para asistir a una reunión con todos los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

«Estuve tres días en Caracas y tres días en Barquisimeto. Cuando regreso, me consigo que hicieron una reunión extraordinaria en el Consejo Municipal y me destituyeron por abandono de cargo (…) Hicieron un decreto y lo introdujeron al TSJ», dijo.

El TSJ admitió la decisión del Concejo Municipal de la localidad. En una decisión conocida este martes y firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez. Víctor Blanco, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), será el «alcalde encargado».

En ese acuerdo municipal se denunció que Barreto se ausentó de su cargo «sin el debido trámite», decisión que «habría conducido a la desatención de las competencias ejecutivas municipales», recoge la decisión tomada por el TSJ ayer pero dada a conocer hoy.

«No me han dejado gobernar»
Según Barreto, en el cargo quedó encargado el concejal Víctor Blanco. «Es algo que no tiene ningún asidero jurídico. Prácticamente me están dando un golpe de Estado», agregó durante una entrevista con César Miguel Rondón en Circuito Éxitos.

Recordó que, la misma ley, especifica que se necesita una ausencia de 90 días injustificados para decretar un abandono de cargo.

«Regaron basura por todo el pueblo (…) Aquí es una guerra campal todos los días desde que tomé posesión de la Alcaldía. No me han dejado hacer muchas obras. Aquí no me han dejado gobernar», sostuvo.

La Asociación de alcaldes de Venezuela expresó en un comunicado su «más contundente rechazo» a la «pretensión ilegal de destituir» a Barreto.

Esta organización «exige» al TSJ que revoque la «inconstitucional e ilegal medida cautelar» contra la exalcaladesa ya que «adolece de errores inexcusables en derecho y convierte a la Sala Constitucional en un juez ejecutor».

«Igualmente debe revocarse la admisión de semejante acción que, disfrazada de supuesto amparo para la protección de intereses difusos y colectivos, esconde lo que en realidad es un conflicto entre poderes municipales», señaló