CNE deja a la oposición contra las cuerdas y al borde de la ilegalidad

Partidos de gran tradición pero de escasa votación como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Unión Republicana Democrática (URD), junto a fuerzas como Opinión Nacional (Opina ), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por mencionar a algunos, a duras penas sobrepasaban el uno por ciento del electorado y, si los números no les daban recurrían a la recolección de firmas en 12 estados y asunto arreglado.

En esos tiempos no había inconvenientes y la recolección de firmas no implicaba la adhesión militante ni un compromiso que debía certificarse personalmente, o hacerlo constar ante el viejo Consejo Supremo Electoral. Se podía firmar por uno o más partidos, para que éste o éstos recuperaran su condición de organización política nacional debidamente reconocida. Y se realizaba una auditoría aleatoria de firmas para darle curso al procedimiento .

Las cosas están cambiando. ¡Y de qué manera ! La nueva legislación de partidos políticos y manifestaciones establece básicamente lo mismo en cuanto a que los partidos que no obtuvieron el uno por ciento del electorado como votación en las últimas elecciones parlamentarias deben someterse al mismo procedimiento de recolección de firmas, solo que en esta oportunidad se establecen otras condiciones. Una de ellas es que el ciudadano que apoye la legalización o regularización de un partido no puede apoyar a otra organización. Y la otra condición es que la persona decidida a firmar debe hacerlo en los centros electorales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en las fechas y horarios fijados por el ente comicial.

Este proceso va a iniciarse el 18 de febrero y cada partido tendrá dos días para movilizar sus adherentes hasta los puntos electorales, que serán 390 en todo el país, que laborarán siete horas diarias. Y habrá una plataforma de autenticación biométrica. El tema es que se trata de 59 partidos políticos, entre ellos todos los de la oposición, a excepción del partido Puente, de Hiram Gaviria, y buena parte de los partidos del Gran Polo Patriótico, cuidado si todos, a excepción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Por cierto, ya el Partido Comunista ha adelantado que no va a acatar decisiones que obliguen a sus simpatizantes a acudir a registrarse en un punto establecido por el CNE. Veremos si lo cumple. Y el partido Redes, de Juan Barreto, no deja de quejarse amargamente por esta política que pone en peligro la existencia de la absoluta mayoría de los partidos políticos.

Hoy jueves el Consejo Nacional Electoral se reunirá con los representantes de los partidos políticos para exponerles en detalle el esquema de manifestación de adhesiones y aclarar cualquier duda. Se espera que sea una reunión difícil y tensa porque está en juego no solo la legalidad de los partidos políticos distintos al gobernante Psuv sino también las condiciones en las cuales se darían unas elecciones regionales y municipales que aun están en veremos.

El fantasma de Nicaragua merodea el ambiente político nacional. La oposición teme que el gobierno, con la «ayudaíta» del Consejo Nacional Electoral, repita con éxito lo ocurrido en el país centroamericano, donde el presidente Daniel Ortega obtuvo un cómodo triunfo electoral luego de que, tras volteretas judiciales, su principal rival fue despojado de su condición de líder del primer partido opositor.

El Psuv tiene claro su juego: ponérsela difícil a la oposición y consolidarse como fuerza hegemónica «como sea». La coloca en la disyuntiva de participar o no bajos esas condiciones en el proceso de actualización partidista, asumiendo el riesgo de que la tarjeta de la MUD sea inhabilitada por el supuesto fraude en Amazonas- nunca demostrado. O dejándole como opción la inscripción de sus candidatos con la tarjeta de PUENTE o de otras siglas legales.

Este escenario es muy complejo para los integrantes de la MUD. Si aceptan ir a la verificación de firmas bajo las reglas establecidas muchos de los partidos que la integran morirán en el intento. Si deciden no hacerlo se colocan al margen de la legalidad.

¿Imaginan ustedes unas elecciones de alcaldes y gobernadores sin las principales figuras y organizaciones opositoras y con » adversarios» a la medida del gobierno? Es una posibilidad que no se puede descartar. Venezuela es el país de lo posible.

Lo que luce improbable es que hoy el Consejo Nacional Electoral flexibilice el plan establecido para renovar la nómina de los partidos políticos. Vamos hacia un esquema en el cual la oposición verá reducidos sus espacios para la lucha electoral. Solo una negociación política integral pudiera abrir camino a un acuerdo en el cual se resuelva el conflicto entre poderes. El problema es que la oposición, por las experiencias ya vividas, no cree viable el diálogo, y el gobierno no quiere contarse sin estar seguro de que saldrá airoso de cualquier contienda electoral que se avecine. El juego sigue trancado.