La devaluación de la democracia

La ruptura del orden constitucional no ocurre únicamente cuando se comete un golpe de estado contra un gobierno electo en las urnas. La democracia también se pierde cuando ese mismo gobierno -inicialmente electo por la mayoría- luego degenera en prácticas autoritarias y dictatoriales y no garantiza los derechos constitucionales, tales como el respeto a los derechos humanos, sometimiento al estado de derecho, elecciones oportunas y transparentes, consulta popular para evaluar la gestión de gobierno, independencia de los poderes públicos, transparencia en la administración del presupuesto, libertad de expresión, etc.

El gobierno socava la democracia cuando en cada proceso electoral ordena inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos opositores que pudieran resultar ganadores. Devalúa la democracia con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados de la oposición para lograr mayorías espurias, como se hizo en la anterior AN; y la hiere aún más con la anulación judicial de la elección de diputados que ya habían sido proclamados por la máxima autoridad electoral, como se hizo en la actual AN con los diputados indígenas para romper la mayoría calificada que había logrado la oposición en las parlamentarias del 6-D. La desnaturalización autoritaria del gobierno muestra otras arremetidas en el ensañamiento contra gobernadores y alcaldes democráticamente electos, quienes son acosados con citaciones que luego concluyen en su arbitraria destitución e inmediata sustitución a dedo por operadores del oficialismo.

La devaluación de la democracia se acelera cuando el oficialismo pierde el control de la AN y de inmediato pone en práctica una serie de  maniobras para despojarla de sus funciones constitucionales, las cuales son usurpadas por el TSJ. Cuando el gobierno controlaba la AN, cada vez que era derrotado en una elección de gobernadores o alcaldes, la mayoría oficialista aprobaba una la ley para vaciar de funciones a la institución perdida, así lo hizo con la Alcaldía Mayor de Caracas y con la Gobernación de Miranda. Luego de la derrota sufrida en las parlamentarias del 6-D, el gobierno ordenó a la AN todavía bajo su control, colonizar con magistrados pro-gobierno el TSJ, quienes tendrían la misión de vaciar de funciones a la nueva AN para evitar el control sobre el gobierno. Así, un TSJ subordinado al Poder Ejecutivo ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y se ha pronunciado a favor del gobierno en cada controversia por la interpretación de la Constitución.

Sin libertad económica no hay libertad política

Una sociedad no es realmente libre mientras no garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y esenciales. Cuando la vida cotidiana se vuelve un suplicio por los azotes de la escasez, el acaparamiento y la especulación; por la inflación y alto costo de la vida; por el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; por el colapso del sistema educativo y hospitalario; por los robos, secuestro, homicidios y demás atrocidades de la criminalidad; en tales condiciones, el gobierno de turno –aun cuando haya sido electo por mayoría- demuestra su incapacidad y el mismo pueblo que lo eligió lo puede revocar y cambiar.

Con frecuencia, la mala gestión gubernamental se origina en la corrupción y despilfarro de los presupuestos públicos; en el tráfico de influencias en el nombramiento de altos cargos que terminan en manos de incapaces y corruptos; en la colonización de los demás poderes públicos que no ejercen su debido control sobre la gestión gubernamental.

El ejercicio autoritario del poder genera un creciente malestar que se expresa en la intensificación del descontento y de las manifestaciones de calle, las cuales a su vez son reprimidas. Se criminaliza la crítica y recrudecen las persecuciones, allanamientos y encarcelamientos de quienes piensan diferente y protestan. Se desata una ola represiva que persigue y encarcela a dirigentes estudiantiles, sindicales y políticos opositores; se amedrenta a periodistas y medios de comunicación para que no informen la verdad; se autoriza el uso armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas; y, se llega al extremos con las recientes masacres en operativos de las OLP en las que se les dictó autos de detención a efectivos militares que participaron en la detención de las personas que luego fueron halladas muertas en fosas comunes.

Todos estos son indicadores de la pérdida de legitimidad de un gobierno originalmente electo en las urnas pero que al degenerar en prácticas autoritarias y represivas pone en entredicho su esencia democrática. El abuso de poder llega al extremo al decretar estados de excepción que suspenden las garantías constitucionales y erosionan los derechos democráticos de la ciudadanía. Cuando tantos excesos se cometen contra los derechos constitucionales de la ciudadanía ha llegado la hora de cambiar. Un gobierno así merece ser revocado por el mismo pueblo que lo eligió. Pero al cerrar las vías constitucionales, electorales y pacíficas para resolver la actual crisis, el gobierno tiende la alfombra a los violentos y abona el camino para las salidas militaristas y dictatoriales.

El complot de las instituciones colonizadas contra la democracia venezolana

Al someter a sus directrices al CNE, TSJ, CGR, FGR y BCV, el gobierno ha contravenido el principio básico de ‘la separación e independencia de los poderes públicos'». Una y otra vez el Poder Ejecutivo le ha solicitado en tono de instrucción al Poder Judicial, no que analice, sino que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Esta  subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo ha llegado al extremo de declarar en desacato a la AN para vaciarla de funciones y anularla en los hechos.

El CNE demoró más de lo debido revisando y anulando firmas hasta que finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del Referendo Revocatorio (RR) recolectaron más del 1% mínimo requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral validó el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin competencia en la materia luego lo anulan? De manera grotesca procedieron como una pandilla y al anunciar su exabrupto simultáneamente dejaron en evidencia que se trató de una operación planificada y ejecutada de manera concertada para impedir la recolección del 20% de las firmas y abortar así el RR.

Cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y Originario y negaron a la ciudadanía su derecho constitucional a evaluar a mitad de período la gestión gubernamental, tal como lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?