¿Que dejó la deportación masiva de colombianos en la frontera?

A pesar que en el edifico de la aduana principal de San Antonio del Táchira -una de las mayores puertas de entrada terrestres de Venezuela- se erige una enorme pancarta que dice «en esta aduana no se habla mal de Chávez”, pocos de los que por allí transitan hacen caso a la recomendación. No escuchar críticas en contra del gobierno del fallecido ex presidente, Hugo Chávez, es tan difícil como no oírlas de la actual administración gubernamental.

Opiniones van y vienen pero todos coinciden en decir que la situación en frontera está grave y de cuidado intensivo.

“Nada es igual después del cierre. La situación acá es peor que cuando vino la OLP, la delincuencia ha aumentado y no hay trabajo, las familias no terminamos de unirnos porque mis hijos no han podido regresar a Venezuela y los pocos alimentos que se consiguen son demasiado costosos y ahora se come menos”, dijo una vecina del conocido sector de “La Invasión” a El Estímulo.

Desde agosto de 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro, decretó el cierre de la frontera y el estado de excepción en los municipios del Táchira con Colombia, luego de un presunto atentado en contra de militares venezolanos y un civil, San Antonio fue tomada por la Operación Liberación del Pueblo (OLP).

Así se designan a los cuestionadas redadas ejecutadas por el ejército y policías que el año pasado estuvieron inmersas en dos sonadas masacres y más de 800 personas abatidas que, en algunos casos, la ONG Provea califica de ajusticiamientos.

Miles de hombres pertenecientes a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y componentes militares se tomaron la zona fronteriza para erradicar la criminalidad (grupos paramilitares) y el contrabando de mercancías hacia Colombia que, según el presidente venezolano, eran los responsables del desabastecimiento de alimentos, medinas y de la inseguridad fronteriza.

Los barrios Ernesto «Ché» Guevara, Hugo Chávez y Ezequiel Zamora que conforman la llamada “Invasión”, recibieron el mayor peso de las fuerzas militares y de seguridad. Más de 2.000 colombianos que se encontraban de manera ilegal en ese territorio fueron deportados en cuestión de horas a su país de origen. Esta expulsión generó el airado reclamo de Colombia y de organismos de las Naciones Unidas.

La situación de zozobra e inseguridad que vivían los habitantes de San Antonio, prometía acabarse, pero pasados 19 meses ¿Qué tan positivo fue para la población la intervención de las OLP?

“Aquí la ley del silencio y la del más fuerte es la que existe. Nadie puede hablar, ni decir lo que está sucediendo. Yo corro peligro si se enteran que le estoy dando esta entrevista a usted, aquí tenemos que ser como Shakira: ciegos, sordos y mudos…”, comentó apretándose las manos con nerviosismo una vecina de Ezequiel Zamora.

Llegar a las barriadas que componen «La Invasión» no es difícil. Lo complicado es penetrarlas, a nadie que no sea de la zona se le recomienda ingresar a ella a menos que vaya acompañado de miembros de la comunidad.

Un equipo de reporteros de El Estímulo contó con el apoyo de vecinos para realizar una visita detallada en el lugar. Mientras la caminata avanzaba y se conversaba con los lugareños, extraños acontecimientos empiezan a suceder. La sensación de ser vigilado se  apodera una vez se llega al punto desde donde se divisa la línea limítrofe que une a Táchira con el departamento Norte de Santander en Colombia, en las riberas del río Táchira.

Sin avisar, aparece un hombre de mediana edad y corpulento de la puerta de un rancho que -solo con la mirada -anunció que las cosas no iban bien. Pitos y silbidos empezaron a escucharse en el lugar, momento en que el guía de la comunidad alertó que había que escapar del lugar.

Como si se estuviera en medio de una persecución, una estampida no se hizo esperar. No se sabe con precisión si fue correcta la decisión de tomar una trocha inundada de barro que llevó a los reporteros a la entrada de la barriada, siempre acompañados por un rosario de oraciones recitadas mentalmente en unos minutos que se hicieron eternos.

Como avispas, motorizados aparecían en cada esquina del recorrido en tono amenazante, asegurándose la salida de vecinos y visitantes de la zona.

“A uno le da tristeza lo que está pasando en el país pero hay que callar porque si voy y denuncio hoy, ya mañana amanezco muerta…ya han pasado casos en San Antonio, así. La gente hace denuncias a los cuerpos de seguridad y de manera mágica aparecen jodidas después, por eso hay temor en el pueblo”, aseguró uno de los acompañantes al recorrido que prefirió omitir su nombre.

Un vecino de la localidad advierte que un comentario puede salir caro en la frontera: “el que menos uno se imagina es informante de los grupos armados o de los cuerpos de seguridad. Nací en Venezuela y me crié en este pueblo, respetaba y admiraba a las fuerzas armadas, hoy los miró con tristeza al ver cómo están acabando con el país”.

El contrabando aumentó y se diversifica

Las calles sin asfaltar, los ranchos solitarios y la presencia de motorizados son comunes en la comunidad que a simple vista se muestra tranquila. Pero la zona es un epicentro de inseguridad y del paso de contrabando hacía Colombia, según denuncian sus habitantes.

“Por esta zona solo hay 14 trochas. En la parte baja de San Antonio se consiguen más y en Ureña hay otras. De domingo a domingo lo que no se puede pasar por la aduana se pasa por ahí…hasta carros”, narró María, una vecina de la comunidad que pidió cuidar su identidad.

A pesar de lo deterioradas que están las vías, las estrechas calles de La invasión se convierten por las noches en una especie de autopista en donde el rugir de los automotores no cesa hasta el amanecer. Los vecinos tienen una respuesta a la pregunta obvia: por qué si las trochas están militarizadas, la mercancía y los carros pasan con facilidad a Colombia. Es “con la ayuda de ellos, (de los militares) de qué otra manera”, dicen.

Alejandro García, alcalde del municipio fronterizo Pedro María Ureña, denunció a El Estímulo que de mal a peor se muestra la población luego de la aplicación de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en la frontera.

Aseguró que los funcionarios enviados por el Gobierno para combatir el contrabando y las bandas criminales a la frontera “están permitiendo que todo esto suceda en mayor cuantía. Muchos de estos funcionarios son comprados por las bandas que operan en los caminos verdes, convirtiéndose en participantes del festín”, apuntó

“La violencia y los grupos subversivos han aumentado y ahora no solo se habla de paramilitares, también hay guerrilla del ELN, en la zona norte de Ureña, hacia las aldeas La Mulata, El Palmar y Potreritos, por donde libremente transitan a pesar de la presencia de más de 1.000 soldados del Ejército Venezolano en la zona”, precisó.

La extorsión y el cobro de la llamada vacuna se incrementaron, a pesar de la presencia en la zona de un grupo antiextorsión y secuestro del Estado, recordó García. También denunció que conoce casos de empresario y comerciantes de Ureña, a los que les han hecho vender los vehículos u otras propiedades para pagar a los irregulares.

“A veces tienen que hacer traspasos de sus bienes a terceras personas involucradas en las mafias como parte de pago de la extorsión”.

El contrabando en la frontera, explicó el burgomaestre, se ha diversificado y las modalidades que comúnmente se conocían han variado. Ya no solo son alimentos los que transitan libremente por los caminos verdes. La presencia en las calles de Cúcuta de vehículos venezolanos de los años 2016 y 2017, muestra otro ‘modus operandi’ de los contrabandistas.

“Están permitiendo tanto las autoridades venezolanas como las colombianas el paso de carros por los caminos verdes porque el tránsito vehicular por los puentes permanece cerrado desde agosto de 2015”, puntualizó García.

¿Matan para comer?

“La delincuencia está en las mismas filas de los organismos de seguridad. Las bandas criminales y los contrabandistas siempre han existido en la frontera pero ahorita es peor porque quien necesita dinero para comer se ha volcado a robar, prostituirse o matar”, comenta angustiada una habitante de la frontera que pidió resguardar su nombre.

El desplazamiento en masas de venezolanos por la escasez desde el centro y oriente del país hacía los municipios de la frontera tachirense es otro problema. La mayoría lo hace en busca de una mejor calidad de vida para garantizar los alimentos que faltan en el interior de Venezuela.

“En Caracas, Maracay, Maturín es muy difícil conseguir alimentos, lo poco que hay subsidiado por el Gobierno no alcanza a llegar a la población. En los mercados populares se consiguen algunas cosas pero hay que repagarlas dos o tres veces por encima del precio real”, explicó Juan quien vino desde Maracay a trabajar en San Antonio.

Al recorrer el puente internacional Simón Bolívar se observa gran cantidad de venezolanos (se reconocen por el acento de la voz) vendiendo desde agua panela, chocolates hasta maquillaje, personas venidas de diferentes partes del país que han buscado asentarse en la frontera para tener acceso al menos a tres comidas diarias en el mejor de los casos.

“No todo el que llega lo hace para ganarse la vida honestamente. Los atracos a plena luz del día, robo a viviendas y micro tráfico es la nueva modalidad de delinquir con la llegada de oleadas de personas del centro del país. En el pueblo se ven caras nuevas, mucho joven sin un oficio definido se pasea por el pueblo, roban, atracan y algunos se unen a las bandas criminales y hasta sirven para operaciones de gariteo”, denunció José Rozo, empresario de San Antonio del Táchira y ex presidente de Fedecamaras Táchira.

“Hay bandas armadas venidas de Caracas, los llaman ‘los caraqueños’ que hacen y deshacen en el pueblo”, agregó.

También preocupa a los lugareños la difusión de panfletos, amenazando no solo a los pobladores, sino también a altos funcionarios de los cuerpos de seguridad en la población de San Antonio.

Advierten a los ciudadanos que no deben permanecer luego de las 10 de la noche en la calle, porque “no responden por la gente sana”.

“La frontera está más insegura que antes. La seguridad en cualquier espacio se debe dar enmarcada para el desarrollo y la frontera está huérfana de seguridad y desarrollo”, coincide con el resto de los entrevistado José Rozo.