Renovación de partidos... o cómo aliados al gobierno creen que se violan derechos políticos

En un hecho poco frecuente en estos tiempos de “revolución”, oposición y aliados al oficialismo coincidieron en rechazar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de llevar adelante la renovación de los partidos, así como la interpretación que hiciera el TSJ sobre la que se justifica el Poder Electoral.

Lo que sí representa algo normal son los caminos elegidos por unos y otros para asumir y afrontar esta negativa al proceso, los cuales son diametralmente distintos.

Los opositores, que en su mayoría decidieron acudir, resaltan aspectos como la insuficiencia de máquinas, la distribución de los puntos, que consideran no es acorde a la densidad poblacional, el horario restringido o que no se aplique aquello del último de la cola, es decir, aspectos de carácter técnico. Los llamados “revolucionarios”, por el contrario, enfilan sus argumentos contra el proceso hacia la participación política y cómo estaría vulnerándose este derecho por parte del CNE. Un derecho presente en la Constitución en más de 130 artículos.

Uno de ellos, el 62, establece que:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Y el artículo 52 que “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.” Mientras que, el artículo 67 establece como derecho político que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección…”, solo por mencionar tres.

Para miembros del PCV como Carlos Aquino, es un “tema de principios”. Sostienen que no se trata de un problema logístico o de movilización, pues aseguran, cuentan con más del 0,5 % del Registro Electoral en varios estados.

Para ellos se trata de cómo se pretende, por parte del CNE, que se entregue la data de la militancia y además, que se le exija a las personas no solo simpatizar con una organización política sino que ahora tenga que militar en ella.

Un punto que la dirigencia opositora ha pasado por alto en su discurso. Para ellos, se trata de “manifestaciones de voluntad”.

Otro que comulga con el argumento del PCV, es el diputado Eustoquio Contreras del Frente Bolivariano Alternativo (FBA), para quien este proceso de renovación representa «un duro golpe a la institucionalidad democrática». Incluso, lo califica de “salvajismo político”.

El hecho de contar con un sistema biométrico es, a juicio del PCV y del FBA, discriminatorio y niega la participación política.

No solo rechazan el proceso sino que piden la nulidad del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, reformada en 2010 por una Asamblea Nacional de mayoría oficialista (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010).

Este artículo establece que:

“Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso del año en que comience cada período constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%) en la forma señalada en esta Ley para su constitución.

Parágrafo Único: Los partidos que hubieren obtenido en las elecciones nacionales correspondientes el uno por ciento (1%) de los votos emitidos, sólo tendrán que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada, por el respectivo organismo electoral. Esta norma se aplicará igualmente para los partidos regionales”. 

¿Tienen sustentos estás denuncias?

El CNE dispuso que la renovación de nóminas de los partidos políticos consta de un proceso en el que la persona debe firmar por una sola organización, es decir, la persona debe decidir a cuál partido le otorga su rúbrica. Además, no sólo firmará sino que debe colocar una serie de datos personales que serán públicos.

Por lo que cualquiera podrá saber por cuál partido firmó una persona determinada.

Lo público de esta data también servirá para el periodo de impugnaciones que abrirá el CNE y que durará 30 de los 79 días del proceso.

Ante esto, el PCV recuerda que ha sido un partido «históricamente perseguido» y por ello, «no entregarán a su militancia». Contreras, en la misma línea, sostiene que «no entregarán su data al enemigo».

Fuentes de estos partidos agregan que existen muchos disidentes del PSUV que «estarían en riesgo si se sabe que militan en estos partidos y no en el oficial».

En lo que resulta un proceso inédito por la forma en que se está realizando y las reacciones que está generando, la renovación de partidos no sólo está abriendo una grieta, que parece agrandarse día a día, entre los factores que conforman el llamado Gran Polo Patriótico sino que deja en evidencia lo frágil de un sistema que pudiera quedarse sin organizaciones políticas según los intereses de quien gobierne.

Mucho menos deja de resaltar la base argumentativa de los distintos actores respondiendo, claro, a sus intereses.

Este proceso deja no sólo dudas sino muchas aristas a tomar en cuenta. Es una historia que no parece tener un final cerca.