Al calor de la confrontación de poderes que tiene lugar en Venezuela, se ha invocado la aplicación de estos artículos de la Carta Democrática, lo cual implica que el Secretario General de la OEA o un Estado miembro pidan la convocatoria del Consejo Permanente para verificar la "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Diversos sectores de la oposición han planteado aplicarle a Venezuela la Carta Democrática. Este documento contiene los principios rectores que rigen a los 34 estados miembros de la OEA y fue aprobado en Perú por los cancilleres el 11 de septiembre de 2001. El artículo 3 señala:
“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
Por su parte, el artículo 20 señala que:
«En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente».
Al calor de la confrontación de poderes que tiene lugar en Venezuela, se ha invocado la aplicación de estos artículos de la Carta Democrática, lo cual implica que el Secretario General de la OEA o un Estado miembro pidan la convocatoria del Consejo Permanente para verificar la «alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
La nomenklatura burocrática enquistada en el poder, cada vez que pierde una elección y el control de alguna institución (Alcaldía Mayor, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional) inmediatamente procede a despojarla de sus funciones constitucionales y legales, las cuales pasan a ser ejercidas directamente por el Gobierno. Cuando el Poder Ejecutivo contaba con el respaldo de la mayoría en la Asamblea Nacional, daba una orden para que se aprobara la ley que vaciaba de funciones a la institución perdida. Pero luego de la derrota sufrida en las parlamentarias del 6-D, el Gobierno ordenó a la moribunda Asamblea Nacional todavía bajo su control, colonizar con magistrados pro-gobierno el TSJ, quienes tendrían la misión de declarar la inconstitucionalidad de las decisiones del Poder Legislativo que no convengan al Poder Ejecutivo.
En consecuencia, el Gobierno de Venezuela, al someter y subordinar a sus directrices al CNE, TSJ y BCV ha contravenido el principio básico de «la separación e independencia de los poderes públicos». De hecho, varias veces el Poder Ejecutivo le ha solicitado al Poder Judicial, no que analice, sino que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Y así lo hizo con la Ley del BCV, la Ley de Vivienda y la Ley de Amnistía, entre otras.
La subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo ha facilitado que el Gobierno limite y anule a la Asamblea Nacional. Por eso, la oposición plantea que el Consejo Permanente de la OEA intervenga ante el desconocimiento de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. El procedimiento en este caso sería que una comisión de la OEA visite el país para redactar un informe, pero para hacer esto tendría que tener la autorización del propio Gobierno venezolano.
– ¿Consecuencias de activar la Carta Democrática? –
Son pocas las referencias que se tienen de los casos en los que se aplicó o debió aplicarse la Carta Democrática de la OEA. En el golpe de estado en Honduras encabezado por Roberto Micheletti en contra del presidente constitucional Manuel Zelaya, se decidió la expulsión de Honduras del sistema interamericano, por lo cual perdió los derechos de participación en la OEA, incluyendo las ayudas financieras del Banco Interamericano y Banco Mundial. Años antes, en abril de 2002, con el golpe encabezado por Carmona Estanga que derrocó al presidente constitucional Hugo Chávez, la Carta Democrática no fue activada porque el golpe duró menos de 48 horas y Chávez volvió al poder inmediatamente.
Una vez que se solicite la aplicación de la Carta Democrática, los estados miembros deberán pronunciarse en la Asamblea General o en la consulta a los cancilleres si aplicarán al país en cuestión los principios allí contemplados. Su aplicación implica la suspensión en la OEA y el aislamiento internacional del país sancionado. Luego de las derrotas en Bolivia, Argentina y Brasil, el debilitamiento de los movimientos políticos latinoamericanos solidarios con el gobierno venezolano, crean viento a favor de la aplicación de la Carta Democrática.
La nomenklatura burocrática que se aferra al poder ha puesto en entredicho la vigencia del marco legal e institucional venezolanos. Los voceros del oficialismo se empeñan en una retórica hueca y hacen gárgaras con las palabras “pueblo”, “revolución”, “socialismo”, “patria”, “antiimperialismo” que en su boca ya no tienen resonancia ni movilizan al pueblo. Levantan las banderas de la izquierda y el socialismo pero han sometido a la mayoría de la población a las penurias propias de los programas de shock impuestos por el FMI, sin haber aplicado ni siquiera un programa básico de estabilización económica que reactive el aparato productivo y poca freno a la escasez, especulación e inflación que azota a toda la población.
El ciudadano de a pie no cree en la narrativa de la guerra económica. Los venezolanos no se sienten una “amenaza inusual y extraordinaria” pero entienden que el gobierno de Maduro sigue siendo una molestia para el gobierno de los EEUU, el cual contempla desde la tribuna como la inacción del gobierno venezolano acelera el deterioro de la economía, genera un creciente descontento y va minando las bases de apoyo social que finalmente provocarán su implosión, sin necesidad de activar la Carta Democrática de la OEA que facilite una intervención militar de Washington y sus aliados. Con su inercia, voluntarismo, improvisación, burocratismo, ineficiencia y corrupción este gobierno pseudo-revolucionario está cavando su propia fosa y le está tendiendo la alfombra al fascismo y al neoliberalismo más salvaje. Ojalá me equivoque.
@victoralvarezr
Jesús Alemán, Nixon Leal y Luis de la Sotta hablaron en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, ante un panel de expertos por la presentación del tercer informe sobre "crímenes de lesa humanidad" en Venezuela. Estos son sus testimonios
Al encuentro asistirán ocho víctimas de crímenes de lesa humanidad, quienes darán su testimonio ante el Panel de Expertos de la OEA y también organizaciones que trabajan en la búsqueda de justicia para estas personas
El Panel de Expertos de la OEA destaca la existencia de un patrón por parte del Estado venezolano de perseguir a personas que forman parte del entorno de los líderes de la oposición
