¿Es una Asamblea Constituyente la solución al conflicto de Venezuela?

Luego de recoger las firmas para activar el proceso para revocar al actual gobierno, hay que ir a un proceso constituyente, afirmó el diputado Luis Florido, de VP.

“De todas todas, hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente para reformular al Estado venezolano, que nos haga pensar de nuevo en un pacto social donde no nos ocurra lo que nos acaba de ocurrir, que llegó un presidente muy carismático, que se gastó el dinero público, puso a una cantidad de delincuentes a manejar los dineros públicos y se los robaron, y estamos viviendo la peor crisis de la historia. La vacuna no es sólo sacarlos a través del voto, sino reformar el Estado”, dijo Florido.

El dirigente de Voluntad Popular dijo que también se trata de reformular los poderes públicos, pues estos forman parte de la acción política.

“El Tribunal Supremo de Justicia lleva 27 sentencias contra la Asamblea Nacional. Es una vergüenza, a esos jueces les va a pasar como los jueces de Fujimori que terminaron presos, simplemente porque sirvieron la mesa para la violación flagrante de la institución y para permitir que una dictadura se mantuviera allí”, afirmó Florido.

Históricamente la constituyente ha sido convocada para sortear escenarios similares de crisis políticas en nuestro país.

Desde 1810, cuando la invocamos para separarnos de España, hasta 1999 cuando Hugo Chávez hizo un traje a su medida que, luego quiso remendar en 2007, transcurrieron las diferentes experiencias de constituyentes utilizadas no sólo para su fin que es establecer un nuevo marco legal, sino además para recomponer el orden institucional y político del país.

Para la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León, una constituyente es la única opción constitucional que queda para terminar con el régimen chavista de Nicolás Maduro.

La situación es inaguantable para muchos venezolanos. No hay transigencia posible. La crisis social y económica golpea a los habitantes de uno de los países más ricos en materias primas del mundo.

El desequilibrio institucional por el cual atraviesa el país elimina de pleno el Artículo 2 de la Constitución Nacional, en el cual se define al Estado como democrático, social de derecho y de justicia. Desde el último período dictatorial de nuestra nación que finalizó en 1958, no habíamos visto el deterioro sostenido de las instituciones, entre ellas, quizá el pilar fundamental de todo país, la justicia, coinciden expertos.

No existen garantías procesales, y según el reconocimiento de instituciones internacionales como la ONU o Amnistía, Internacional, hay presos políticos o de conciencia. La propia garante de la legalidad, nuestra Carta Magna, es violada sin pudor por quienes ejercen instancias de poder.

El constituyente de 1999, Allan Brewer-Carías, en su escrito «Las características del Proceso Constituyente Venezolano de 1999 y su Fracaso como Instrumento de Conciliación Política», dice:

“En medio de la crisis terminal del sistema político de democracia centralizada de partidos que venía funcionando, y de los conflictos políticos originados por la falta de evolución del sistema, el proceso constituyente de 1999 no podría ni debía tener otra motivación distinta que no fuera la necesidad de recomponer el sistema democrático y asegurar su gobernabilidad”.

Esta reflexión pareciera estar más vigente que nunca, 17 años después de la promulgación de la constitución número 26 de Venezuela.

Para Brewer-Carías, esa fue la razón de ser del proceso constituyente de 1999 y “salvo algunas posiciones circunstanciales de carácter político, era difícil que alguien en el país no estuviera de acuerdo con esos propósitos”.

La ex magistrada Mármol de León, manifesta al respecto: “como el referéndum revocatorio está muerto por decreto del gobierno, eso no se va a dar, sólo nos queda lo que era una opción y ahora es una obligación, porque es lo único que nos queda”, haciendo referencia a una Asamblea Nacional Constituyente.

Aseguró que en Venezuela no existen instituciones, y colocó como ejemplo lo que ha venido haciendo el TSJ con las actuaciones de la Asamblea Nacional y también la respuesta del ente parlamentario de no acatar ninguna sentencia del máximo tribunal, “¿entonces cuál es la salida?”, se preguntó la jurista.

Mármol de León indicó que inclusive la propia Asamblea Nacional podría plantearse convocar a un proceso constituyente como está establecido en el texto constitucional, en el artículo 348 que habla de las iniciativas para convocarla mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.

Sin embargo expresó que, “esa idea no me gusta, que es la idea del historiador Agustín Blanco Muñoz. No me gusta porque la Asamblea Nacional Constituyente que nosotros necesitamos es la Asamblea Constituyente originaria, la de la gente, la que no tiene control de las autoridades constituidas, es una Asamblea que convoca a todos los sectores y todos participamos y que podría nombrar un gobierno de transición mientras se redacta la nueva constitución”, aseguró la ex magistrada.

– ¿Usted cree que este gobierno saldría por mandato de una Asamblea Nacional Constituyente originaria?

“No. Pero la Constitución los obliga. Ellos mismos se pusieron su guillotina, así como en la Constitución dice que el presidente no puede tener otra nacionalidad, así como dice sobre el referéndum revocatorio, que ahora nada de eso les conviene, así también está en la Constitución que el poder constituido no puede ir contra el constituyente. Entonces si el poder constituido en ese momento va a ir contra el poder constituyente, será la hora de ver si las Fuerzas Armadas nos apoyan o no, ese es el momento final”, afirmó Blanca Rosa Mármol de León.

Por otro lado, el también constituyente de 1999 José Gregorio Briceño, quien fuera partidario del chavismo y gobernador del estado Monagas, expresó estar de acuerdo con convocar tal iniciativa. Se pronuncia desde el exilio:

“Es perfectamente viable la constituyente originaria porque así se pueden sustituir todos los poderes. También se iban tener obstáculos pero no tenía ningún tiempo determinado, como el referéndum, que si no se hace este año, siguen con el poder los narcobandoleros”, Manifestó Briceño, para quien esa debió ser la ruta hace rato.

Aseguró tener lista una propuesta de enmienda constitucional hará llegar a la directiva de la Asamblea Nacional (de darse el caso), “con el objetivo de entregar a Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios y Pedro Carreño a la justicia norteamericana cuando caiga el gobierno. Es decir, la enmienda sería que se permita la extradición de los venezolanos que estén solicitados por narcotráfico”, dijo el “El Gato” Briceño.

Otro que formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, un doctor en Derecho Constitucional, es  Hermam Escarrá, una figura que ha ido y vuelto del chavismo.

Para este partidario de Nicolás Maduro, si los diferentes miembros de la sociedad venezolana no se logran poner de acuerdo en cómo resolver las diferencias que nos tienen sumidos en la actual crisis, el poder constituyente es la salida más clara para resolverlas.

“El poder constituyente no solo está dirigido a reformar, modificar en profundidad o sustituir la constitución, sino, también a modificar todo el ordenamiento jurídico y político, tal como lo expresa la propia constitución en sus normas finales”, indicó.

Dijo que en Venezuela había tres visiones de país, que llegaron a un punto donde no hay encuentro, y que por ello se abren las puertas del poder constituyente.

“Ciertamente hay una lucha entre una concepción neoliberal clásica y una concepción socialista comunitaria basada en una noción del estado comunal y una tercera posición en la que yo me encuentro, que es la de la constitución, que es la de hacer efectivo el estado social y democrático de derecho y de justicia», dijo.

«De tal manera que, estas tres concepciones se manifiestan, están de alguna manera pujando, en la realidad nacional y ante la crisis económica que deviene en una crisis política, obviamente luce natural que empiece a emerger el momento constituyente y que distintos intérpretes empiecen a señalar que probablemente ha llegado la hora de convocar a una situación más agravada, que no es enmienda, que no es reforma, sino que es Asamblea Constituyente, cuyo origen debe ser popular y su aprobación también debe ser popular”, aseveró Escarrá.

Este hombre que en algún momento instó a la sociedad venezolana a aplicar el artículo 350 de la Constitución (desobediencia civil) en contra del gobierno de Hugo Chávez, dijo que este mecanismo no sólo sirve para cambiar el ordenamiento jurídico del país, sino también para convocar a la unidad nacional.

Quiénes pueden convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 348 constitucional:

*El Presidente de la República en consejo de ministros.
*La Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes.
*Los consejos municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes.
* El 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.

El artículo 347 de la Constitución vigente en el país, reza: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Ni el Presidente de la República ni los demás poderes podrán desconocer al poder constituido. Así está establecido en el artículo 349 de la Carta Magna:

«El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente».